 Argentina: La lucha continúa |
CORREPI - BOLETIN INFORMATIVO
Numero 197 - Diciembre 14/21 de 2002
SUMARIO
1- ¿Quién dio la orden?
2- El 20 de diciembre, los organismos y la represión
3- CORREPI y la organizacion popular
4- El fiscal Romero del gobernador Solá
5- Impunidad a la genovesa
6- Siguen usando a los policías muertos
7- Próximas Actividades
¿QUIÉN DIO LA ORDEN?
El 26 de noviembre, luego de la multitudinaria manifestación antirrepresiva
convocada bajo la consigna ORGANIZACIÓN Y LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN, quedó una
pregunta sin respuesta: ¿Quién dio la orden para que más de veinte mil personas
fueran detenidas en el cruce del Puente Pueyrredón, e impedidas de continuar
su tránsito durante siete horas?
Mientras el jefe del operativo Capuchetti hablaba de una "orden de la jueza
federal", fue finalmente el ministro del interior quien replegó a las fuerzas
de seguridad, como resultado de un mecanismo de presión múltiple: los compañeros
en el puente no retrocedieron, hubo cortes y piquetes en diversos lugares
del país exigiendo que nos liberaran el paso, y el país entero pasó el día pendiente
de la pulseada con el poder. En ese marco, los compañeros de la comisión que
se reunió con Matzkin lograron torcerle el brazo sin ceder un centímetro, sin
firmar acuerdo alguno ni aceptar condiciones.
El pasado viernes 6 de diciembre CORREPI, con la firma de los compañeros Gabriel
Lerner, Maria del Carmen Verdú, Gerardo Etcheverry y Daniel Straga denunciaron
ante la justicia federal lo ocurrido, haciendo eje en que, como el 26 de junio,
nadie se hizo cargo de haber dado desplegado el aparato represivo conjunto de
la federal, la bonaerense, prefectura y gendarmería.
La acción, radicada ante el juez Canicoba Corral, sostiene que el aparato
represivo bloqueó el paso y lo mantuvo obturado durante horas generando un corte
de ruta que ningún manifestante tenía previsto. Esta violacion al derecho de
reunión, petición y de transitar libremente hasta el destino final de la marcha,
de acuerdo a los distintos funcionarios involucrados, no fue ordenada por nadie.
Desde el punto de vista juridico institucional, los responsables del bloqueo
al Puente Pueyrredón son responsables de haber violentado el Preámbulo, Artículo
14, 14 bis, 16 y 33 de la Constitución que garantizan el derecho a la libertad
de expresión, que integra el “orden público democrático” y que comprende manifestaciones,
mitines, movilizaciones, derecho de petición, etc. A su vez el derecho a la
libertad de reunión ha sido reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en
la Convención Americana y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos.
Al vulnerar la libertad de expresión el Estado compromete los derechos de petición,
reunión y manifestación que están garantizados en la Constitucion Nacional.
Y la prohibición que padecieron miles de manifestantes de peticionar, expresarse
y circular, esta tipificada en el art. 248 del código penal que penaliza
al “funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las
constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones
de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
El martes 17 ratificaremos la denuncia, exigiendo que se hagan cargo el
Ministro del Interior, el de Seguridad, el Jefe de Policía y la jueza.
EL 20 DE DICIEMBRE, LOS ORGANISMOS Y LA REPRESIÓN
Ha sido ampliamente difundida por los medios la iniciativa de un grupo de los
organismos de DDHH históricos que pidieron reunirse con el Ministro de
Justicia y Seguridad Juan José Alvarez y el provincial Juampi Cafiero para pedirles
que el 20 de diciembre se "reprima dentro de la legalidad", como lo afirmó
-quizás sin darse cuenta de lo que decía- el periodista Nelson Castro.
Simultáneamente otras agrupaciones como Poder Ciudadano o el Colegio de
Abogados, se ofrecieron a "mediar" -en una fantástica manifestacion
de la siniestra "teoría de los dos demonios"- entre las dos "partes enfrentadas", las
fuerzas represivas y las organizaciones populares, en especial las piqueteras.
