El Contrato Social
(O una peque�a historia clasista de los �ltimos cinco lustros)

Ra�l Abraham
Libertad

[Argentina] La recuperaci�n de los mecanismos democr�ticos para la elecci�n de gobernantes en 1983 signific� la reaparici�n de espacios para la difusi�n de ideas que la censura dictatorial, por una parte, y la connivencia de parte del periodismo con la dictadura, por otra, hab�an cercenado durante a�os. Cierto es tambi�n, que incluso en per�odos de relativa vigencia de los derechos constitucionales la prensa argentina fue objeto de presiones m�s o menos intensas, persecuciones e intentos de domesticaci�n abiertos o velados.
El fenomenal proceso de concentraci�n del capital que se produjo en los �ltimos veinticinco a�os, con una aceleraci�n notable en la �ltima d�cada, no dej� afuera a los medios de comunicaci�n. Es as� como vimos la formaci�n de gigantescos "Multimedia" que, montados en la generalizaci�n de las nuevas tecnolog�as de comunicaci�n e inform�ticas, extendieron sus redes a todo el �mbito nacional convirtiendo la comunicaci�n en un verdadero oligopolio integrado vertical y horizontalmente. La alianza estrecha de estos "Multimedia" con los grandes capitales que controlan la econom�a argentina decide el perfil de sus intereses permanentes. El apoyo m�s o menos desembozado hacia alguna expresi�n pol�tica puede responder a intereses coyunturales, pero estructuralmente los "Multimedia" son el departamento de marketing y publicidad del gran capital, en su faz discursiva, y su canal de expresi�n editorial en la reflexiva. La permanencia de medios de comunicaci�n independientes de los dictados del capital se torna cada vez m�s problem�tica, debiendo luchar contra todo tipo de intentos de acallar su voz.
Una manera de disfrazar la comuni�n de intereses empresarios entre los "Multimedia" y las fracciones del capital m�s concentrado fue la difusi�n de actitudes de "denuncia", generalmente de maniobras de corrupci�n por parte de funcionarios estatales. Esta pr�ctica - la denuncia - no reprochable en s�, es utilizada como ariete en la avanzada contra la claudicante clase pol�tica argentina y fundamentalmente los organismos colegiados parlamentarios, a los cuales se acusa de ser la causa de los males del pa�s. La miserable verdad oculta tras esta aparentemente valiente actitud es que a los parlamentos se los ataca no por sus vicios - que los tienen - sino por sus virtudes, que son las que exasperan a los due�os del capital. La cr�tica contra la corrupci�n oculta la necesidad de anular los controles parlamentarios, rara vez aplicados, pero potencialmente molestos a las demandas del capital, siempre �vido de superiores m�rgenes de rentabilidad obtenidos por leyes y decretos que sostengan los rendimientos decrecientes de la tasa de ganancia.
Ante tal cuadro de situaci�n es cuando adquieren multiplicado valor los intentos por hacer escuchar otras voces. La utilizaci�n de herramientas tecnol�gicas novedosas puede abrir caminos en la tarea de llevar informaci�n y opini�n alternativas para contrarrestar la intoxicaci�n y desinformaci�n que nos bombardea cotidianamente. Pero, a�n el modesto �xito que algunas propuestas caracterizadas por su valent�a y compromiso con la verdad puedan obtener, es intolerable para los defensores de las clases dominantes, y sus patrocinadores.
La permanencia de resguardos legales deja un margen de operaci�n para la difusi�n de hechos e ideas potencialmente peligrosos al dominio del gran capital o a la credibilidad de aquellos que son sus guardias jurados, armados con la espada, con la pluma o la palabra. El ataque contra la libertad de expresi�n asume as� su forma superior: la jur�dica.
El sacrificio del mensajero, am�n de reminiscencias paganas, se realiza ahora en el altar de los estrados judiciales. Aquel que trate de desenmascarar la verdadera trama de las relaciones sociales de producci�n deber� enfrentar las acusaciones por injurias, calumnias u otras figuras que pretenden recortar la libertad de expresi�n. Tal lo sucedido a un profesor de la Universidad de Santiago del Estero, qui�n est� procesado por haber relatado en su libro "El Santiague�azo. Gestaci�n y Cr�nica de una pueblada argentina" las causas profundas del estallido popular que termin� con el incendio de las principales sedes del poder de la provincia de Santiago del Estero.
Que los sirvientes del gran capital, descubiertos en maniobras turbias, accionen contra el denunciante, bueno: es previsible. Lo que constituye una distinci�n cualitativa es la permeabilidad de la justicia a estas acusaciones, contribuyendo a blanquear y legalizar la mordaza que la clase dominante quiere ajustar a la voz de quienes entienden las causas profundas y los responsables verdaderos de la decadencia nacional y pretenden exponerlo para comprensi�n de las grandes mayor�as.

