Un año después de la caída de un gobierno y la agonía del modelo económico, Argentina no sólo es un tubo de ensayo para los organismos multilaterales de crédito, sino para las organizaciones y movimientos sociales que reclaman otro orden económico mundial, otra forma de vida. Y no resulta azaroso que sea así, teniendo en cuenta que en este país las organizaciones de trabajadores y desocupados, pequeños productores en bancarrota, jubilados y pensionados, asociaciones de vecinos animando comedores para niños y ancianos, venían mostrando desde sus lugares los efectos devastadores de la economía con infantes desnutridos, jubilados muertos, fábricas y comercios cerrados y un formidable crecimiento del desempleo. El poder, apegado a las recetas dictadas desde los centros financieros internacionales, ni siquiera puede cumplir con sus mandantes. Hace un año cayó un gobierno débil y timorato, sin base de sustentación, presionado por una oposición agazapada a la espera del desplome, pero también por efecto de la presión social gestada al calor de las movilizaciones que terminaron jaqueándolo.
Durante toda la semana se recordó en el país lo que para muchos significó el comienzo de algo nuevo. Sin una organización centralizada, la protesta reclamando "que se vayan todos" volvió a repiquetear en plazas y espacios públicos. Los piqueteros iniciaron el lunes 16 la marcha federal que llegó a la Plaza de Mayo este viernes 20, divididos en cuatro columnas desde las provincias del norte, noroeste, la región cuyana, la Patagonia y el litoral. Las casi 200 asambleas barriales surgidas en las jornadas de protesta inciaron su marcha sobre la plaza desde sus barrios en el Gran Buenos Aires y la propia capital. Los asambleístas porteños anunciaron un piquete urbano para declarar al microcentro financiero de la ciudad "libre de capitalismo" por algunas horas. Para eso pretenden impedir el paso hacia la Bolsa de Comercio y las entidades bancarias a golpe de cacerola.
Desde comienzos de noviembre los rumores de saqueos planificados para el aniversario del 20 de diciembre ganaron los medios de prensa, que actuaron como propaladores de la versión. Las denuncias sobre sectores ligados al menemismo ofreciendo dinero a piqueteros para asaltar el comercio en los barrios más carenciados del Gran Buenos Aires llegaron a la justicia federal, la misma que aún no encontró la llave para acceder a los responsables políticos directos de la masacre del año pasado. En todo el país los muertos de las jornadas del 19 y el 20 de diciembre fueron 29, con más de 220 heridos y casi 2 mil detenidos. Dos jueces federales investigan los sucesos. María Romilda Servini de Cubría apunta a desentrañar la masacre desatada por la policía federal en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre y Norberto Oyarbide intenta descubrir si existió o no un complot para desalojar a De la Rúa de la Casa Rosada, en una causa más política que penal.
PROLEGÓMENOS
"A la Argentina la dejaron sola el Fondo Monetario Internacional y la administración Bush", aseguran los analistas políticos locales y algunos críticos de la situación nacional. Es cierto. Sin embargo la orfandad del gobierno de Fernando de la Rúa se sintió desde que Carlos Álvarez, su vice, renunció el 5 de octubre de 2000 y la Alianza quedó partida, sin rumbo económico y con una sangría de divisas superior a los 10 mil millones de dólares en pocos meses pese a las negociaciones ante Washington. Los tres ministros de Economía no pudieron encontrar el camino y sólo echaron mano al ajuste y recorte de salarios estatales. José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo fueron incapaces de comprender la crisis social desatada desde los días del menemismo, sus privatizaciones y la corrupción. Convencidos de que era necesario frenar la sangría financiera no atinaron a observar cómo crecía el desempleo, la población se empobrecía hasta la miseria y la mortalidad infantil crecía a paso seguro.
En ese contexto la actividad del movimiento social crecía paralelamente a través de organizaciones no gubernamentales dedicadas a cumplir los roles que el Estado había descuidado, la creciente masa de desocupados convertidos en piqueteros y el descontento de las clases medias que caían vertiginosamente a los estratos inferiores a razón de 2 mil personas por día. Nadie lo recordó, pero el lunes 16 de diciembre se cumplió el noveno aniversario del "Santiagazo", cuando la población de Santiago del Estero la emprendió contra el sistema político incendiando casas de funcionarios y la sede del poder. Era diciembre de 1993 y ya el país había entrado en la pendiente.