El Bloque Piquetero Nacional y otros sectores piqueteros rechazaron
obviamente este ofrecimiento nada inocente.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga por los Derechos Humanos,
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Familiares de Desaparecidos y Detenidos
por Razones Políticas se reunieron con Alvarez y le presentaron un texto abundantemente
circulado por la red en el que, si bien responzabilizan al estado por cualquier
agresión a los manifestantes, admiten el derecho del estado a montar su operativo,
siempre y cuando se les informara quiénes serán los oficiales a cargo, qué armas
y vehículos se utilizarán, cómo se instrumentará el despliegue de fuerzas, etc.
También reclama el texto conjunto que los policías porten sus chapas identificatorias,
que vistan de civil y usen vehículos identificables, que graben las comunicaciones
telefónicas o vía trunking, que no formen parte del aparato represivo aquellos
que reprimieron en jornadas anteriores o los investigados por "brutalidad policial".
En fin, como interpretó el periodista, "que repriman dentro del marco legal".
CORREPI fue invitada a participar de la reunión y a suscribir el documento.
Respondimos que no nos sentamos a la mesa de los represores y asesinos de nuestros
compañeros para negociar hasta dónde y en qué condiciones nos van a reprimir.
Algún confundido quiso comparar esta reunión con la realizada el 26 de
noviembre con Matzkin durante la pulseada del puente, o con otras situaciones
como la intervención en la defensa de presos políticos, luchadores sociales,
reclamos de condenas a asesinos, etc. Creemos que es tan obvia la diferencia
entre las habituales confrontaciones que sostenemos con el estado en cualquiera
de esas circunstancias y la de ir por anticipado a preguntar con qué balas nos
van a tirar -o a "exigir" que sólo sean de goma- que no es necesaria mayor precisión.
La ingenuidad de las "inquietudes" les debió saltar a la cara cuando el "Juanjo"
les explicó que no es que no quieran identificarse, sino que la chapa identificatoria
se les cae de los chalecos antibalas por la dureza del material...
Seguramente quedaron satisfechos cuando les prometió que los implicados
en las masacres del 20 del año pasado o del Puente Pueyrredón no formarían parte
del operativo represivo. CORREPI quiere recordar a los "organismos" que,
en ese caso, no podría participar ningún miembro de la Policia Federal,
porque en la matanza de Plaza de Mayo -donde cayó nuestro Petete Almirón-
intervino toda la institución. No admitimos la remanida teoria justificatoria
de que en la fuerza hay policías malos que reprimen y buenos que cruzan a los
cieguitos. Tampoco el propio Alvarez o el mismo Duhalde, corresponsables de
la masacre del 26 de junio, tendrían que "tener permiso" de intervenir...
Otra de las peticiones que los "organismos" le hicieron a Alvarez es que se
determine el armamento con que los canas nos van a reprimir. Es decir, que se
sepa qué municiones serán empleadas y que no usen otras armas que las reglamentarias. O
sea, que en el futuro se sepa que el policía tal o cual disparó el proyectil que
fusiló a tal o cual manifestante, para que si la cosa se complica con molestas
causas judiciales no vaya a ser que carguen los jefes políticos con las responsabilidades.
"Hicimos un pedido de informes formal porque creemos que eso ayudará a controlar
que todo se desarrolle dentro de la ley", indicó Gustavo Palmieri del CELS a
la prensa. El CELS, la Liga, los Familiares, Amnistía, Abuelas, Madres Línea
Fundadora, asumieron la máxima del General Peron: "Dentro de ley, todo".
Aún los muertos del pueblo.
LA CORREPI Y LA ORGANIZACION POPULAR
La CORREPI, en vez de negociar con el gobierno, se ha sentado a discutir con
las organizaciones populares la manera de coordinar esfuerzos para defendernos
de la represion. Propusimos un esquema mínimo para formar una red
de comunicaciones e información dentro de un marco de autodefensa popular que
fue aprobado por el Bloque Piquetero Nacional y otras organizaciones
que se movilizarán.
Con la coordinación que estableceremos entre CORREPI, CeproDH, Indymedia,
Argentina Arde, la Agencia de Noticias REdAcción, HIJOS, Frente HIJOS Gran
Buenos Aires, y otros compañeros, dispondremos del relevamiento permanente
de los acontecimientos en los distintos lugares de concentración y movilización,
haciendo circular información confiable entre todas las columnas.
