por Raúl Celso D’Atri

Por las vías más imprevistas, se viene actualizando y revalidando la idea de una emergencia, de una reforma o de un radicalizado regreso a la Constitución Nacional.
Así es como por boca y acción de altos referentes de la oposición política, ha quedado instalada a nivel nacional la necesidad del respeto de la Constitución como recurso supremo para superar la crisis política, social y económica a la que se precipita nuestra Patria.
Una referente de agrupaciones que se vienen desgajando del otrora oficialismo aliancista, la diputada del ARI Graciela Ocaña, aventuró ese "desideratum" constitucional como vara para determinar el alcance del "que se vayan todos", señalando para esa expulsión a "los legisladores nacionales que violaron la Constitución"...
La valiente propuesta no para ahí: Ocaña –recordada por su implacable denuncia de la "matriz mafiosa" que ejecutó las políticas neoliberales— define que tales legisladores nacionales violaron la Constitución "al resignar y delegar las facultades propias del Congreso Nacional sobre el tema de la deuda externa".
La legisladora suaviza su iniciativa al incluirla en un interrogante que plantea "¿por qué no se han impulsado acciones" para proscribir a tales políticos violadores de la C.N."
Lo sugestivo es que las respuestas posibles la pueden involucrar a ella y a sus antiguos y actuales conmilitones, no sólo por haber omitido acciones legislativas contra el pago de la Deuda, sino por haber apoyado la instalación de una fórmula presidencial que anunció en tiempo y forma que iba a "honrar la Deuda Externa".
Como no escapará al sentido común, ese "desideratum constitucional" es una propuesta de máxima ante la cual se abre un abanico de violaciones al régimen constitucional argentino, que fueron condiciones necesarias para la instalación y mantenimiento del modelo neoliberal y sus políticas contrarias a los intereses del Pueblo y de la Nación.
Nos referimos al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, al bienestar, a una remuneración digna, a una seguridad previsional y a todos los derechos fundamentales establecidos en el artículo 14 y demás cláusulas de la Constitución. Derechos cuya violación arrojó a millones de trabajadores y productores a la calle, destruyendo no sólo el mercado interno y el aparato productivo, sino las redes solidarias que históricamente venía construyendo la sociedad argentina a través –o a pesar!— de sus representantes, por mandato del Preámbulo de la Carta Magna.
Sería interesante debatir públicamente las implicancias que pueda tener ese planteo constitucional en la órbita provincial, donde los gobernadores y legisladores han ignorado olímpicamente las Constituciones de sus respectivos estados y la C.N., en aspectos fundamentales que tienen que ver directa e indirectamente con la Deuda Externa (por ejemplo, el régimen impositivo, donde declinaron atribuciones no delegadas...)
Pero más allá de ese enfoque y de la renovación casi total de la clase política que se produciría se le hace un "dosaje constitucional", lo que debe merecer toda la atención ciudadana es la posibilidad –y la necesidad— de replantear el "contrato social" subyacente en la Carta Magna de los modernos estados, burgueses o revolucionarios, que contienen hasta ahora a la "comunidad organizada".
Al respecto, es alentadora la serie de pronunciamiento de prestigiosas instituciones, personalidades, organismos político partidarios del progresismo y de la izquierda, etc., a favor de una reforma de la Constitución que vaya más allá de los retoques oportunistas a que la sometieron los políticos idem, para generar un debate y construcción colectiva del modelo de sociedad que queremos y nos merecemos los argentinos/as, como alternativa al sistema capitalista que salvajemente está esquilmando y entregando a nuestra Patria.
Esta estrategia superadora se conjuga oportunamente con la "emergencia constitucional" que vienen reclamando algunos sectores populares de los que esta columna se hizo eco, y que apunta a revalidar el mandato básico que expresamente renueva el pueblo cada vez que elige a sus mandatarios (valga la redundancia): "cumplir y hacer cumplir la Constitución".
De la misma forma, y refirmando la valiosa experiencia pampeana ejercitándose en la "teoría del acuerdo" para superar constructivamente sus conflictos interjurisdiccionales y sectoriales, entronca con esta perspectiva de renovar el pacto constitucional que mal o bien unifica a las distintos estamentos sociales, geográficos, políticos, generacionales, sobre el común denominador de la emancipación social y nacional que heredamos como un mandato histórico de los próceres que vivieron, lucharon y murieron para liberar a nuestra Patria de "todo imperialismo" habido y por haber.
Raúl Celso D’Atri