Uruguay _ Adital/Noticias Aliadas

Las cárceles uruguayas, definidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados como "campos de concentración donde los reclusos viven en condiciones infrahumanas", estallaron en los últimos meses en una sucesión de motines y huelgas de hambre. Los reclamos de los presos se repiten: soluciones al hacinamiento, mejor comida y atención sanitaria.

Las 24 prisiones del país tienen capacidad para un total de 3,266 reclusos, pero a principios de junio ya albergaban a 7,201. Desde febrero no hay pan, y hasta mayo, en las principales cárceles, los presos comían día por medio. Actualmente hay epidemias de sarna y furunculosis, un elevado número de enfermos de Sida y se han detectado varios casos de tuberculosis.

La situación es crítica, admitió el Director Nacional de Cárceles, Enrique Navas. "Tenemos que racionar la comida. Antes no había carne y ahora no hay pan porque los proveedores cortaron el suministro por falta de pago. Faltan medicamentos, los sanos conviven con los enfermos y no podemos hacer el examen médico a los nuevos presos para saber en qué estado de salud llegan a la cárcel", afirmó.

Rebeliones y huelgas de hambre

A principios del 2002, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) había advertido que en las cárceles se vivía una situación explosiva. El 2 de marzo de ese año, estalló un motín en el penal de Libertad, irónico nombre derivado de la ciudad en la que está asentado el mayor presidio, célebre por haber albergado a miles de perseguidos durante la dictadura militar (1973-85).

De los cinco pisos de la cárcel, cuatro fueron arrasados después de casi un día de enfrentamientos que costaron la vida a cinco reclusos. Desde entonces, más de 400 presos viven prácticamente a la intemperie o en carpas, rodeados de una doble cerca de alambrados de púa. Se lo recuerda como el mayor alzamiento en la historia carcelaria uruguaya.

Aquel motín finalizó con el compromiso de las autoridades de conformar una comisión que analizaría globalmente la problemática carcelaria. Sus conclusiones quedaron en el papel y la situación siguió deteriorándose. Lo único que quedó vigente es un decreto por el cual se autorizó a tirar a matar sobre cualquier "sospechoso" de intento de fuga.

Desde entonces se produjeron pequeños amotinamientos y ayunos en casi todas las cárceles. A aquellos reclamos se le sumaron otros: cese de los malos tratos, montaje de talleres de trabajo y centros de estudio para emplear el tiempo ocioso _ señalado por los expertos como la mayor causa de riñas entre los reclusos _ y comodidades para recibir a los familiares.

El 29 de abril pasado, 700 de los 832 presos de Canelones _ 46 km al este de Montevideo _ iniciaron una huelga de hambre para denunciar la muerte de Mario Carro, joven de 19 años que había sido torturado y abandonado sin asistencia en un calabozo. Agonizó durante 26 días y, según la autopsia, había sufrido "fracturas en tórax, brazos y piernas" y tenía "piquetes hemorrágicos en el cerebro y sangre en los pulmones".

El ayuno duró seis días y concluyó con la destitución del jefe del penal y la promesa de trasladar a la mitad de los presos a otras cárceles. El presidio de Canelones, que tiene capacidad para sólo 402 reclusos, "es el peor del país", dijo el Ministro del Interior, Guillermo Stirling. No se investigó para identificar a los torturadores y los presos siguen hacinados.

Crecimiento de delincuencia y cárceles llenas

Según estadísticas del Ministerio del Interior, cada cuatro horas ingresa un nuevo preso a las cárceles uruguayas. De tal forma, a fin de año ya habría más de 8,000 reclusos en todo el país. En 1990, había 2,790. Diez años después ya eran 4,369 y en marzo del 2002 _cuando se produjo el motín de Libertad _ sumaban 5,663.

Ese mismo estudio oficial proyectaba para el 2005 la existencia de 7,100 presos, cifra que ya fue superada en junio de este año. Para el diputado Daniel Díaz Maynard, el aumento de la delincuencia "es una consecuencia directa de la exclusión social provocada por el modelo neoliberal".

Díaz Maynard se apoya en las estadísticas oficiales. Entre 1990 _ cuando se empezaron a aplicar las políticas neoliberales _ y el 2002, el número de presos aumentó en 103%. Entre marzo de 2002 y junio de este año _ apenas 15 meses _ el crecimiento fue del 27.2%.

"Además, quienes delinquen son los jóvenes que no tienen acceso al empleo", dice. En efecto, 66% de los presos hacinados en cárceles uruguayas tienen menos de 29 años y en su mayoría son primerizos y autores de rapiñas.

El gobierno estima que los reclamos de los presos y la demanda de seguridad de la sociedad se soluciona con una mayor disponibilidad carcelaria y con leyes más rigurosas en la sanción de los delitos. Así se piensa en la construcción de nuevas prisiones y en reducir de 18 a 15 años la edad de imputabilidad.

Después de la huelga de hambre en Canelones, en el Congreso se manejó la opción de trasladar a los reclusos a unidades militares y el ministro Stirling propuso habilitar más cárceles. A falta de recursos para las obras, sugirió la posibilidad de enajenar predios estatales que estaban asignados al montaje de talleres y centros de reeducación de los presos.

De todas las urgencias surgidas del motín de Libertad lo único que se concretó fue la importación desde EE.UU. de módulos de acero que harán las veces de celdas. Para ello, en el patio de recreo del penal se construyó una estructura de hormigón dentro de la cual se dispusieron en fila los contenedores metálicos de 3 m por 2 m donde se alojarán a tres reclusos en cada una. "A una realidad inhumana se le ha dado una solución también inhumana", dijo Guillermo Payssé, un experto del Serpaj.