DEMOCRACIA DIRECTA
Quizá lo más novedoso en el mundo globalizado donde "la información es poder", como sostiene Alvin Toffler, sea la aparición de nuevas formas para mostrar la realidad y los hechos más allá de la agenda del poder marcada por los grandes medios de comunicación.
Los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kostecki y Darío Santillán a manos de la policía bonaerense el 26 de junio pasado en la estación de trenes de Avellaneda, durante una movilización, fueron registrados cuadro a cuadro por los fotógrafos independientes, lo cual permitió desenmascarar la cínica mentira del jefe del operativo. Según el comisario Alfredo Franchiotti, fueron los piqueteros quienes cargaron con violencia contra las fuerzas de seguridad, obligadas entonces a reprimir. Pero fueron también las cámaras de televisión y de video las que permitieron un registro pormenorizado del caos asesino montado por la policía federal en las jornadas del 19 y el 20 de diciembre de 2001. Las imágenes valen más que mil palabras, suele decirse a modo de eslogan. El pasado 21 de noviembre, las cámaras del director de cine canadiense Avi Lewis, esposo de la periodista Naomi Klein, autora del libro No logo, registraron el momento en que policías federales destruían la placa en memoria de Gustavo Benedetto, uno de los caídos en la jornada del 20 de diciembre pasado, frente al Banco hsbc y la embajada de Israel, sobre la Avenida de Mayo. Lewis ya había filmado una suerte de biografía del joven que fue asesinado por las balas del jefe de la custodia del banco, Jorge Varando, un teniente coronel retirado que en 1989 tuvo a su cargo la desaparición de los cuerpos de los jóvenes Iván Ruiz y José Díaz, dos de los atacantes del cuartel de La Tablada. A las tres de la madrugada las cámaras de Lewis captaron el momento en que los policías federales destruían la placa colocada por los familiares y amigos del joven. Con ese material fílmico fueron exonerados de la fuerza pública por el secretario de Seguridad.
La imagen se convirtió en protagonista de numerosos hechos en los últimos diez años. No sólo documentó con cámaras ocultas actos de corrupción entre el poder público y el privado. "Para los medios la imagen es una mercancía para venderse, para nosotros es un acto de libertad, algo mucho más valioso", sostiene Fernando Krichmar, un documentalista. En general fue una herramienta eficaz para los movimientos sociales surgidos ya en los años del menemismo. Grupos de documentalistas saltaron de las escuelas de cine con una explosión de producciones de bajo costo.
En setiembre de 2002 se realizó en Buenos Aires el primer Festival Internacional de Documentalistas de Tres Mundos, y en noviembre los trabajos seleccionados fueron exhibidos en Córdoba, donde se anunció que en 2003 la muestra se llevará a cabo en Sudáfrica. En rigor el movimiento de cine documental se corporizó en 1996 cuando varios directores ligados a la escuela de cine y video de Avellaneda decidieron unirse para intercambiar experiencias a propuesta del realizador Miguel Mirra. La experiencia de este movimiento reconoce sus bases en los buenos trabajos de Claudio Remedi, del grupo Boedo Films, realizador de Agua de fuego, el documental donde se registran los primeros escarceos del movimiento piquetero en 1996, cuando la privatización de la petrolera estatal ypf había dejado vacíos de obreros los pozos en Cutral Có y Plaza Huincul, en la patagónica provincia de Neuquén. En esos días aún no se hablaba de piqueteros sino de "fogoneros", aquellos desocupados que encendían fogatas sobre las rutas y los accesos urbanos para llamar la atención del país sobre lo que en poco tiempo iba a abatirse sobre varias provincias: la aparición de pueblos fantasmas por las empresas quebradas y el cierre de los ramales ferroviarios, ordenado por los nuevos dueños de los trenes, las trasnacionales y sus testaferros locales.
En ese sentido pudo verse en el Primer Festival de Escuelas de Cine de Iberoamérica, celebrado en Buenos Aires bajo la atenta mirada del argentino Fernando Birri y de Gabriel García Márquez desde su Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, un predominio del documental por sobre la ficción. Para Luis Sepúlveda, uno de los organizadores, "todo lo que está ocurriendo en Argentina y en el resto del continente latinoamericano con Venezuela, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador, México y Perú indica a las claras que el documental, un género que se puede desarrollar a muy bajo costo, sirve como registro histórico para la memoria de un pueblo y como producción estética".
