La corriente alterna

Después de 5 años del desastre ecológico de Doñana, la empresa causante podría librarse de la responsabilidad civil. La juez que lleva la demanda civil de la Junta de Andalucía contra Boliden considera que sólo cabe imponer una sanción administrativa.

Si la Audiencia de Sevilla así lo confirma, la Junta lo tendrá difícil para cobrar el coste de la limpieza.

La Junta de Andalucía reclama al grupo Boliden parte de los gastos del desastre ecológico que ocasionó el vertido de la mina de Aznalcóllar. La demanda civil pide casi 90 millones de euros y no incluye los costes derivados de la expropiación de terrenos y las campañas que fueron necesarias para promocionar los productos agrícolas andaluces. Pero la juez de primera instancia considera que la Junta no puede recurrir a los tribunales civiles y que deberá pedir responsabilidades por la vía administrativa. Las sentencias civiles se pueden ejecutar fuera de España pero las administrativas, no. Y Boliden se marchó de España para concentrar su actividad en Suecia.

La consejera de Medio Ambiente de la Junta ha calificado de 'decepcionante' que 'el que contamine no pague' y ha asegurado que el Gobierno autonómico 'llegará hasta donde sea posible para mantener abierta la vía judicial' en la reclamación de daños por el vertido tóxico de Minas de Aznalcóllar.

La rotura del dique de Aznalcóllar el 25 abril de 1998 dejó escapar una carga letal para cualquier ecosistema. Cinco millones de metros cúbicos de lodos y agua ácida 'bañaron' 4.000 hectáreas de terrenos agrícolas y al propio Parque Nacional de Doñana, arrasando a su paso toda la flora y fauna acuática.

De lo primero que se libró la multinacional sueca fue de la responsabilidad penal. En noviembre de 2001 la Audiencia de Sevilla confirmó el dictamen de la juez instructora de Sanlúcar la Mayor y ordenó el cierre de la causa penal. La juez se apoyó para sus conclusiones en el informe pericial, que apreció errores en el proyecto de construcción de la balsa que reventó.

Después del carpetazo, el Gobierno central y el autonómico tomaron rumbos diferentes. La Administración andaluza decidió recurrir a la vía civil y el Ejecutivo central decidió abrir un expediente sancionador. La intención del Gobierno era sacarle 45 millones de euros a Boliden para compensar los costes de limpiar el río y de la descontaminación de suelos. La multinacional se agarró al informe de la instrucción para responsabilizar del vertido a Dragados, que fue quien construyó la balsa. Y recurrió al Supremo, que aún no se ha pronunciado.