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El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que permitirá a los afectados por la catástrofe del Prestige ceder voluntariamente al Estado su derecho a las compensaciones para que éste, a su vez, adelante las indemnizaciones del Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac). El objetivo de la normativa es conjurar el efecto Mar Egeo y que los damnificados no se eternicen en la tramitación de los pagos en el laberinto burocrático del Fidac.

Los afectados deberán aceptar la valoración de los daños —que se basará en los criterios de los convenios internacionales— y renunciar a todo tipo de reclamación judicial o extrajudicial. Aunque el decreto no es explícito al respecto, esta condición no afectaría a la vía penal o a la personación en el sumario de Corcubión, pues se trata de un derecho irrenunciable, según confirmaron fuentes gubernamentales. No obstante, el diputado socialista, Ceferino Díaz, consideró que, en este punto, el decreto «recorta gravemente los derechos legítimos de los afectados».

Fondo De momento, el Gobierno ya ha autorizado al Instituto de Crédito Oficial disponer de un máximo de 160 millones para hacer frente a los pagos. Los más de 20 millones de euros del sorteo especial de Lotería celebrado a raíz de la catástrofe servirán para financiar este fondo.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró ayer optimista sobre la celeridad de los pagos. «Creo que este año algunos ya podrán percibir por lo menos alguna parte de las indemnizaciones; si lo conseguimos creo que se habría actuado con una rapidez importante», indicó Rajoy.

El Estado adelantaría el pago del 100% de los daños y se compromete a resarcir estos gastos con la presentación de facturas en el Fidac y mediante demandas judiciales contra terceros. Las comunidades autónomas y los municipios también pueden someterse a esta fórmula de subrogación para reducir sus gastos por la catástrofe.