Es una imposición de Washington para que sus soldados no puedan ser juzgados en la CPI: Clarín
Acusan sectores políticos y organismos sociales y humanitarios que es una "virtual recolonización"

Stella Calloni CORRESPONSAL /La Jornada

Buenos Aires, 31 de agosto. El gobierno de Eduardo Duhalde garantizaría la inmunidad diplomática para las tropas estadunidenses que realizan maniobras o permanecen en este territorio, imposición de Washington para que sus soldados no puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de que Argentina está adherida a ésta, re-veló hoy el diario Clarín.
El gobierno habría cedido ante las presiones estadunidenses en momentos en que existe un fuerte revuelo por las anunciadas maniobras conjuntas de tropas especiales de Estados Unidos y Argentina en la provincia de Misiones, limítrofe con Brasil y Paraguay.
La Jornada informó la semana anterior de estas presiones, y aquí, en el Foro Social Mundial, se condenó tanto a las maniobras como a la militarización regional.
El anuncio de los "juegos de guerra", evaluados como parte de la avanzada estadunidense programada desde hace años y en especial dentro de la iniciativa intervencionista del Plan Colombia, provocó las protestas de sectores políticos, organismos sociales y humanitarios, y demandas de legisladores de diversos partidos que advierten que se trata de una virtual "recolonización" de Argentina.
Asimismo, el hecho de que la desclasificación, selectiva y censurada, de los archivos de la pasada dictadura militar por parte del Departamento de Estado coincida con esta exigencia de inmunidad para las tropas estadunidenses, po-ne un manto mayor de sospecha.
Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y dentro de las admitidas "relaciones carnales" entre ambos países, Argentina fue incorporada como socio exterior de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y no necesitaría firmar este acuerdo, pero Estados Unidos exigió la garantía de inmunidad.
Suspicacias y temores
Esta noticia circuló en momentos en que el vicepresidente de la Co-misión de Defensa del Congreso, Carlos Iparraguirre, aseguró al diario El Territorio, de Misiones, la disposición de rechazar en las cá-maras la exigencia de inmunidad, y se dijo que Argentina suspendió, "al menos por ahora", las maniobras militares conjuntas previstas para entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre en Misiones, con la llegada de unos 200 asesores de tropas especiales con "potencial bélico inaceptable".


Con todo esto, se analiza que Washington no sólo logra una in-munidad que hace sospechar que sus soldados tienen las manos li-bres para violar derechos humanos, sino que obstaculiza a la CPI.
Diputados argentinos se oponen a las maniobras ante la sospecha de que se trata de la tan cuestionada "militarización de las fronteras" en el esquema del Plan Colombia, y temen que se trate de instalar un enclave bélico en Misiones.
¿El objetivo?, se pregunta el El Territorio ."Tener presencia en las zonas sensibles al narcotráfico, el contrabando y el tráfico de ciudadanos de origen árabe", responde.
Además, tanto la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como la seguridad de Israel han tratado de sentar la idea de que ese oscuro agujero del mundo que es Ciudad del Este, en la triple frontera -Brasil, Paraguay y Argentina- es un foco de diseminación de terroristas árabes, y hasta ahora, como han denunciado políticos de los tres países, nunca ha sido comprobado.
Pero las denuncias alcanzan también a la militarización de la provincia de Salta, fronteriza con Bo-livia, donde en agosto del 2001 hubo una intensa movilización de organizaciones civiles en oposición a las maniobras Cabañas 2001 con tropas de Estados Unidos que dirigieron ejercicios de los ejércitos de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, en un escenario que proponía una acción común intervencionista en Colombia.
Fuertes protestas también originó un decreto del gobierno de Tierra del Fuego -extremo austral del país- que decidió el año pasado la instalación de una base de Estados Unidos para "realizar estudios nu-cleares con fines pacíficos" en Tolhuin, en el centro de esa isla.
Extraños entramados legales
Sindicalistas de Tierra del Fuego advierten que existen "entramados legales" a los que puede echar ma-no Washington en las leyes argentinas, como una de 1998 en cuyos anexos se contempla "que podrán realizarse explosiones nucleares subterráneas con fines pacíficos".
Según el decreto, el gobierno au-torizó la instalación de una base del Sistema Internacional de Vigilancia para la Prevención y Prohibición de Ensayos Nucleares.
Por su parte, la Asociación Americana de Juristas promovió un amparo contra el Estado nacional y solicitó que el Poder Judicial "disponga la nulidad e inconstitucionalidad" de las disposiciones del Ejecutivo de permitir el ingreso al te-rritorio de fuerzas militares de diversos países para maniobras conjuntas bajo la dirección de Es-tados Unidos, sin la correspondiente aprobación parlamentaria".
Advirtió también contra cualquier tipo de conformación de una fuerza militar multinacional integrada por ejércitos de la región con fines intervencionistas.
De su lado, el Centro de Militares Democráticos de Argentina alertó sobre los preparativos para la represión de los movimientos po-pulares como exigencia del modelo económico impuesto.
"Estos actos ilegales y preparatorios para una represión con efectivos combinados de varios países no son únicos. Ya se han desarrollado en el pasado reciente otros a espaldas de la población eludiendo el contenido de nuestro ordenamiento jurídico", señaló.