Ecologistas en Acción, WWF/Adena, CCOO, UGT, ASGECO, CECU, FUCI, OCU, UCE y UNAE han señalado la necesidad de que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas actúen en defensa de un entorno sostenible y de la calidad de vida en las ciudades, deteriorada por la contaminación atmosférica y acústica..
Para ello, en una carta dirigida recientemente a los partidos políticos les solicitan que incluyan en sus programas electorales mayores exigencias técnicas en la edificación. De este modo se conseguiría reducir el consumo energético, las emisiones de CO2 y la recepción de ruidos en el interior de las viviendas, contribuyendo así a recuperar la calidad de vida..

En la mencionada carta, las organizaciones sociales consideran que existen sobradas razones para justificar esta mayor exigencia en las condiciones térmicas y acústicas de las viviendas:.

1. Reducciones de entre un 35% y un 61% en la demanda energética, dependiendo de las zonas y los niveles de aislamiento. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en su Manual de Aislamiento..
2. Esta disminución de la demanda energética en las viviendas permitiría que España se acercará a los límites de emisión de gases de efecto invernadero establecidos en el Protocolo de Kioto que en la actualidad supera en más de 20 puntos..
3. A su vez, la disminución de la demanda energética reduciría el gasto doméstico. Así, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en su Manual de Aislamiento, el ahorro alcanzado en una vivienda de 90 m2 de Madrid ascendería en 30 años a unos 6000 euros..
4. La rápida amortización de la inversión. En dos o tres años se habrá compensado el capital invertido en la mejora de las condiciones térmicas..
5. La necesidad de equiparar la normativa española a la de los países europeos de nuestro entorno. Necesidad que evidencia la obsolescencia de normas como la NBE-CT 79 y NBE-CA 88 y el retraso en más de 12 meses en la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE), que depende del Ministerio de Fomento..
6. La consideración del ruido como un factor de contaminación ambiental que afecta a la calidad de vida y a la salud y la calificación de muchas ciudades españolas como ruidosas o altamente ruidosas y, por ello, incómodas para habitantes y visitantes.