La contrainformación, como la denominan sus protagonistas, surgió contestataria al mensaje de los grandes grupos de comunicación cada vez más concentrados en pocas manos y asociados a grupos multinacionales. Estudiantes universitarios, periodistas desocupados o subocupados, grupos sociales organizados, todos ávidos de acceder a la información que no se agenda en los diarios nacionales o provinciales dominados por poderosos grupos económicos o caudillos políticos. En los días de diciembre de 2001 fue la calle el espacio público donde muchos argentinos volvieron a descubrir que existía otro país más allá de la agenda marcada por los medios masivos de comunicación. "Porque los medios privatizados en la era menemista nos privatizaron la mirada", aseguran los integrantes del colectivo Argentina Arde, integrado por periodistas, reporteros gráficos, artistas, docentes y vecinos que rompieron el cerco informativo en el que estaban confinados por el cuarto poder. Las asambleas barriales y los piquetes como espacios democráticos directos reclaman otra forma de comunicarse, otro poder. El rol de Internet, en este sentido, resultó preponderante, si bien en Argentina la cantidad de ciudadanos que pueden acceder a la red virtual apenas alcanza a 5 millones, de los 38 que pueblan el país. El Foro de Medios Alternativos (Fodema) incluye a las radios de baja potencia de buena parte de la capital y sus alrededores, las agencias de noticias generadas por vecinos y estudiantes para propagar y conocer las actividades de los grupos barriales en todo el país, olímpicamente ninguneados por los grandes medios. Se supone que este nuevo paraguas de información e intercambio cobija a más de siete millones de ciudadanos en todo el país que participan activamente en alguna actividad social.
CON LA IMPRONTA DEL PERONISMO
Carlos Ruckauf ambiciona la presidencia desde que secundó como vice a Carlos Menem en las elecciones de 1995. Como gobernador de Buenos Aires de la mano de Eduardo Duhalde, el dueño del peronismo provincial, decidió jugar a fondo contra De la Rúa desde el primer día de mandato en 1999. Todo el peronismo fue descubriendo las falencias y contradicciones del nuevo gobierno. Los gobernadores aprovechaban para reclamar fondos y planes sociales ante el hambre y la miseria crecientes, los senadores reorganizaban el tablero de poder interno en silencio y los diputados apuntaban advertencias hacia el gobierno con zancadillas parlamentarias, mientras acompañaban los pedidos desesperados de De la Rúa reclamando poderes especiales para Cavallo. El presidente enfrentaba solo al Poder Legislativo en manos del peronismo que hacía tiempo, mientras esperaba el momento oportuno para volver.
El 14 de octubre de 2001 las elecciones parlamentarias reforzaron el poder de la oposición, propinando una derrota a la Alianza. Los votos en blanco e impugnados resultaron ganadores con casi el 40 por ciento de preferencias, pero el peronista Eduardo Duhalde y el radical Raúl Alfonsín resultaron electos senadores por la provincia de Buenos Aires, el distrito de mayor peso político y económico del país. Ambos simpatizaban en su fobia a Carlos Menem y De la Rúa respectivamente, y manejaban sus aparatos políticos con poder de movilización. "O cambia el presidente o cambiamos al presidente", fue la advertencia de Duhalde apenas ungido senador. El empresariado, beneficiado por la miel de la convertibilidad durante el menemato, reclamaba ahora la devaluación abiertamente y se dividía entre empresarios "productivos" y "financistas".
Cuando el 3 de diciembre Domingo Cavallo anunció el corralito financiero, la situación se desplomó. La economía marginal dependiente del circulante efectivo dejó caer a la masa de trabajadores en negro, que solamente sobrevivía con changas y trabajos ocasionales, y la crisis social terminó de precipitarse.
El 15 de diciembre los primeros saqueos en Concordia (Entre Ríos), Córdoba y Mendoza hacían recordar una circunstancia sospechosamente similar. En julio de 1989, el otro radical, Raúl Alfonsín sufrió los saqueos en Buenos Aires y Entre Ríos a poco de que el peronista Carlos Menem asumiera la presidencia. Esta vez las cámaras de televisión registraban a la polícia bonaerense conteniendo a los dueños de los pequeños mercados que veían cómo miles de hambrientos y pícaros deshacían sus comercios. La mano del aparato político peronista no tardó en mostrarse. Desde el gobierno instaban a la oposición parlamentaria a sentar las bases de un cogobierno de unidad nacional, pero desde la bancada de diputados le respondieron negativamente. Los gobernadores peronistas cercaban a Cavallo reclamándole fondos si quería cerrar su acuerdo con el FMI y en el Senado el peronista Ramón Puerta se calzaba la banda como presidente provisional. El 19 de diciembre Fernando de la Rúa decretaba el estado de sitio, aunque sólo logró que la poblacion volviera a tomarlo como un chiste y saliera a la calle a repudiarlo. Veintinueve muertos y trescientos heridos fue el saldo de las jornadas. El peronismo ocupó el centro de la escena nuevamente sobre los cadáveres y la violencia. Puso cinco presidentes en menos de diez días, hasta que las cuentas entre los caciques se saldaron o fueron pospuestas, y llegó el turno de Eduardo Duhalde. El acuerdo entre peronistas y radicales bonaerenses funcionó. Más allá de las urnas, el peronismo volvía a caballo de la violencia.
