Human Rights Watch
La Presidencia española de la UE debe prestar atención a los derechos de los inmigrantes

En un informe de 35 páginas titulado "La otra cara de las islas Canarias: Violación de los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo", Human Rights Watch denuncia la existencia de unas condiciones de detención que no respetan las normas legales, así como de unos inadecuados derechos procesales aplicados a los inmigrantes y solicitantes de asilo a su llegada a las islas españolas de Fuerteventura y Lanzarote.
Human Rights Watch afirma que esas condiciones no están de acuerdo con la normativa establecida por la legislación española y el derecho internacional y deberían ser origen de una mejora en el tratamiento dado a los inmigrantes en España y en toda Europa.
Los centros de detención de Fuerteventura y de Lanzarote son una respuesta expeditiva al enorme aumento del número de inmigrantes que está llegando a las islas Canarias durante los últimos años. El número de inmigrantes clandestinos detenidos a su llegada a las islas Canarias ha aumentado de manera significativa, pasando de 2.241 en 2000 a 4.035 en 2001. Según las cifras más recientes, se espera que la cifra de inmigrantes sea todavía superior en el año 2002. Solamente durante el mes de enero de 2002 se registró un total de quinientas personas llegadas de esa manera. Los inmigrantes proceden de África del Norte, principalmente de Marruecos y del Sahara occidental, así como de países del África subsahariana como Camerún, Congo, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.
"España tiene que hacer frente a un auténtico reto en las islas Canarias", ha señalado Elizabeth Andersen, directora ejecutiva de la división para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "Sin embargo, la solución no se logra encerrando a las personas en unas condiciones tan lamentables. El control de la inmigración debe realizarse simultáneamente a la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes".
La investigación realizada por Human Rights Watch a finales de 2001 se basa en una serie de entrevistas hechas a unos treinta inmigrantes retenidos en centros de detención, así como a abogados, médicos, organizaciones de ayuda a los inmigrantes y representantes de las autoridades públicas al tanto de la situación existente.
En el informe de Human Rights Watch se describen las condiciones de detención de los inmigrantes y solicitantes de asilo retenidos en dos viejas y hacinadas instalaciones aeroportuarias de Fuerteventura y Lanzarote. En algunos momentos, son más de quinientos los inmigrantes detenidos en una superficie que, según la Cruz Roja española, sería sólo válida para unas cincuenta personas. Allí se aísla a los detenidos del resto del mundo, ya que no hay teléfonos y están prohibidas las visitas. Los detenidos no pueden salir nunca de los edificios. Tampoco pueden hacer ejercicio y no disfrutan de aire fresco ni de la luz del sol. El estado de los servicios de atención sanitaria y las condiciones higiénicas son también de lo más preocupante, especialmente después de que los médicos voluntarios han dejado de trabajar allí en protesta contra las condiciones de detención.
Human Rights Watch pone de manifiesto que los inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan de manera clandestina a esas islas en embarcaciones pequeñas o pateras reciben automáticamente la orden de abandonar el territorio y se les puede detener en unas condiciones inadmisibles durante un plazo que puede llegar hasta los cuarenta días. Los detenidos no reciben prácticamente ninguna información sobre sus derechos, apenas cuentan con la asistencia de traductores o intérpretes (incluso cuando se les pide que firmen los documentos de expulsión) y carecen de una auténtica representación legal y de un examen judicial individualizado de sus casos. Los solicitantes de asilo deben enfrentarse a numerosos obstáculos en su intento de petición de asilo.
El informe de Human Rights Watch detalla una serie de medidas que las autoridades españolas podrían tomar para intentar acabar con esa situación:
Poner inmediatamente en marcha acciones que reduzcan el hacinamiento existente, en especial en las instalaciones de Fuerteventura, y que mejoren las condiciones atroces de detención existentes, entre las que se incluyen la falta de comunicaciones, de movimiento y de aire puro que sufren los detenidos.
Empezar a ofrecer a todos los inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan al país la información necesaria sobre sus derechos en España en un idioma que puedan comprender.
Abrir las instalaciones para que puedan visitarse por organizaciones no gubernamentales, organismos prestadores de servicios de asistencia legal y organizaciones de carácter humanitario.
Buscar otras alternativas a la detención, tanto para adultos como para niños pequeños, debido sobre todo a la situación actual.
Ofrecer la formación que sea necesaria, con respecto a la ley española de extranjería y asilo, a los abogados y las autoridades judiciales españolas que trabajan con inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a las islas Canarias.
Asegurar que los inmigrantes que deseen solicitar asilo cuentan con los medios necesarios para hacerlo y no se les impide que realicen dicha petición.
Aclarar a los organismos públicos responsables, incluyendo los Ministerios implicados, cuáles son los diversos procedimientos mediante los cuales se puede deportar de España a los inmigrantes, con objeto de garantizar que el tratamiento que se da a los inmigrantes y solicitantes de asilo es justo y se adapta a lo dispuesto en la normativa.
Human Rights Watch ha solicitado a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que estudien la situación existente en las islas Canarias y en otros lugares de Europa en los que siguen dándose condiciones de detención similares.
"España no es el único país que debe mejorar la forma de tratar a los inmigrantes y solicitantes de asilo", afirma Elizabeth Andersen. "Es preciso que la política europea de inmigración preste más atención a los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Confiamos en que durante su Presidencia europea España, país que debe enfrentarse a ese mismo problema en su propio territorio, otorgue prioridad a la inclusión de los derechos de los inmigrantes en el debate sobre la política europea de inmigración".
El informe sobre las condiciones de detención en las islas Canarias forma parte de una serie de estudios realizados por Human Rights Watch sobre el tratamiento dado a los inmigrantes en Europa. Human Rights Watch ha publicado este año varias notas sobre las condiciones de detención en Grecia. Los informes sobre la aplicación de la nueva ley española de extranjería y sobre el trato dado a los niños marroquíes en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla se van a publicar durante este mismo año.