Igualdad

El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n respecto a la "Causa de las armas" marca la entrada de la Argentina al siglo XXI. Es muy posiblemente la cristalizaci�n jur�dica de las modificaciones en la base productiva de la sociedad argentina en la �ltima d�cada del siglo pasado.
Durante m�s de una centuria (desde Sarmiento hasta Videla) el capitalismo argentino sostuvo, con intermitencia, el axioma de la igualdad ante la Ley. Por supuesto que la pr�ctica jur�dica cotidiana desment�a el aserto, pero su existencia, la piedra basal del ordenamiento jur�dico existente, constitu�a una �ltima garant�a, un documento ante cuya presentaci�n la dictadura del capital deb�a retroceder, aunque m�s no fuera un paso, confrontada con su propio discurso. A�n las dictaduras se sometieron al imperio de la Ley, por incre�ble que parezca. �Qu� otra cosa fue si no el intento de Autoamnist�a que dictaron los dictadores en su dictada retirada? La obligaci�n de responder coherentemente al propio discurso, y la necesidad de respetar ciertas formas que se supone cuidan el funcionamiento del sistema por encima de los coyunturales intereses de algunos de sus integrantes (a�n sus m�s directos beneficiarios), permit�an la supervivencia de institutos jur�dicos que fueron forjados en 1789 para beneficio de la clase emergente de la revoluci�n que consagrar�a la "Declaraci�n Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano".
Los a�os noventa asistieron a la legitimaci�n de la riqueza, y su exhibici�n insolente en las tapas de medios creados ad hoc. La clase propietaria argentina durante m�s de cien a�os consider� de mal gusto mostrarse en p�blico, y por espacio de casi medio siglo temi� quedar expuesta al escrutinio de aquellos que cuestionaban aunque m�s no sea someramente el derecho de propiedad. Una demostraci�n completa de la importancia de la victoria que como clase obtuvo, gracias al concurso de sus guardias particulares - las fuerzas armadas de la Naci�n- es el desparpajo y la seguridad en la intangibilidad de la riqueza que ahora no era cuestionada, sino envidiada, signo luminoso del triunfo de su ideolog�a, es decir: el triunfo mejor y m�s sabroso.
Pasada la etapa de restauraci�n y organizados los mecanismos de reproducci�n del capital result� mucho m�s funcional la corporaci�n pol�tica que la militar para asegurar la continuidad de la acumulaci�n y valorizaci�n financiera de los activos succionados del coto de caza en el que convirtieron a la naci�n.
Una vez llegada esta fase es que los marcos jur�dicos, pol�ticos, e ideol�gicos que mediatizan las relaciones sociales de producci�n se vuelven obsoletos para contener las nuevas formas de producci�n y apropiaci�n del excedente, y se vuelve imperioso adecuar los institutos legales a las realidades que imponen las condiciones de producci�n, derogando - por ejemplo - leyes que garantizan la vigencia de algunos derechos a quienes delinquen contra la propiedad, forma que asume el desaf�o social a comienzos de siglo.
Es en esta corriente en la que hay que inscribir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n, organismo cuyo olfato pol�tico es incomparablemente agudo y que funge como atanor en cuyo seno se maceran, destilan y condensan las tendencias ideol�gicas que atraviesan la sociedad; legitimando golpes de estado cuando la restauraci�n olig�rquica del treinta, o avalando llamados a comicios ante la marea popular del cuarenta y cinco.
As�, el hist�rico fallo del veinte de noviembre consagra el necesario alineamiento entre las relaciones sociales de producci�n y su correlato jur�dico de cu�o orwelliano: "Todos son iguales ante la ley, pero algunos son m�s iguales que otros".
En contra de la opini�n circulante que atribuye caracter�sticas an�micas al actual estado de la superestructura jur�dica, pol�tica e ideol�gica voy a sostener aqu� la siguiente postura:
Las modificaciones en el modo de producci�n que se registraron en los �ltimos veinticinco a�os (Privatizaci�n de empresas de propiedad social o estatal, reprimarizaci�n del perfil productivo) necesitaron para reorganizar la producci�n de la instauraci�n de relaciones sociales distintas a las vigentes (precarizaci�n del empleo, multiplicaci�n del ej�rcito de reserva). En un determinado momento la tensi�n entre las nuevas condiciones de producci�n, producto de la victoria de una clase, y el ordenamiento jur�dico existente se hace insoportable, y se abre un per�odo "revolucionario" en el cual se reorganiza la sociedad de acuerdo a la relaci�n de fuerza entre las clases (instauraci�n del principio de desigualdad ante la ley seg�n el origen social).
Resumiendo: ruptura del contrato social vigente para ser reemplazado por otro m�s acorde a los nuevos tiempos.
La enorme virtud del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n radica en haber puesto en negro sobre blanco el retorno a formas de organizaci�n sociopol�ticas premodernas. Si la comparaci�n m�s acertada para la actual etapa del capitalismo suele ser la de "manchesteriano", entonces el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n parece retrotraernos a �pocas en la que exist�an instituciones tales como el "derecho de pernada".
El contrato social impl�cito en el actual sistema jur�dico argentino reconoce su deuda con los pensadores racionalistas que iluminaron la salida del "ancient r�gime", la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n parecer�a inspirarse en Metternich, qui�n no pas� a la posteridad como adalid del progresismo, precisamente.

