Derechos Humanos

"Si bien hay otras condenas sobre el Plan Cóndor a (Jorge Rafael) Videla y (Augusto) Pinochet, en esta causa se va a condenar a quienes llevaron a cabo las órdenes, violaron, secuestraron y mataron. Estas personas viven al lado nuestro, son vecinos", aseguró a Página/12 Claudia Alegrini, impulsora de este expediente. Aquí, algunos de los acusados no tan célebres.
u Oscar Raymundio Izzi: Cabo de la Policía Federal. Formó parte de los grupos de secuestradores de los centros clandestinos Club Atlético, El Banco, El Olimpo y Brigada Güemes. Beneficiado por la ley de Punto Final.
u Juan Carlos Avena: alias Capitán Centeno, Caballo. Miembro del Servicio Penitenciario Federal. Operó en El Vesubio, Banco, El Olimpo y Club Atlético. En 1988 era director de la cárcel de Esquel.
u Luciano Adolfo Jáuregui: Como Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, fue jefe de la zona 2 desde febrero de 1979 a diciembre de 1980. Por su alta responsabilidad en la cadena de mandos, no se benefició con la ley de Obediencia Debida. La Corte Suprema lo desprocesó en algunas causas y, finalmente, fue indultado.
u Néstor Cendón: Suboficial del Servicio Penitenciario Federal. Integrante del grupo de tareas de El Vesubio y de la ESMA. Fue beneficiado por la ley de Punto Final.
u Alberto Tepedino: Estuvo al frente del Batallón de Inteligencia 601 entre 1976 y 1983. En 1982, cuando se desempeñaba en la Subsecretaría de Seguridad, dirigió la destrucción de los archivos de la dictadura por orden del dictador Reynaldo Bignone. Por ese hecho está involucrado en el expediente en el que se investiga el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura.
u Jorge Olivera Rovere: General de Brigada. No fue beneficiado con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero fue indultado por el ex presidente Carlos Menem con el decreto 1002 del 7 de octubre de 1989.
En esta causa, en agosto del año pasado, Bonadío solicitó a España la extradición –que aún no se concretó– del ciudadano argentino Claudio Scagliuzzi, quien habría actuado como agente civil de inteligencia

En octubre de 2001 el juez Claudio Bonadío declaró la inconstitucionalidad insalvable de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que permitió el procesamiento del represor Emilio Massera, junto a otros cinco militares y un civil, por el secuestro y apropiación de bienes de desaparecidos. En marzo del año pasado, el juez Gabriel Cavallo ya había declarado la nulidad de ambas leyes en una causa por apropiación de una hija de desaparecidos.
Gracias a la anulación de las leyes de impunidad Massera quedó procesado como jefe de una asociación ilícita y Bonadío trabó un embargo de un millón de pesos sobre sus bienes. En el fallo, el juez consideró que las leyes de impunidad son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales incorporados en la Constitución nacional en 1994. Asimismo, otros de los procesados en la misma causa fueron Jorge "Tigre" Acosta, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Francis Whamond y Jorge Enrique Perrón. Massera y su banda se habían apropiado de tierras en Chacras de Coria, Mendoza, propiedades de los desaparecidos Horacio Palma y Victorio Cerruti, como también de las pertenencias de Conrado Gómez. La causa se había iniciado a raíz de una denuncia del abogado Eduardo Barcesat a partir de las declaraciones formuladas por Alfredo Astiz a la periodista Gabriela Cerruti publicadas en enero de 1998 por la revista 3puntos