El camino que conduce al escuadrón Dos jóvenes marginales desaparecieron misteriosamente del barrio, uno en el año 2000, otro en enero pasado. Esos casos se vinculan a la muerte de Diego Peralta en la mafia de policías y delincuentes que opera en la zona. El propio Solá y su ministro Cafiero denunciaron la existencia de la banda.

Por Raúl Kollmann

Una mafia de policías y delincuentes funciona en toda la zona de Ezeiza y El Jagüel y estaría detrás de la desaparición de Diego Peralta y otros dos jóvenes, que fueron secuestrados y seguramente asesinados en los últimos dos años. El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, y el propio gobernador Felipe Solá denunciaron públicamente la existencia de esa banda que maneja distintos delitos, desde piratería del asfalto hasta robo de coches, hace desaparecer por encargo, extorsiona y realiza secuestros extorsivos y a veces hasta actúa como escuadrón de la muerte. En esa organización hay integrantes del servicio de calle de la comisaría de El Jagüel y de otras comisarías de la zona. Como adelantó Página/12, el esquema es parecido al que funcionó en el caso Cabezas: policías contratando a delincuentes para realizar trabajos sucios.
El hilo de la historia que explicaría la muerte de Diego Peralta está en la desaparición de otros dos jóvenes de Ezeiza y El Jagüel. Los detalles que surgen de los expedientes son escalofriantes.
El 11 de noviembre de 2000 desapareció Carlos Ariel Chávez, de 19 años, y el 3 de enero de 2002 Alcides Fernández, de 15, corrió igual suerte. Ambos habían estado detenidos en comisarías de la zona y hay testigos que señalan que los hombres del servicio de calle de la Bonaerense los hostigaban.
El joven Chávez vivía una situación dramática cuando desapareció en noviembre de 2000. Siete meses antes había fallecido su padre y él vivía con su madre y un hermano discapacitado. Otro de sus hermanos, de 15 años, estaba detenido en un instituto de La Plata por haber cometido un homicidio. El 11 de noviembre, Carlos salió hacia un cumpleaños a las 20.30 y hay testigos que declararon en la causa judicial que a las 23.30 varios autos particulares lo rodearon en la calle. A Chávez le ponen esposas, le propinan una paliza feroz y lo meten dentro de uno de los autos. Esos testigos sostuvieron ante la Justicia que el secuestro fue realizado por policías de civil. Nunca más volvió a aparecer.
Tres días más tarde, la familia presenta un hábeas corpus, o sea que tenían claro que Carlos había sido secuestrado por policías. Sin embargo, nunca hubo una respuesta.
El caso de Alcides Fernández se parece mucho. El joven juntaba papel, cartones y todo lo que se pudiera vender, en la tarde del 3 de enero de este año. El trabajo lo hacía junto a su padrastro. El muchacho se adelantó un poco, separándose algunas cuadras de la pareja de su madre y nunca más apareció. La familia recién realizó la denuncia cinco o seis días más tarde.
En el expediente judicial hay algunos datos llamativos. Alcides había entrado en un instituto de asistencia social dos veces, el 5 de octubre de 2000 y el 6 de marzo de 2001. En ambos casos en el expediente figura "abandono", lo que significa que debía estar con problemas de adicciones o mentales.
También en la causa judicial aparece un testigo señalando que comerciantes de la zona le habría pagado "unos pesos" al servicio de calle de la Bonaerense de la zona para "correrlo", es decir echarlo de las cuadras por las que andaba. Sin embargo, no hay testigos del momento en que lo secuestraron.
Las miradas y la investigación apuntan en primer lugar al sargento Miguel Giménez porque es el hombre del servicio de calle de El Jagüel que aparece públicamente. En verdad, los sargentos no tienen demasiado poder, sino que éste reside en los oficiales inspectores que son los jefes del servicio de calle. Esos hombres suelen aparecer poco y nada, pero son los que realizan los arreglos iniciales: * Con los comerciantes a los que les sacan dinero a cambio de protección. Al que no paga, lo roban bandas que actúan de acuerdo con el servicio de calle.
u Con los desarmaderos chicos que pagan unos 200 pesos semanales para cortar vehículos robados y los desarmaderos grandes que pagan mucho más.
u Los pasadores de quiniela clandestina.
u Los quioscos de venta de droga.
u Los boliches en que se ejerce la prostitución.
u Las clínicas de abortos y también los manosantas y adivinadores.
u Los piratas del asfalto e igualmente los que venden las cosas robadas por esos piratas del asfalto.
Los oficiales inspectores, jefes del servicio de calle, llegan y se presentan: "Yo soy el que está a cargo. Este es el sargento tal, el que va a pasar por aquí a cobrar". Por ello, Giménez y otros sargentos son la cara visible de las coimas, extorsiones o peajes y eso explica la bronca inmediata contra la delegación de El Jagüel. No bien se conoció cómo mataron a Diego Peralta, quemaron la dependencia.
La investigación sobre el caso lleva a una banda en la que confluyen integrantes del servicio de calle y delincuentes comunes que trabajan para los policías. El esquema es parecido al del caso Cabezas, cuando un policía, Gustavo Prellezo, contrató a ladrones del barrio platense de Los Hornos para robar y vender droga en Pinamar, los llevó en su propio auto a la costa, otro policía alquiló un departamento para alojarlos y un tercer efectivo terminó mostrándoles quién era José Luis Cabezas. Después del crimen, Prellezo los trajo de regreso desde Pinamar hasta La Plata.
Los investigadores del caso Peralta sostienen que el secuestro y desaparición de Chávez y Fernández demuestra que en la zona existía –y existe– una mafia que extorsiona, secuestra por encargo y hasta actuó como escuadrón de la muerte. Esa misma banda, o una de sus ramificaciones, se habría llevado a Diego por razones que no están claras todavía pero que tendrían que ver básicamente con la extorsión y el dominio del delito en la zona. Eso también explica por qué hubo un intento anterior de secuestrar al joven, por qué no le recibieron la denuncia cuando se produjo esa primera intentona y por qué, según señalan los compañeros de colegio, Diego vivía preocupado y asegurando que lo iban a secuestrar.
En La Plata, el ministro Cafiero y quienes supervisan la investigación, creen que la pesquisa está ahora encaminada. En la Policía Federal, que colabora con el juez, tienen la misma impresión. Aunque nadie canta victoria, otra vez la clave parece estar en la siniestra alianza entre policías y delincuentes.