Aníbal Ibarra, agente de Roggio y de la Policía Federal, inauguró la cooperativa Chilavert. Felipe Solá asistió al II Encuentro del Movimiento de Fábricas Recuperadas. Los enemigos de la lucha obrera intentan usurparla en su propio beneficio.
El gobierno de la Ciudad no le dio a Chilavert ni el servicio de lunch que le había prometido para el día de la inauguración, y la comida del festejo -choripanes y gaseosas- fue provista por los compañeros de Impa. Sin embargo, Aníbal Ibarra sí apareció por ahí para cortar la cinta y poner la cara ante los medios. Además, él tuvo a su cargo el discurso inaugural, usó de la palabra que les fue negada a los trabajadores de otras fábricas tomadas, a las asambleas populares, a los sindicatos e internas combativos que fueron y son los grandes sostenedores de la pelea de Chilavert. Por supuesto, el jefe de Gobierno acudió en esa ocasión, como de costumbre, a la pura charlatanería y ni siquiera se comprometió a incluir en el presupuesto 2003 una partida para las fábricas puestas bajo gestión obrera.
El gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, imitó a su colega porteño y asistió al II Encuentro del Movimiento de Fábricas Recuperadas. No estuvo solo: también estuvieron por ahí el intendente de Avellaneda; el vicejefe del gabinete nacional, Mario Amadeo, y los diputados Francisco Gutiérrez y Ariel Basteiro.
Esa reunión se hizo el 2 de noviembre en Agip Gas, en Sarandí, y fue precisamente el representante de la fábrica anfitriona quien se encargó de recordarle al gobernador que la provincia se niega a expropiar las instalaciones y los bienes de esa planta, cuando ya están por vencer los dos años de plazo señalados por ley.
Otros delegados de unidades de producción bajo gestión obrera, como los del molino santafecino San Javier o la metalúrgica La Baskonia, de La Matanza, advirtieron que un problema común a todas ellas es la falta de capital de trabajo, que viven de créditos vecinales o trabajan por encargo de terceros que adelantan dinero para comprar insumos o entregan directamente la materia prima. Ese modo de operar pone a esas fábricas a merced de grupos empresariales e impide cualquier desarrollo.
El encuentro en Agip Gas formuló tres demandas básicas:
1) Expropiación efectiva de las fábricas ocupadas y su entrega a los trabajadores;
2) Creación de un fondo destinado a proveer capital de trabajo;
3) Modificación de la ley de quiebras para que las plantas en esa situación pasen a manos de sus trabajadores.
En ese sentido, algunos representantes obreros observaron que la exigencia de modificación de la ley de quiebras presenta limitaciones insalvables, porque deja fuera de la demanda a muchas fábricas que no se encuentran en esa situación. Por otra parte, cuando una fábrica presenta quiebra, generalmente el vaciamiento ya se ha producido o está muy avanzado.
En definitiva, queda a la vista de todos que el movimiento de fábricas ocupadas y puestas a producir por sus trabajadores intenta ser expropiado por sus enemigos. Éstos, si lograran sus propósitos, dejarían el movimiento en las garras de estudios de abogados que ya se han lanzado como buitres a buscar "gerenciamientos" para hacer más adelante pingües negocios inmobiliarios a costa de los trabajadores; o en las de grupos empresarios compradores de la quiebra, o aun en las de los antiguos dueños.
De ahí que numerosos delegados indicaran en el encuentro de Sarandí que el movimiento debe apuntar a conseguir la expropiación efectiva y definitiva de toda planta que cierre y quede bajo ocupación obrera, que se debe arrancar auxilio económico del Estado y vincular estas demandas con la necesidad de crear una banca estatal única que ponga el crédito al servicio de la sociedad. Con tal fin, añadieron esos representantes, las plantas tomadas necesitan fusionarse con el movimiento piquetero, las asambleas populares y los sindicatos combativos para llevar adelante la lucha nacional que esos objetivos exigen.

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