La inseguridad, un asunto político

ISIDORO GILBERT - CORRESPONSAL EN ARGENTINA / LA REPUBLICA

Se exhiben con mayor crudeza la convivencia de sectores de la policía, ahora en primer plano la de la provincia de Buenos Aires, con una veta no despreciable de la política y, como se dice, el surgimiento de "escuadrones de la muerte".
Vayamos por partes. El asesinato de un joven que había sido secuestrado en una localidad humilde del Gran Buenos Aires hizo estallar la paciencia de los vecinos que incendiaron la comisaría en una noche de furia. Fue el momento en que la derecha lanzó todos sus cañones --que no son escasos sobre todo en medios de comunicación-- para responsabilizar del desastre al ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero.
Cafiero que era del Frente Grande de Carlos "Chacho"Alvarez, tiene fuertes convicciones democráticas para abordar la inseguridad delictiva y el conflicto social. Contextúa a ambas como parte de la exclusión en masa que ha producido el modelo de acumulación y distribución del menemismo (y los que lo han seguido) y como además quiere poner en caja a la "maldita policía" es un blanco para no tolerar.
Domesticar un ejército de 45.000 hombres, y unos 60 mil que están en seguridad privada requiere de una fuerte decisión y apoyo político. A Cafiero se lo otorga el gobernador bonaerense Felipe Solá, pero a éste se lo retacean desde el poder central: el duhaldismo quiere esmerilarlo para que no corra con ventajas en la lucha por el control de la provincia.
Un forcejeo que recién comienza
Hay razones para sospechar de cualquier gesto. Bastó para que los jefes del Ejército y de la Armada se reunieran privadamente (y sin la presencia del ministro de Defensa) para que se pensara en el viejo sistema de "planteos" a favor de la participación militar para frenar la inseguridad.
Un analista pensó que el encuentro fue un ensayo de acción sicológica, para ir acostumbrando a la gente en esa posibilidad. Por lo pronto, Carlos Menem se subió a la más trágica de las interpretaciones y reclamó instaurar el Estado de Sitio. Lo reiterado: ofrecerse como garantía para sacar de las calles "a los subversivos y delincuentes", su plataforma real.
Ni una ni otra explicación: los uniformados ven venirse una ola de juicios a viejos oficiales si la Suprema Corte de Justicia, de la que hablaremos, se adhiere a la retahíla de fallos que declaran inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. No terminan por entender que la impunidad de los años de plomo es la madre de la arbitrariedad policial actual.
Hay para pensar que detrás de la violencia actúan políticos en acuerdo con sectores de la bonaerense, una vieja amistad que se rastrea desde la noche de los tiempos, tanto como la existencia de una policía paralela que tiene sobre todo una actitud de facción o mafias, de la que no se excluyen a espacios del poder judicial.
Existen lazos entre los negocios sucios (prostitución, juego y drogas) con la policía y caciques políticos. Son cajas de mantenimiento de aparatos partidarios, de enriquecimiento de uniformados y de los otros y hasta para el funcionamiento de las seccionales policiales que cuentan con presupuesto exiguo. Para que esta maquinaria funcione, se requiere de impunidad, de mirar para otro lado. Y el dejar hacer convierte al aparato de seguridad entre represor y bárbaro, propicio para el afianzamiento del negocio de la droga y de sus sicarios, los "escuadrones" que va a dar mucho que hablar.
Cafiero ha logrado superar una embestida fenomenal. Si sigue contando con respaldo político, podría comenzar a desmontar los nichos de corrupción policial. Gobierno nacional y provincial, han resuelto hacer intervenir a los federales, gendarmes y prefectos, en una especie de intervención sobre la bonaerense.
Hay quienes temen que el remedio provoque otras enfermedades. Lo dicho, dicho está: sin una reforma política que controle su financiamiento no permitirá sacar a los uniformados de la corrupción. Ahora, todos son golpes de efecto y se verá si sirven para frenar la inseguridad que tiene afluentes sofisticados.
El país supeditado al peronismo
La interna peronista para definir sus pretendientes entra en un tobogán y nadie hoy apostaría que se concreten y no solamente en la fecha prevista, el 24 de noviembre.
La pálida reforma política se limita a la elección del candidato a presidente por internas abiertas. Eduardo Duhalde espera que de allí alga su sucesor; no deberían ser Carlos Menem ni Adolfo Rodríguez Saá: éste ahora lidera encuestas para la interna y en algunos escenarios nacionales.
El delfín del Presidente, el cordobés, José Manuel de la Sota, crece muy lentamente con relación a Rodríguez Saá y Menem. Como el riojano presiente, y no mal, que una interna abierta con efectiva afluencia de independientes, lo dejaría fuera de juego, busca torpedear el cronograma electoral, lleno de deficiencias que pueden ser impugnadas judicialmente.
