Paradójicamente el pasado 12 de octubre, Día de la Raza, se produjo la más dura confrontación entre manifestantes indígenas y fuerzas armadas en Bolivia, uno de los países con más población originaria de América del Sur.
Luego de un saldo de más 30 muertos y el pliegue de gremios, sindicatos y organizaciones sociales al paro y bloqueo de la capital y las rutas nacionales, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se vio obligado a anunciar que el proyecto de Pacific LNG, que pretendía exportar gas boliviano a EE.UU. a través de un puerto chileno, se suspendía hasta realizar una consulta a la población, la que debiera hacerse antes del 31 de diciembre de 2003.
Pero este anuncio fue demasiado tarde. Las organizaciones sociales y el diputado del MAS, Evo Morales, anunciaron que las manifestaciones no cesarían hasta lograr la renuncia de Sánchez de Lozada y el castigo a los culpables de la matanza de El Alto el domingo pasado.
Y sus dichos tuvieron eco. Ayer, lunes 13, las peticiones de la calle pasaron hacia las esferas políticas gubernamentales: la bancada parlamentaria oficialista Nueva Fuerza Revolucionaria (NFR), se sumó a la petición de renuncia del Jefe de Estado y ordenó el repliegue de los ministros de su partido.
Lo que dejó completamente aislado a Sánchez de Lozada, fue la renuncia de Carlos Meza, Vicepresidente de la República, quien señaló no estar de acuerdo con las medidas del ejecutivo para reprimir las manifestaciones.
El punto de quiebre de la crisis política boliviana es el proyecto de exportación de gas, lo que es rechazado por razones geopolíticas en base a problemas territoriales no resueltos; pero fundamentalmente, lo que está detrás, es que el pueblo boliviano mantiene una fuerte posición de defensa de sus recursos naturales –ya lo anunciaron frente a la exportación de agua para la minería en Chile- , y ahora desean usar el gas natural para la industrialización y el desarrollo nacional.
Adicionalmente, tanto las organizaciones sociales como los funcionarios públicos han declarado que el precio del gas acordado con la Pacific LNG, que representaría poco más de 200 millones de dólares por año (0,70 US$/Mcf, millar de pies cúbicos), no significa un precio aceptable para los bolivianos. Frente a estos hechos, además de la solidaridad con las víctimas de la represión en Bolivia, las organizaciones chilenas, entendemos y apoyamos la defensa de sus recursos naturales. Esta defensa, representa una lección y un desafío para Chile, no sólo frente a la desnacionalización del cobre y otros recursos naturales, sino porque no es claro que el gas boliviano será una alternativa para enfrentar nuestra vulnerabilidad energética.
La dependencia por parte de nuestro país mayoritariamente de hidrocarburos, entre los que destaca el gas natural (más del 60% de la generación termoeléctrica en el SIC); representa un problema que Chile aún no ha enfrentado a fondo, aumentando, por el contrario, el uso de combustibles importados para el sector eléctrico; incluso teniendo como antecedente la crisis en los embalses que generó la escasez de lluvia y, por ende, la baja en nuestra generación eléctrica.
Chile no tiene un proyecto de mejorar la confiabilidad y seguridad energética en base a sus propios recursos naturales. Hoy día, la crisis boliviana es un signo de que no será fácil confiarnos en futuras importaciones de gas desde dicho país hacia Chile y, simultáneamente, nuestro abastecimiento de gas natural de Argentina, especialmente de la zona de Neuquén, hoy enfrenta dificultades para los próximos años, por la falta de inversión en nuevos gaseoductos y para la exploración de nuevas reservas.
Una respuesta adecuada a esta inseguridad por parte del gobierno y del sector político chileno, sería elaborar rápidamente un detallado catastro de los recursos energéticos renovables -que el país posee en grandes cantidades-, como la geotermia, las microcuencas hidrográficas, la biomasa y la energía eólica; y avanzar en una legislación e instrumentos económicos que promuevan su utilización, a través de la concreción de proyectos que logren incorporar a la matriz energética, mayor cantidad energía generada mediante recursos propios.
*Sara Larraín es Directora del Programa Chile Sustentable