LO NUEVO
Un año atrás la cta demostraba su poder de convocatoria en todo el país con un acto electoral. Entre el 13 y el 17 de diciembre, el Frente Nacional Contra la Pobreza (Frenapo), con la cta como alma mater, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y barriales de todo el país, habían convocado a un plebiscito en todas las plazas del país para votar un incremento salarial, seguro de desempleo y formación, y un aumento de las jubilaciones y pensiones. Bajo la consigna "Ni un hogar pobre en la Argentina", más de 5 millones de personas votaron a favor del programa sindical, pero los saqueos del 18 y el 19 de diciembre y la caída del gobierno el día siguiente eclipsaron aquella demostración de voluntad social.
La cta venía organizándose desde los días del gobierno menemista como la oposición alternativa y no funcional al modelo. En ese sentido, alcanzar la personería jurídica y sindical en los días de gobierno delarruista le dio plena representación al millón de afiliados que ostenta entre trabajadores ocupados y desocupados. En las postrimerías del gobierno de Menem, se produjeron algunos chispazos comunes con el Movimiento de Trabajadores Argentinos (mta) liderado por el camionero Hugo Moyano y el colectivero Juan Manuel Palacios. Incluso llegaron a convocar junto a la cgt oficialista a un paro contra las medidas económicas de Cavallo primero y Roque Fernández después. Con las huestes de Moyano se produjeron acercamientos hasta bien entrado el gobierno de Fernando de la Rúa, pero la decisión de Moyano de aceptar la conducción de la cgt de manos de Rodolfo Daer, terminó por impedir cualquier intento de fusión. Ya en esos días de 1999, los sindicalistas ostentaban un lánguido 8 por ciento de credibilidad en las encuestas, fruto de las agachadas durante las privatizaciones menemistas de 1990 en adelante. El primer escalón hacia el "que se vayan todos" comenzaba a mostrarse.
Sin embargo, en el universo sindical fue la cta la primera en esbozar el concepto de "trabajador desocupado", como forma de incorporar a los excluidos de la "revolución productiva menemista". De ahí la cercanía de la central obrera con los movimientos de desocupados y piqueteros en todo el país, más allá de las diferencias ideológicas. En un país organizado en la última década sobre la destrucción del aparato productivo y el florecimiento de los servicios y el sector financiero, no resultaron solamente afectados los trabajadores con un salto del 8 por ciento del desempleo en 1989 a un 23 por ciento en mayo de 2002. La quiebra de más de cinco mil pequeñas y medianas empresas desde la llegada de la convertibilidad en 1991 hasta el cese del menemismo en el poder en 1999, dejaron a la vera de la ruta tanto a propietarios como asalariados. La organización, desde 1992, de la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), potenciada por los encuentros provinciales donde confluían junto a pequeños comerciantes y trabajadores desempleados para encontrar formas de sobrevivir al vendaval neoliberal, permitió empezar a generar nuevas redes de contención social y acercamientos entre sectores otrora enfrentados. En distintas provincias como Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Formosa, Corrientes, La Pampa y Río Negro, los productores y comerciantes de cada pueblo enfrentaban las clausuras fiscales, los remates de campos hipotecados y el cierre de fábricas. Así surgieron, frente a la crisis, organizaciones como Mujeres en lucha, nucleando a las esposas de pequeños chacareros en defensa de sus tierras, único sustento para sobrevivir. En ese sentido, la presencia de la cta en esas organizaciones sociales surgidas de la crisis sirvió como integración de aquellos lazos sociales rotos por las políticas menemistas.
Ahora, apurado por un país en llamas y mirándose en el ejemplo brasileño de Lula y el pt, el Congreso nacional de la cta decidió el 12 y el 13 de diciembre pasados apostar a la creación de un movimiento político, "cansados de las traiciones hacia los trabajadores y el pueblo". Quizá un paso hacia la renovación política reclamada desde piquetes y asambleas de cara a las elecciones de abril próximo.