Fraternidad

La noci�n de progreso en general, y la de progreso social en particular, siempre estuvo vinculada al sistema jur�dico argentino. Podr�amos rastrear su origen hasta la generaci�n del ochenta, o a�n antes en la del treinta y siete. El desarrollo de las fuerzas productivas ensanchando los l�mites del mercado incorporaba constantemente trabajadores libres, categor�a social novedosa para el corpus legislativo argentino. La organizaci�n de estos trabajadores en agrupaciones de clase, y el impulso que estas le dieron a las luchas sociales fue llevando a la percepci�n de su existencia y derecho a exigir mejoras en sus condiciones laborales y legales.
Este accionar obtuvo reconocimiento, y la idea de la legitimidad de reivindicar el deseo de progreso social fue penetrando en las decisiones judiciales. Los m�todos que los trabajadores utilizaron para la consecuci�n de sus prop�sitos no siempre se encuadraban dentro de las normas que el positivismo aceptaba, pero una vez establecidos los derechos fue necesario luchar contra ellos por otros medios, no siempre legales.
La historia argentina muestra una impresionante cantidad de ejemplos de lucha de las clases propietarias por abolir o - por lo menos - rebajar las conquistas de los trabajadores.

La Patagonia en 1919, magn�ficamente relatada por Osvaldo Bayer; El Chaco, victimizado por La Forestal; los chacareros de Alcorta; los m�rtires de la Semana Tr�gica; todos a principios del siglo pasado. Por supuesto que el m�s formidable embate contra los derechos incorporados a la normativa fue el protagonizado por la siniestra dictadura que se inicia en 1976. Nada parec�a detener la sed de revancha que alentaba a los guardias pretorianos del capital, o la sed de revancha del capital, sin intermediarios. A�n as� las condiciones de producci�n no permit�an todav�a desmontar el entramado de formas legales que las conquistas de los trabajadores hab�an edificado a lo largo de casi un siglo de lucha organizada.
La subsistencia de una fracci�n de la clase capitalista dedicada a la producci�n para el mercado interno obligaba a garantizar para la fuerza de trabajo las condiciones m�nimas para su reproducci�n. Pero esta contradicci�n interna fue saldada a principios de la �ltima d�cada del siglo pasado. La fracci�n de clase dominante que impuso sus condiciones al resto de la sociedad, incluidos sus socios menores, no precisa de un mercado interno en expansi�n, puesto que ha resuelto sus problemas de competitividad a trav�s de la oligopolizaci�n del mercado.
Los aparentes mecanismos de chantaje financiero al que somete al estado nacional, ocultan que ese es el m�todo que ha venido utilizando para apropiarse de una parte cada vez m�s significativa de la renta nacional sin asumir los riesgos de la producci�n, que el tradicional canon liberal adjudica a la clase capitalista en el estadio de la libre concurrencia. Es incomparablemente m�s sencillo apropiarse del excedente generado por los trabajadores por el expediente de quedarse con los impuestos que el conjunto de la sociedad paga sin posibilidad de evasi�n o elusi�n cada vez que consume cualquier producto indispensable para su subsistencia. La necesidad de garantizar la reproducci�n de la fuerza de trabajo no reviste importancia ante la presencia de un ej�rcito de reserva de proporciones nunca vistas desde la crisis generalizada del capitalismo a comienzos de los a�os treinta del siglo pasado.
