Isabel Obiols, El País
Un mínimo de 367.000 personas fueron hechas prisioneras de guerra e internadas en campos de concentración por el Ejército de Franco entre 1936 y 1939. Son las primeras conclusiones de un estudio del historiador Javier Rodrigo presentado en el congreso Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la Guerra Civil y el franquismo, inaugurado ayer en Barcelona. A pesar de las intenciones del ejército insurgente, la improvisación reinó en el establecimiento de una red homogénea de campos: las causas fueron el exceso de presos y el avance de la guerra.
El estudio de los pormenores de los campos de concentración durante la Guerra Civil y el franquismo sigue siendo una tarea complicada. Javier Rodrigo, del Instituto Universitario Europeo de Florencia, autor de la ponencia Campos en tiempos de guerra. Historia del mundo concentracionario franquista, ha establecido en 104 el número de campos más o menos estables por su duración y función dentro del entramado represivo franquista entre 1936 y 1939. Sin embargo, el historiador advierte de que esta cifra puede elevarse hasta 150 si se tienen en cuenta los centros divisionarios inestables y los centros de evacuación.
En cuanto al número de personas que pasaron por los campos de concentración durante los años de la Guerra Civil -el sistema de campos se prolongó hasta 1942, y los batallones de trabajadores, hasta mediados los años cincuenta-, Rodrigo los ha cifrado en un mínimo de 367.000, que pueden llegar hasta el medio millón si se suman los 140.000 prisioneros hechos durante la ofensiva de la victoria, contabilizados por Alberto Reig Tapia.
A pesar de que el Ejército franquista pretendió crear una red estable y coherente de campos, no lo consiguió, según Rodrigo. Las causas están en la cantidad ingente de presos de guerra y la misma realidad bélica, que supuso 'la victoria de la improvisación, el triunfo de lo funcionalista frente a las intenciones totalitarias'.
Algunos datos aportados por Rodrigo acerca del hacinamiento de algunos campos son ilustrativos. En julio de 1938, por ejemplo, en La Magdalena (Santander) se contaban 1.600 presos, un 266,6% por encima de su capacidad. En Miranda de Ebro eran 2.810 presos, más de un 234% por encima de su capacidad. Y así en la mayoría de los campos de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP), creada en julio de 1937 bajo la dependencia de facto, según Rodrigo, del cuartel general de Francisco Franco. La propia ICCP llegó a recomendar el cierre de nueve campos por falta de agua y letrinas.
Función represiva
Pero esta realidad de 'colapso administrativo' no impidió que los campos cumplieran con su función represiva y que en ellos se dejaran sentir 'las tendencias de grado totalitario en el trato a los prisioneros de guerra'. Fue sobre todo en los años 1938 y 1939, según Rodrigo: 'No sólo por las pruebas que de ello nos dan la inquietante presencia de agentes de la Gestapo en San Pedro de la Cardeña o las demenciales investigaciones sobre psiquismo marxista y la pureza de la raza hispánica del Gabinete de Investigaciones Psicológicas de Vallejo-Nágera, sino también por el endurecimiento de las condiciones de vida en los campos, el mantenimiento a veces indefinido del internamiento, y por la articulación de programas de reeducación ideológica, moral y religiosa sobre los prisioneros', según el historiador, que ofrece parte de sus trabajos en la página web www.riomon.com.
El congreso, que se clausura mañana en el Museo de Historia de Cataluña, ha recibido más de 70 comunicaciones de historiadores. Ayer intervinieron también la filóloga María Campillo (Universidad Autónoma de Barcelona, UAB), con una ponencia sobre la literatura concentracionaria, y el historiador Francesc Vilanova (UAB), quien rastreó las huellas de los miles de refugiados españoles en Francia que, tras la Guerra Civil, se vieron prácticamente forzados a entrar a trabajar en batallones y terminaron internados en los campos nazis 'con el silencio cómplice criminal' de las autoridades del régimen franquista.
La sesión inaugural, a cargo del historiador de la Universidad de Perpiñán Michel Leiberich, se convirtió en una llamada a la responsabilidad compartida de historiadores, creadores de opinión y políticos a la hora de dar a conocer, sin exclusiones, la verdad sobre los campos de concentración: 'Es urgente y necesario para evitar los tics de totalitarismo que pueden aparecer en cualquier sistema democrático'. El historiador subrayó que 'las dictaduras, los totalitarismos y los periodos oscuros no pueden desaparecer ahogados en transiciones amnésicas', y apeló a transformar el resultado de las investigaciones de los historiadores en 'armas eficaces contra las corrientes totalitarias y antidemocráticas'.