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Con la única misión de mantener sus puestos de trabajo para alimentar a sus familias y convencidos de que es casi imposible conseguir un empleo, obreros de unas 1.800 empresas que cayeron en quiebra tomaron el control del negocio para evitar su desaparición.
Las finanzas de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas se desplomaron en los últimos años al depresivo ritmo de una profunda crisis económica que ya dejó a una de cada cinco personas sin empleo y a más de la mitad de la población en la pobreza. 'Lo que nosotros hicimos fue una cosa de locos. Solamente un loco puede hacer eso considerando que nosotros no teníamos contacto con los clientes ni nada', dijo Horacio Campos, de la metalúrgica Impa, que desde hace cuatro años es gestionada por los trabajadores. 'Lo hicimos por desesperación. No teníamos adónde ir y nos jugamos. Nos salió bien y hoy podemos contar el cuento', agregó Campos, que antes se desempeñaba como mecánico en laminación.
Según la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina, unas 1.800, de un total de 200.000 pequeñas y medianas empresas en el país, son manejadas por sus empleados luego de haber quedado a la deriva cuando sus titulares las dejaron en bancarrota. Una vez que una empresa ha caído en quiebra, los trabajadores pueden pedir al gobierno que la transforme en una cooperativa para evitar la liquidación de los activos. Obtenido ese permiso, la empresa es ya de los empleados y no puede ser reclamada por los anteriores dueños.
Durante la segunda mitad de la década de 1990, la creciente presión tributaria impuesta por los gobiernos para financiar su déficit, una constante alza en el costo de los servicios públicos, las altas tasas de interés y la pérdida de mercado frente a las importaciones -con un régimen cambiario que las beneficiaba- dejaron a las firmas locales sin oxígeno. A esta situación se sumó la inestabilidad política que sufre el país desde mediados del 2000, lo que generó una retracción en el consumo interno, una situación letal para las empresas. 'Sus propios dueños no intentan recuperar la empresa dada la inestabilidad económica y financiera del país y entonces son los mismos obreros, por la necesidad obvia de mantener las fuentes de trabajo, que se lanzan a esta propuesta', dijo el titular de Fedecámaras. 'Pero si no tienen los recursos necesarios ni el financiamiento necesario, van a hacer esfuerzos que lamentablemente pueden ser inútiles en un futuro, si no se resuelve la problemática de la política económica integral', agregó.
Todos cobran lo mismo
Creada con capitales alemanes a principios del siglo XX, la metalúrgica Impa empezó a funcionar en Buenos Aires como cooperativa en 1961, pero era administrada por una comisión cuyos miembros, según Campos, no respetaban el espíritu cooperativista, y desde 1997 'empezaron los problemas con los sueldos'. 'Nos hacían esperar hasta las 5 o 6 de la tarde para darnos unos pesos: a veces no nos daban nada y otros nos daban dos, tres o cinco pesos (en momentos en que estaba vigente en el país un sistema de convertibilidad según el cual un peso equivalía a un dólar)', contó Campos. Finalmente, unas 50 personas, entre trabajadores y otros que habían sido despedidos, tomaron la fábrica durante 18 días hasta que la comisión directiva terminó aceptando que sean los propios trabajadores quienes controlen la empresa. Hoy, en Impa, que fabrica pomos envases y papel de aluminio, las decisiones son tomadas por un grupo de consejeros trabajadores. 'Y si la decisión es muy seria se resuelve en la asamblea, que está integrada por todos los asociados, que son los trabajadores', explicó Campos. En Impa, todos los trabajadores cobran lo mismo, sin importar el cargo que ocupen. 'Aquí no se dice sueldo o salario, sino retiro a cuenta de resultados. De acuerdo con la facturación que se hace, uno va a mejorar. Si mejora la facturación, va aumentando lo que recibe cada uno', señaló Campos. En los últimos meses, cada empleado se llevó entre 750 y 800 pesos por mes, pese a que la empresa aún sigue pagando deudas que dejó la administración anterior. Con 150 obreros e ingresos de alrededor de 152.000 dólares, frente a los 200.000 dólares que obtenía en 1997, Impa se convirtió en el modelo a seguir para otras empresas autogestionadas. Y, además, es conocida como 'la fábrica cultural', porque destina un sector de sus instalaciones a distintas actividades culturales, como talleres de plástica, cerámica, idioma, música y proyecciones cinematográficas.
Más reciente es la historia de la imprenta Chilavert Artes Gráficas, ubicada en el popular barrio de Pompeya. Las instalaciones pertenecían a la empresa Gaglianone S.A., empresa familiar fundada por un inmigrante italiano en 1923. Pero en mayo de 2002, el propietario presentó la quiebra. Sus trabajadores decidieron formar una cooperativa y reabrieron las puertas esta semana. 'En realidad no fue algo que planeamos, no tuvimos más remedio que hacer esto. La situación en que nos quedábamos nosotros con el cierre de la empresa era terrible y con una deuda de salario enorme. Quedábamos en la calle, sin nada', dijo Ernesto González, empleado de la imprenta. 'No nos dejaron más alternativa. De la quiebra no íbamos a cobrar nada y aunque cobráramos, eso se iba a acabar pronto y conseguir un trabajo ahora es casi imposible', agregó.