Arribados a este punto es cuando el trabajo de desmonte de los derechos de los trabajadores va concluyendo su labor, y se desgajan de los institutos legales una a una todas las conquistas sociales, empujadas por la presi�n formidable de la masa de desocupados lanzada a la lumpenizaci�n m�s cruda.
Es ante este panorama que el conflicto social, o lucha de clases, se expresa a trav�s del accionar de los desesperados, muchas veces embotados por sustancias cuya comercializaci�n y beneficios reportan a la clase capitalista y que el lenguaje oficial caracteriza como delincuentes, o bien en la reaparici�n de "rebeldes primitivos" que se agregan entre s� para presionar a trav�s del ejercicio puntual de cierta violencia con el objetivo - declarado - de �Ingresar al sistema!
Pero incluso a pesar de semejante declaraci�n de principios, y en esto debemos reconocer a la clase capitalista una innegable capacidad de percepci�n para detectar posibles perturbaciones a su poder�o, estos neo-rebeldes, cara visible de las nuevas relaciones sociales de producci�n establecidas, son los destinatarios de los intentos por "judicializar el conflicto social". Es decir: organizar la represi�n por el medio de la aplicaci�n del c�digo penal. Tal es el procedimiento que est� poniendo en pr�ctica el juzgado federal de Salta, la linda, a cargo de Abel Cornejo, qui�n imputa a los piqueteros de general Mosconi la comisi�n de hechos como sedici�n, abuso de armas, resistencia a la autoridad e instigaci�n (�a qu�?), obteniendo la defensa, por poco, que no se introdujera la figura de asociaci�n il�cita, pero a no desesperar que ya llegar�.
La persecuci�n a los m�dicos resistentes salte�os se complementa con el "armado" de causas a piqueteros del Gran Buenos Aires, o la ignominiosa prisi�n que sufre un desocupado marplatense por liderar una marcha hacia un supermercado para pedir �Comida!
Este m�todo tiene la ventaja de provocar un desgaste en los perjudicados, que se ven obligados a preocuparse por su situaci�n personal, contratar abogados, trajinar pasillos judiciales en los que el tiempo discurre a velocidades distintas a las de la realidad, y en d�nde la unidad obtenida en las calles muchas veces estalla como una granada ante la confrontaci�n de versiones taquigr�ficas que reflejan los distintos �ngulos de verdad que surgen del relato coral.
La perversa intenci�n subyacente es la de secar los pozos en d�nde abrevan las clases subordinadas: aquellos referentes de sangre m�s combativa, esos sembradores de vientos de libertad, a�n cuando la propuesta de lucha carezca de un soporte te�rico que marque los caminos a seguir, antes que las rutas a cortar.