Una batalla campal por la clínica cordobesa

Hubo más de 50 presos, entre ellos dos legisladores de Izquierda Unida. Un escrache en Capital.
Ayer mismo hubo un escrache de protesta en la Casa de Córdoba.

Con disparos de balas de goma y chorros de agua, rompiendo vidrios y pegando palazos, la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba desalojó en la madrugada de ayer una clínica ubicada en el centro de la ciudad, que estaba tomada por el personal que reclamaba la continuidad de sus fuentes de trabajo. En medio de la represión, la Policía detuvo a dos legisladores de Izquierda Unida junto a unas 50 personas, muchas de las cuales seguían detenidas a pesar de las protestas que se organizaron ayer por la tarde.
El Instituto Privado de Neonatología, ubicada en calle Deán Funes al 400, había ido declarado en quiebra por el Juzgado en lo Civil y Comercial 52. Los médicos, enfermeros y el resto del personal, al que se le debían tres meses de sueldo, decidieron ocupar la clínica para reclamar la continuidad de su trabajo. Sin embargo, el fiscal Gustavo Sandoval reclamó el desalojo.
En la madrugada de ayer, la Policía se dispuso a cumplir las órdenes de la Justicia y entró por la fuerza a la clínica, disparando balas de goma. "Entraron de golpe. Fue una represión durísima. Entraron disparando balas de goma, rompieron cosas, casi no dejaron muebles en pie", relataba ayer una fuente de Izquierda Unida que presenció el episodio. "Fue un aparato represivo gigantesco, que incluyó la acción de bomberos y guardia de infantería. Destrozaron la puerta de la clínica, donde estaban internados varios pacientes. Golpearon salvajemente a los compañeros que aseguraban el funcionamiento de la clínica, en un hecho violentísimo que muestra a las claras que la policía de (José Manuel) De la Sota está para reprimir al pueblo y nada más", completó el diputado provincial Pablo Alvarez.
La Policía detuvo a los ocupantes de la clínica, a quienes trasladó a la Comisaría 1ª de la capital provincial. Según datos de la fuerza, aún permanecían detenidos 41 trabajadores, luego que el fiscal Gustavo Sandoval, interviniente en la causa, dispusiera la libertad de 16 empleados. En la Policía informaron que los obreros están procesados por "usurpación", mientras que los militantes sindicales y partidarios están acusados de "resistencia a la autoridad".
Pero, además, entre los detenidos se encontraban los legisladores provinciales de Izquierda Unida Liliana Olivero y Pablo Alvarez. Según denunciaron fuentes de la agrupación, fueron liberados a las tres de la madrugada de manera irregular: la Policía –según acusaron– se negó a registrar su ingreso en la comisaría. Pero, además, aún permanecían detenidos un dirigente del Partido Comunista, Juan Pablo Figueroa, y otro del Partido Obrero, Eduardo Salas, además del sindicalista de Luz y Fuerza, Luis Basán.
Los repudios no tardaron en llegar. Unos 800 militantes del PO, Izquierda Unida y otras agrupaciones se nuclearon ayer por la tarde en la puerta de la comisaría de Córdoba. La legisladora provincial Liliana Olivero aseguró: "Estamos reclamando, junto a dirigentes de gremios que se han solidarizado con los trabajadores de la clínica, que se libere a los compañeros y empleados detenidos. No nos vamos a retirar hasta que se aclare esta situación".
Pero la protesta no fue sólo en Córdoba. Piqueteros, militantes del PO, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Comunista, junto a organismos defensores de los derechos humanos, se concentraron en la Casa de la Provincia de Córdoba, en Capital Federal, para exigir "la libertad y desprocesamiento de 54 personas detenidas durante la ocupación de una clínica cordobesa cuyos propietarios anunciaron la quiebra hace 48 horas".
Frente al edificio de Callao y Sarmiento, los militantes explicaron el reclamo. "Repudiamos la represión sufrida anoche por trabajadores de la clínica privada Halac y manifestantes de izquierda que se solidarizaron con la ocupación y exigimos la liberación de los detenidos luego de la brutal represión. Es un abuso por parte de la policía de (José Manuel) Dela a Sota que debe resolverse cuánto antes", concluyó la legisladora porteña Vilma Ripoll