A través de diferentes medios se centralizará la información en varios teléfonos
de linea que daremos a conocer en la semana, para, a su vez, difundirla
a una red de telefonía móvil y al periodismo del pueblo con el objetivo de contrarrestar
la represión.
EL FISCAL ROMERO DEL GOBERNADOR SOLA
La Plata tiene un fiscal general que no escapa a las generales de la
ley, pero se destaca por sus posiciones fascistas. Fundamentalmente responde
a las directivas del ejecutivo de turno. En agosto del año pasado, cuando el
MTR molestaba mucho la paciencia de Ruckauf, este representante del Ministerio
Público instruyó a su subordinado Heredia para armar la causa del Ministerio
de Trabajo con la que tuvo presos durante un mes a 57 compañeros del Teresa
Rodríguez. Romero, a las dos de la mañana del 5 de agosto de 2001, se apersonó
en la fiscalía nº 1 para "supervisar" la indagatoria del referente nacional
del MTR, y hasta el presente ha fogoneado la continuidad de esa causa, reducida
a un ridículo "atentado a la autoridad".
Ahora, y apoyado en las palabras del gobernador Felipe Solá, quien dijo
que cualquier intento de recuperación de alimentos sería considerado delictivo
en la provincia, el fiscal Romero salió a exigir a los fiscales que califiquen
el accionar de los pobres como "sedición".
Solá advirtió que los saqueos "son una cuestión penal y no social", y el "chirolita" Marcelo
Romero hizo su aporte a la criminalización de la protesta social. Dijo que "los
ideólogos y los que organizan o comandan este tipo de acciones criminales
deben ser imputados por el delito sedición", reclamando a sus fiscales
subordinados que tengan "testículos" para hacerlo. Casualmente, es mismo
delito con que los jueces salteños -de la mano de otro Romero, el gobernador
de Salta y candidato a vice de Menem- imputaron a los piqueteros en Tartagal
y Mosconi.
Regocijando al periodista de Radio 10 que lo entrevistaba Romero afirmó convencido que
hay que meter presos a todos aquellos "que sea necesario", incluidos los
abogados que asesoran a los piqueteros. ¿Los que sean necesarios para
qué? Para disciplinar a los revoltosos que joden a los poderosos.
Nada novedoso, en realidad, como tampoco lo es la amenaza a los compañeros abogados.
Ya en octubre de 1995 nuestro compañero Leon "Toto" Zimerman fue detenido como
"cabecilla" de una asociación ilícita integrada por cuatro curas y las familias
que ocupaban el predio entonces conocido como La Sarita, luego Asentamiento
Agustín Ramírez. En esa ocasión no fue Romero sino el juez Gonzalez Eliçabe,
que para el caso, tanto da.
IMPUNIDAD A LA GENOVESA
El 20 de julio del año pasado, durante la represión a las manifestaciones
globalofóbicas desarrolladas en Génova en repudio de la reunión del Grupo de
los 8, el carabinero Mario Placanica (22 años) disparó en la Piazza Alimonda
contra el manifestante Carlo Giuliani (23 años) y lo mató.
Recientemente, el fiscal a cargo de la investigación de los hechos solicitó
el archivo del proceso sin ser elevado a juicio. El argumento fue que “Placanica
tenía la justificada percepción de estar en peligro de muerte” y, en consecuencia,
mató a Giuliani en legítima defensa.
El carabinero, por su parte, declaró que seguirá prestando servicios y
que sus compañeros lo habían “ayudado a no pensar en aquel momento”. El abogado
de la familia del manifestante asesinado ha declarado que “No existía proporción
entre el riesgo de agresión y el uso mortal de las armas, necesaria para la
legítima defensa “ y reclamó la realización del juicio oral. El padre de Giuliani
coincidió con el reclamo y manifestó que no estaba dispuesto a reconciliación
alguna.
