Agencias

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, AI analiza la situación en diversos países en los que considera que se ha deteriorado el respeto a los derechos fundamentales. Así, gobiernos como el de EEUU, Gran Bretaña o China han limitado los derechos de los extranjeros o los nacionales nacidos en otros estados, han endurecido su política de asilo o han ampliado las restricciones a los visados a resultas de la lucha contra el terrorismo.
AI sostiene que «la dicotomía que se plantea entre seguridad y derechos humanos es falsa, ya que los derechos proclamados en los tratados internacionales, como el derecho a la vida, a no ser torturado o a ser juzgado con las debidas garantías, son absolutos y deben ser respetados en todo momento, aún en situaciones de emergencia pública. El reto al que se enfrentan los estados del mundo, 54 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasa por promover la seguridad sin dejar de garantizar a todas las personas el pleno disfrute de todos y cada uno de sus 30 artículos».
En Colombia, la organización valora negativamente algunas de las medidas de los primeros cien días del gobierno de Uribe, que han supuesto un «recorte significativo» de las libertades.
AI, que publica un informe bajo el título «Colombia, seguridad ¿a qué precio?», recuerda que el Gobierno colombiano ha decretado el estado de emergencia y ha promulgado el Decreto 2002, que le permite, entre otras cosas, detener a sospechosos y llevar a cabo registros domiciliarios sin orden judicial. Insiste a Uribe en que debe poner en práctica las recomendaciones de la ONU en el sentido de la protección de los defensores de derechos humanos, el desmantelamiento de grupos paramilitares y la lucha eficaz contra la impunidad.
Menciona también como caso preocupante la situación en la Federación Rusa, donde un «manto de impunidad» favorece las violaciones de los derechos humanos, sobre todo las registradas en Chechenia.
Reclama «la liberación inmediata e incondicional» del periodista Grigory Pasko, acusado de haber filtrado información a los medios de comunicación extranjeros por grabar en 1993 cómo la marina rusa «arrojaba residuos y munición radioactivos en el Mar de Japón».
Según sus datos, en Rusia mueren cada año 14.000 mujeres víctimas de la violencia doméstica; 17.000 niños «cumplen condena» en condiciones infrahumanas y se han registrado centenares de desapariciones en los últimos años.
España. Crisis de identidad
Al mismo tiempo, Aministía ha editado el libro "España. Crisis de identidad" donde se relatan casos de tortura y humillaciones a diversas personas por parte de las fuerzas de seguridad del estado español. En su presentación la organización de DD HH remarca:
"Una familia de etnia gitana, entre cuyos miembros hay niños, es humillada y torturada en una comisaría de Madrid donde permanece detenida ilegalmente. La policía detiene a un vendedor ambulante senegalés en una playa gallega y, en lugar de llevarlo directamente a una comisaría, le propina una paliza en una zona alejada de la ciudad mientras le insulta en razón de su raza. Un niño marroquí que intenta buscarse la vida en Melilla es abandonado ilegalmente por la policía española en una zona fronteriza desde donde no le es posible regresar a la ciudad debido a su estado de debilidad".
"Una mujer brasileña es violada bajo custodia, pero los agentes de policía se niegan a cooperar en la investigación, por lo que el violador no puede ser identificado y el Tribunal Supremo parece verse impotente para actuar. Un trabajador marroquí que está siendo atacado por una multitud armada escapa de su domicilio bajo una lluvia de balas de goma disparadas por la policía, que no hace nada para impedir que los agresores incendien y saqueen la casa. Un ciudadano estadounidense de origen afroamericano, primer trompeta de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, asegura haber sido maltratado por unos policías hasta el extremo de haber tenido que cancelar sus compromisos de actuación".
"Éstos no son sino algunos de los muchos casos que se han puesto en conocimiento de Amnistía Internacional en los últimos años, todos los cuales, aunque diferentes en los pormenores, indican que los agentes encargados de hacer cumplir la ley violan reiteradamente los derechos de miembros de minorías étnicas y de personas de origen no español".