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 Derechos
Humanos |
Se inicia cuenta regresiva:
CORTE PENAL INTERNACIONAL
INICIARÁ FUNCIONES EN EL 2002
Han transcurrido tres años y medio desde que una Conferencia Diplomática
de Plenipotenciarios reunida en Roma adoptara por una abrumadora mayoría
de 120 votos a favor y siete en contra, el Estatuto de Roma que establece la
Corte Penal Internacional. De este modo, se daba vida a un antiguo anhelo, el
de establecer un tribunal internacional permanente con capacidad para juzgar
a los individuos responsables de cometer genocidio, crímenes de guerra
y crímenes de lesa humanidad.
En la actualidad, la Corte Penal Internacional cuenta con 47 de las 60 ratificaciones
necesarias para su entrada en vigor. De los 21 países iberoamericanos
Argentina, Costa Rica, España, Paraguay, Perú y Venezuela han
ratificado. Aún más, el congreso ecuatoriano ratificó el
17 de diciembre y se espera el depósito del instrumento de ratificación
en las próximas semanas para ser oficialmente el Estado Parte No. 48
de la CPI. Esto, si Portugal cuyo parlamento ratificó recientemente o
Panamá donde el proceso está bastante adelantado, no lo hacen
primero.
Según William Pace, Coordinador General de la Coalición de ONGs
por la Corte Penal Internacional, CCPI, "el ritmo actual de las ratificaciones
parece indicar que el Estatuto obtendrá las sesenta ratificaciones en
marzo o abril del 2002 por lo que entraría en vigor el 1º de junio o
julio del 2002. De cumplirse estos plazos, la primera Asamblea de Estados Partes
tendría lugar en septiembre del 2002, y los jueces serían elegidos
en enero del 2003. Es decir, la Corte podría estar plenamente operativa
en marzo o abril del 2003".
El proceso en Iberoamérica
"Este es un día en que nos aseguraremos que todos aquellos que cometen
crímenes execrables puedan ser juzgados y se evite la impunidad, como
ha sucedido en casos tan importantes como la desaparición de pueblos
indígenas enteros en Guatemala, o la tortura de estudiantes en el estadio
Nacional de Chile, o en el caso del robo de niños a los desaparecidos
políticos de Argentina", expresó Ximena Ortíz, diputada
independiente y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
Nacional del Ecuador durante el debate sobre la ratificación el pasado
17 de diciembre. Tras el debate, el congreso ecuatoriano aprobó la ratificación
con una abrumadora mayoría de 82 votos a favor, uno en contra y una abstención.
En Brasil, el presidente Fernando H. Cardoso remitió al Congreso Nacional
el proyecto de ley de ratificación, urgiendo a su aprobación.
En Colombia, país fuertemente golpeado por el conflicto interno, la Cámara
de Diputados aprobó una enmienda constitucional que facilitará
la ratificación del Estatuto. Se espera que el Ejecutivo remita el proyecto
de ratificación en las próximas semanas. En México, el
gobierno finalizó una propuesta de Reforma Constitucional que reconoce
la jurisdicción de las cortes internacionales, entre ellas la CPI. Se
espera que el Ejecutivo remita el Estatuto al Congreso para su aprobación.
En Panamá, se iniciaron las discusiones sobre la ratificación
del Estatuto. En Portugal, el Parlamento aprobó la ratificación
el 20 de diciembre. En Bolivia, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, República Dominicana y Uruguay la ratificación es materia
de estudio por parte de las diferentes instancias gubernamentales.
La oposición de Estados Unidos
Como se recuerda, los Estados Unidos de Norteamérica fue uno de lo siete
países en votar en contra del Estatuto durante la Conferencia de Roma
junto con China, Irak e Israel, entre otros. El 20 de diciembre pasado, la Cámara
de Representantes y el Senado estadounidenses reunidos en sesión, decidieron
rechazar la Ley de Protección para los Soldados Estadounidenses (ASPA
por sus siglas en inglés) proyecto introducido por el Senador Jesse Helms
como una enmienda a la Ley de Presupuesto del Departamento de Defensa para el
año 2002. En su lugar se aprobó la enmienda propuesta por el republicano
Hyde, pieza legislativa con un lenguaje anti-CPI menos fuerte pero que también
intenta minar la cooperación de Estados Unidos con la Corte, al prohibir
el uso de los fondos del Departamento de Defensa en actividades que tengan relación
con la CPI.
"La decisión de no aceptar la versión del senador Helms es una
gran victoria para los miembros de la Coalición del ONGs por la CPI y
para los aliados clave de los Estados Unidos que han realizado un cabildeo agresivo
con la administración y el Congreso estadounidenses a fin de que reconsideren
su fuerte oposición a la CPI," manifiesta William Pace, coordinador general
de la CCPI. "Los principales aliados de los Estados Unidos, incluyendo el Reino
Unido y otros miembros del Unión Europea, ven a la CPI como una institución
importante para lidiar con crímenes tan graves como el genocidio, la
tortura y los actos terroristas como los cometidos en septiembre en Estados
Unidos.
Ellos han expresado con determinación que es totalmente inadecuado que
Estados Unidos minen este foro multilateral que goza del respaldo mundial, especialmente
cuando Estados Unidos hace un llamado a la conformación de una coalición
internacional que los apoye en su lucha contra el terrorismo," afirmó.
La enmienda promovida por el senado Helms fue aprobada por el Senado con una
votación de 70 contra 21 el 7 de diciembre. "Con esta enmienda, el Senado
proporcionaba el marco jurídico para que los Estados Unidos se opongan
abiertamente en todos los foros a la instauración y funcionamiento de
la futura Corte Penal Internacional" afirma Eduardo González Cueva, coordinador
para América Latina y el Caribe de la Coalición de ONGs por la
CPI.
La ASPA prohibe la cooperación de Estados Unidos con la Corte, establece
que ningún país que haya ratificado el tratado de Roma recibirá
ayuda militar estadounidense (a excepción de los miembros de la OTAN
y otros aliados no pertenecientes a la OTAN, tales como Australia, Egipto, Israel,
Japón, Corea, Nueva Zelandia y Taiwan) y autoriza al Presidente estadounidense
a utilizar todos los medios necesarios y "apropiados" para lograr la liberación
de personal estadounidense o aliado detenido o hecho prisionero por la Corte
o en su nombre, lo que ha sido catalogado por los partidarios de la CPI como
la Ley de Invasión de La Haya, para mencionar algunas disposiciones.
La Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional, CCPI es un alianza
de más de mil organizaciones de la sociedad civil unidas en pos del establecimiento
de una Corte Penal Internacional permanente, justa e independiente. Establecida
en 1995, la CCPI es una de las principales y más completas fuentes de
información sobre la CPI en el mundo.
Entre los objetivos de la Coalición, figuran: promover el conocimiento
sobre la CPI y el Estatuto de Roma; facilitar la participación de la
sociedad civil en las negociaciones de la Comisión Preparatoria de la
CPI; extender y fortalecer las redes locales y la red global de organizaciones
que trabajan por la pronta entrada en vigor de la Corte; y promover la aceptación
universal y la ratificación del Estatuto de Roma.
Oficina para América Latina y el Caribe
Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional
Lima, 28 de diciembre de 2001