La Corriente Alterna
Semana movida para el Ministerio de Fomento. Las obras del AVE traen de cabeza al ministro Cascos. Y para ganar algo de imagen perdida no han podido tener mejor idea en su gabinete. Fomento ha multiplicado por diez la sanción impuesta a una de las organizaciones con más prestigio internacional, Greenpeace, por una protesta en el puerto de Valencia el pasado mes de julio. El Ministerio les pide 60.000 euros. Cascos, poco amigo de los ecologistas, tendrá ahora otro frente abierto: la asociación ya ha anunciado que recurrirá la sanción y advierte que seguirá con sus acciones.

El pasado 13 de junio, activistas de Greenpeace realizaron una acción de protesta en el puerto de Valencia contra el buque Honour, con la que denunciaban importación de madera tropical procedente de las talas ilegales. Como consecuencia de la misma, seis activistas de Greenpeace fueron juzgados en Valencia.

Tras estos hechos, el Ministerio de Fomento abrió un expediente sancionador en el que reclamaba a Greenpeace 300.000 euros como fianza para el Rainbow Warrior pudiera salir de Valencia. El barco ecologista permaneció detenido durante 26 días en el Puerto de Valencia hasta que el Ministerio de Fomento redujo la fianza a 6.000 euros.

Por la alarma social

Ahora, el ministerio de Cascos ha multiplicado por 10 esa cantidad.

Fomento quiere imponerle una sanción de 60.000 euros alegando para ello la intencionalidad de la infracción, la alarma social producida, el peligro que ha supuesto para la seguridad de la vida humana en el mar y para la seguridad marítima en general, razones que la organización niega en todos sus puntos.

Greenpeace ha anunciado que recurrirá la sanción, y denuncia que desde que ocurrieron los hechos el Gobierno español no ha adoptado ninguna medida contra el tráfico de madera ilegal que continúa entrando en los puertos españoles.