COMUNICADO DE PRENSA 20 DE FEBRERO

Respuesta de ATE a una insólita decisión judicial

Ante la decisión de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata de solicitar la elevación a juicio oral de una causa por pintadas en edificios públicos, el Consejo Directivo de la Provincia de Buenos Aires de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresa su rechazo:
• A la creciente tendencia a judicializar los reclamos sociales. Sin capacidad ni voluntad para dar respuesta a las múltiples demandas de la sociedad, el poder político viene instrumentando una campaña para combatir la protesta social mediante la represión o la persecución judicial. En medio de la situación de colapso en que se encuentra el poder judicial que ocasiona que miles de causas importantes nunca se investiguen ni lleguen a la instancia de juicio, los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo solicitaron la elevación a juicio oral y público de una causa absolutamente menor y en la cual no hay elementos de prueba suficientes para su resolución. Ello revela la intención oficial de profundizar la penalización de los reclamos sociales.
• A la utilización de una unidad especializada en delitos complejos para investigar una pintada en la fachada de un edificio. Esa desproporción es otro indicador de la pretensión de buscar un castigo ejemplificador que actúe como disuasivo para quienes ejercitan su legítimo derecho de peticionar a las autoridades.
Resulta indignante que la UFIC utilice su tiempo y sus recursos para investigar un delito menor, en lugar de dedicarse a los verdaderamente complejos como los casos de corrupción que han representado pérdidas millonarias para la provincia, la evasión y elusión fiscal y hasta las denuncias penales presentadas por ATE ante la justicia que han merecido una importante repercusión pública. Es decir, en lugar de profundizar la investigación de aquellas causas que comportan un perjuicio de gran magnitud al Estado o al conjunto de los bonaerenses (como las costosísimas dentaduras de los funcionarios de IOMA o los viáticos percibidos durante sus vacaciones; las defraudaciones en el Instituto Provincial de la Vivienda; las obras construidas por Gualtieri; los negocios oscuros en la Subsecretaría de Pesca, etc.), la UFIC se aboca a buscar a los autores de una mancha de aerosol en la pared de un edificio. No se trata, sin duda, de la decisión más acertada para revertir el profundo desprestigio de la justicia y terminar con la impunidad de los poderosos, cuyos delitos rara vez son castigados.
• A la difusión pública del dictamen de los fiscales en forma previa a que los interesados fueran notificados formalmente del mismo. Esa filtración demuestra no solo la existencia de gravísimas irregularidades en la tramitación de la causa sino además la deliberada intención de crear una suerte de condena pública anticipada a la decisión de la justicia. Los fiscales de la UFIC deberán explicar por qué la información sobre su dictamen fue publicada en diferentes diarios varios días antes de que se emita la notificación correspondiente a los interesados.
• A la decisión de llevar a juicio a personas ajenas al delito investigado. Los siete imputados fueron detenidos en las inmediaciones del lugar cuando salían de un restaurante céntrico. A la fecha, no consta en la causa elemento probatorio alguno que los vincule con las pintadas en el Ministerio de Economía. Más aún, los imputados fueron detenidos arbitrariamente por indicación de la guardia policial del Ministerio ya que algunos de ellos son públicamente conocidos por su condición de delegados de ATE. Se trata de un criterio peligroso que convierte a cualquier militante gremial en sospechoso de la autoría de un delito aún cuando no haya pruebas que lo involucren.
ATE PROVINCIA DE BUENOS AIRES
TEL. (0221) 422-9017 / 482-2387 / 425-9430
Diario El Día, 13 de Febrero de 2003 >Primer juicio oral en La Plata por pintada en edificio público > >La fiscalía de delitos complejos de La Plata elevó ayer a juicio oral y público la causa seguida contra siete imputados de haber realizado pintadas en un edificio público, al parecer como acto de protesta contra el recorte salarial, en octubre de 2001. Esta es la primera vez que un caso de estas características sería juzgado en audiencia pública. >En el dictamen, los fiscales de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) La Plata, Carlos Argüero y Esteban Lombardo, concluyeron que en la causa se logró reunir "semiplena prueba e indicios vehementes de la presunta comisión de un hecho ilícito, ocurrido el 7 de octubre de 2001, cerca de las 23, en circunstancias que cuatro hombres y tres mujeres, en avenida 7, entre 45 y 46, se encontraban pintando con aerosoles las paredes del edificio del ministerio de Economía, dañando con su accionar el mármol de la fachada". >Según se explicó en la elevación a juicio, la Policía, que patrullaba el lugar, sorprendió a los siete imputados -quedaron demorados y luego fueron liberados tras realizarse un acta- y les secuestró en su poder los aerosoles presuntamente utilizados para concretar las pintadas. >Los fiscales consideraron que el caso configura el delito de daño calificado, en los términos del artículo 184, inciso quinto, del Código Penal, que establece penas de tres meses a cuatro años de prisión. >También señalaron que en la investigación se obtuvieron evidencias para presumir que los autores penalmente responsables del hecho serían Martín Micucci, Nora Silvia Herrera, Lorena Valdéz Avalos, Silvia Valdéz Avalos, Santiago Harispe, Gastón Harispe y Eduardo Allo. >En la causa judicial, los procesados negaron su participación en el delito que les imputan y se lo adjudicaron a otro grupo de personas que momentos antes había estaba en la zona. >Sin embargo, en el dictamen los fiscales valoraron como elementos de cargo contra los imputados, que les fueron secuestrados ocho aerosoles de pintura, de colores que coinciden con los de las pintadas en el ministerio de Economía. >Además explicaron que "analizando las declaraciones de los imputados, se puede advertir sin esfuerzo que todos han intentado excusar su participación en los hechos, y atribuir responsabilidad a otro grupo de personas sin identificación que pasaba por el lugar; sin embargo resulta evidente que a la hora de evaluar sus dichos exculpatorios, que no alcanzan la suficiente entidad convictiva como para poder desvirtuar el resto de las probanzas obtenidas en la causa a sus respectos, máxime si tomamos en cuenta que todos los imputados se conocen entre sí o por intermedio de amigos en común, otros de ellos tienen frecuencia de trato o son compañeros de trabajo, la mayoría de ellos se encontraban reunidos en un lugar común momentos previos al desarrollo de los hechos, y que todos resultan ser empleados públicos que se desempeñan en distintas reparticiones del Estado provincial". >Los fiscales solicitaron, en virtud de la calificación legal que se atribuye a los imputados, que éstos sean juzgados en audiencial oral y pública por un juzgado en lo Correccional de nuestra ciudad. >La elevación a juicio ayer fue remitida al juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo del doctor César Melazo, quien decidirá si hace o no lugar al requerimiento de la fiscalía.