De hecho, la puja entre los contendientes (debe añadirse al ascendente gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner y al salteño, Juan Carlos Romero), no permite al peronismo (y al gobierno) tener una figura que concite respaldo de los grandes grupos económicos y esperanzas de la gente.
No hay semana que a Menem no le crezcan como hongos los problemas. El destape de las cuentas secretas, lo colocan más cerca de un tribunal, aún el complaciente que tiene este país, que en una boleta electoral. Sus jugadas no logran imponer la iniciativa y las encuestas no le son halagüeñas.
Para peor, gran parte del electorado que aún cree que con Menem estuvo mejor que hoy, se está volcando hacia Rodríguez Saá. Una encuesta en el Gran Rosario, populosa y bajo la miseria espantosa, coloca al puntano arriba en la interna y en la externa. ¿Seguirá dentro del PJ el ex efímero presidente? Aún con esa posibilidad alta, ¿lograría el riojano imponerse como pretendiente?
Con estas perspectivas de rupturas y derrotas, retornan las especulaciones, por ahora teóricas, de que el gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, se anote en la grilla de los pretendientes. Hay una condición: que no haya internas y el peronismo resuelva sus diferencias en la elección nacional, imponiendo la ley de Lemas.
El instrumento electoral es cuestionable legalmente y en el mejor de los casos, requiere de una ley con una mayoría especial solo posible si la vota todo el peronismo y también los radicales.
Las voces de la Casa Rosada afirman que la de Lemas, sería un instrumento contradictorio con el espíritu de la carta magna que pide mayorías claras para el binomio ganador (personas, no partidos) y por eso prevé un segundo turno si en el primero nadie consigue al menos el 45% de los sufragios. O 40% y una luz sobre el segundo de 10 puntos. Nadie lograría ese volumen y surgiría un presidente, débil y, acaso, no el que la mayoría relativa pudiera imponer.
Las llaves de la corte suprema
En todo caso es la Corte la que debería dar la última palabra. El Alto Tribunal tiene en sus manos el destino del gobierno y el país: debe resolver la constitucionalidad de leyes sobre el "corralón" y otras en la esfera económica ya que sin ese respaldo difícilmente haya acuerdo con el FMI y la inflación estaría a la vuelta de la esquina.
Además: los supremos deben decir si el gobierno de Duhalde es o no legítmo; si está facultado a convocar a elecciones, y otras cuestiones políticas que son definitorias. Y last but not the least en poco tiempo las apelaciones a los fallos de que las leyes de impunidad son inconstitucionales, estarán en sus escritorios y por ello el alto mando militar le ha dicho a Duhalde que debe encontrarle una solución.
Es la cámara baja la que decide. Allí debe abordarse el dictamen enjuiciando a los nueve miembros de la Corte. Para que sea rechazado Duhalde debe contar con el respaldo del radicalismo, donde hay pocas ganas de seguir desangrándose y de todo el peronismo. El ARI y la izquierda van por la cabeza de los supremos.
Todos los caminos no van a Roma sino a la Corte. El Presidente, que en enero alentó el enjuiciamiento, cedió finalmente a las presiones a favor de los supremos, que se abroquelaron para hacerle inviable la gestión. Los cortesanos esperan que Duhalde los salve del escarnio. En tanto miran impávidamente cómo se acumulan los problemas.
Lo de la Corte es una de las claves del futuro, al igual que lo medular del Poder Judicial, los jueces federales y si hay o no caducidad de los mandatos. Es el statu quo se ciñe a designar a un nuevo primer mandatario.
Espacio, partidos, cambios
Los coros masivos por que "se vayan todos" se escuchan menos. Quieren reanimarlos los del el espacio que estos días tratan de recrear el ARI, de Carrió, Autodeterminación y Libertad del socialista Luis Zamora y Víctor De Gennaro, el líder del cada vez más influyente Central de Trabajadores Argentinos.
Ensayos anteriores no pudieron superar prejuicios o posturas maximalistas de un sector de la izquierda histórica.
El paso dado por los tres nombrados puede ser importante para movilizar y ampliar las perspectivas de lo que se elija, y si es posible, una constituyente. Pero hoy no es un frente electoral, y tal vez no lo sea. O acaso, si se afirma la tendencia a limitar la elección, pueda volver a hablarse de abstención, para hacer más ilegítima aún a la sucesión de Duhalde.
Importa saber si el espacio del progresismo y la izquierda entiende que no es igual acordar en la acción que ir junto a una elección. Dicho de otra manera: el partido es un instrumento electoral, entre otras cosas, lo que importa es que haya un espacio común que contenga al arco del progresismo, un sector del empresariado nacional, la izquierda y los movimientos sociales que den base de sustentación a un eventual gobierno renovador. O para afianzar una fuerza que impida la regresión.
Aparentemente ese camino se inicia.
No sea cosa que se haga carne lo que se atribuye al independentista jacobino Juan José Castelli: "Si ven el futuro, díganle que no venga".