GUATEMALA
15/02/02
Podría seguir el juicio contra altos mandos militares Admiten en España la apelación de la defensa del caso Guatemala

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 14 de febrero. El Tribunal Supremo español admitió hoy el recurso de apelación presentado en marzo del año pasado por la defensa del caso Guatemala, solicitando se revise la decisión adoptada por la Audiencia Nacional en la que rechazaba procesar "por ahora" a los presuntos responsables del genocidio de más de 200 mil personas, la mayoría de origen maya, en los años de la dictadura militar (1962-1996).
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional dio un severo revés en diciembre de 2000 a los miles de familiares de víctimas de los regímenes militares de Guatemala que encabezados por la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, iniciaron un proceso judicial (un año antes) en España, siguiendo los mismos pasos de argentinos y chilenos en busca de justicia contra los líderes de las dictaduras, aunque sea en otros países.
Después de dos años de decenas de testigos que aportaron documentos y testimonios al juez Guillermo Ruiz de Polanco, el sumario registró -en 13 tomos- 600 matanzas colectivas, 45 mil desapariciones, así como torturas y la práctica de limpieza étnica que sufrió el pueblo maya.
Los acusados eran altos mandos de la dictadura, entre ellos los generales Fernando Romeo Lucas, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Victores, así como sus subordinados Angel Aníbal Guevara Rodríguez, Donaldo Alvarez Ruiz, Benedicto Lucas García, Germán Chupina y Pedro García Arredondo.
Sin embargo, el caso fue rechazado por la Audiencia Nacional, que consideró que "por ahora" no le correspondía a la justicia española la jurisdicción sobre esos delitos, al considerar que no había quedado probada la supuesta inoperancia de los tribunales guatemaltecos. La decisión, adoptada el 13 de diciembre de 2000, significó también el triunfo de los argumentos de la fiscalía y de su titular, Eduardo Fungairiño, quien incluso negó que lo sucedido en Guatemala pueda considerarse como genocidio.
El único recurso que le quedó a la defensa, encabezada por los abogados Carlos Slepoy, Antonio García y Carlos Vila, fue presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la máxima institución judicial, que casi un año después respondió en favor de los denunciantes, entre los que se encuentran el Grupo de Apoyo Mutuo y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional.
La sala segunda del alto tribunal señaló que "de conformidad con lo informado in vocce por el excelentísimo señor magistrado ponente quede este recurso admitido y concluso para señalamiento por turno que le corresponda".
Esta decisión, además de obligar a que el Tribunal Supremo se pronuncie por primera vez sobre los procesos de jurisdicción internacional, lo que implica un precedente, también permitirá que los seis abogados de la acusación particular y popular expongan sus argumentos para que se continúe con el proceso en los tribunales españoles. La fecha de la crucial lectura no está todavía definida, si bien se espera que sea antes del próximo verano.
Gustavo Meoño, presidente de la Fundación Rigoberta Menchú, explicó que es una "noticia muy positiva, pues nosotros defenderemos la justicia universal".
"Explicaremos en definitiva lo mismo que hizo el relator de la Organización de Naciones Unidas, que afirmó que la justicia es un sujeto preso de los poderes fácticos, y que así no puede haber justicia para las víctimas. Por eso España no sólo está plenamente capacitada, sino que está obligada a conocer estos procesos de delitos de lesa humanidad", finalizó Meoño.

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