Entre los políticos italianos, quien era ministro del interior al momento del
homicidio, Claudio Scajola, afirmó que “estábamos seguros desde el primer momento:
es legítima defensa”, mientras Vittorio Agnoletto sostuvo que se trata de “una
tentativa inaceptable de autoabsolución por parte del Estado, para evitar que
en un proceso público emerjan las responsabilidades de la policía, del gobierno,
de los carabineros”.
Este hecho, una vez más, nos muestra la universalidad del rol de las fuerzas
policiales y de seguridad y de los mecanismos utilizados para su impunidad,
garantizada por el Estado.
SIGUEN USANDO A LOS POLICIAS MUERTOS
Nuevamente, tras la muerte de dos policías que entablaron un tiroteo en un colectivo
en la zona de Constitución, los jefes de la Policía Federal Argentina aprovecharon
para usar ese hecho para el blanqueo de la institución. Así, en la ceremonia
realizada en el Panteón Policial de la Chacarita, con la presencia del Ministro
Juan José Alvarez, el Comisario Sergio Russo, jefe de la División Robos y Hurtos
(dependiente de la Superintendencia de Investigaciones) a la que pertenecían
los fallecidos, declaró que “la sangre de los caídos sirve para luchar con más
fuerza contra el delito” (se olvidó de aclarar “ajeno”).
El Jefe de la PFA, Comisario General Roberto Giacomino, sobreactuó aún más al
afirmar que “día a día seguimos entregando la vida de nuestros hombres para
proteger a la comunidad de la delincuencia cada vez más miserable.” Como de
costumbre, una cosa es “la comunidad”, otra “la delincuencia” y otra la PFA,
“al servicio de la comunidad” cuando no es parte de ella y jamás relacionada
con quienes cometen delitos.
Dado que Giacomino es el mismo que se atrevió a sostener que no había pruebas
de que ningún policía federal fuera responsable por los homicidios del 20 de
diciembre, no nos sorprende que se haya atrevido a declarar que “queremos que
sepa toda la comunidad que seguiremos actuando dentro de la ley.”
El Jefe de la PFA, haciendo caso omiso de las pruebas aportadas aún desde el
propio aparato estatal (recuérdese la Comisión investigadora de procedimientos
policiales fraguados, conformada por Fiscales y funcionarios de la Procuración
General de la Nación, que se vio obligada a iniciar una causa penal contra decenas
de policías – muchos de los cuales pertenecían también a la Superintendencia
de Investigaciones - responsables de fraguar operativos policiales), pretende
limpiar en una frase la frondosa actuación criminal de la institución. ¿Alguien
se lo creerá?
A un año de los crímenes del 20 y 29 de diciembre, año durante el cual nuestro
pueblo sufrió el mayor número de asesinatos a manos de fuerzas policiales y
de seguridad, todavía se dan el gusto de hacer estas declaraciones.
PROXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 16, 19:00: En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los Dres. Daniel
Straga y Gerardo Etcheverry por CORREPI participarán de la presentación del
proyecto de derogación de la ley 23.950 (averiguación de antecedentes) en la
ciudad, suscripto por los diputados Alexis Latendorff (piquete socialista)
y Patricio Etchegaray (Izquierda Unida).
Lunes 16, 19:30: En la fábrica IMPA, Querandíes entre Pringles y Rawson,
el periodista Miguel Bonasso presentará su libro sobe las jornadas del 19 y
20 de diciembre, "El Palacio y la Calle". Participarán diversas organizaciones
populares y familiares de las víctimas. Por Correpi, la compañera María
del Carmen Verdú y la familia y compañeros de Petete Almirón.
Martes 17: Los compañeros Verdú, Stragá y Lerner ratificarán la denuncia por
los hechos del 26 de noviembre ante la justicia federal.
Viernes 20: Movilización popular. La CORREPI se concentra en Plaza Constitución
para luego incorporarse a la columna Petete Almirón que avanzará desde la
zona sur.
29 de Diciembre, 19 hs. Gaona y Bahía Blanca a un año de la
Masacre de Floresta.
CORREPI
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional correpi@fibertel.com.ar
BOLETINES
ATRASADOS Y OTROS DOCUMENTOS, y texto completo del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS
MUERTAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA ARGENTINA 1983/2001, en:
http://groups.yahoo.com/group/correpi-informacion
