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Ecuador: Una justicia de perros rabiosos
Quito, Ecuador - Marcelo Larrea* para Adital - Ecuador está estremecido por
la emergencia a la escena pública de una cadena de escándalos de corrupción
en la Corte Suprema de Justicia.
La crisis apareció cuando el diputado León Febres Cordero, ex Presidente de
la República, presionó al presidente de la Corte, Armando Bermeo, para que dicte
una orden de prisión en contra del ex Jefe de Estado Gustavo Noboa, a quien
había declarado que lo perseguiría como "perro rabioso". Luego de una primera
negativa Bermeo, amenazado por las presiones políticas que anunciaron su enjuiciamiento
por actos de corrupción en la adquisición de un edificio para la Corte y su
destitución, transfirió el caso a una Sala de lo Penal, dominada por el partido
socialcristiano de Febres Cordero, que ordenó la detención de Noboa.
Más allá de los méritos procesuales suficientes, para que Noboa sea procesado,
el caso expuso cómo la justicia está sometida a los sentidos caninos de Febres
Cordero y no al derecho y al debido proceso.
Inmediatamente aparecieron denuncias que exponen la hedionda descomposición
de la Corte Suprema. Magistrados millonarios en dólares que no pagan impuestos
y no han declarado sus bienes y que hoy, cuando lo han realizado, mantienen
la información como reservada. Compra y venta de sentencia, que hasta la fecha
han sido encubiertas por la Corte y el Consejo de la Judicatura. Y el ejercicio
ilegal de funciones paralelas públicas y privadas.
Pero estos hechos, de por sí censurables, sólo son las manifestaciones epidérmicas
de la descomposición de la justicia en su conjunto, instituida por una Resolución
ilegal del Congreso, que en abierta violación de la Constitución y del pronunciamiento
de la Consulta Popular de 1997, cesó a la Corte Suprema precedente sin motivación
jurídica alguna y designó a los actuales magistrados.
Ese acto estuvo dirigido a castigar al entonces presidente de la Corte, Carlos
Solórzano, quien en 1995 ordenó la detención del Vicepresidente Dahik, en un
juicio penal por el manejo ilegal de fondos públicos, cuando la partidocracia
en su enjuiciamiento político en el Congreso, había resuelto lavarse las manos
y no absolverlo ni censurarlo. La intolerancia con una Corte que iba acumulando
actuaciones independientes, estalló cuando, Solórzano, intervino en contra del
salvataje del Banco Continental que ocasionó un perjuicio al Estado de cientos
de millones de dólares y ordenó la prisión de las autoridades de la Junta Monetaria
y el Banco Central, los instrumentos claves a través de los cuales el Fondo
Monetario Internacional gobierna la economía ecuatoriana.
La actual Corte ha sido un instrumento clave para la ejecución del salvataje
generalizado de los banqueros que se beneficiaron de créditos ilegales del Banco
Central por 2.000 millones de dólares, por el congelamiento de los depósitos
e inversiones de millones de ciudadanos a su favor y por la entrega del mercado
de divisas a su control que condujo a la destrucción de la soberanía monetaria
del país, a la devaluación vertiginosa del Sucre y su sustitución por el dólar.
La justicia desapareció y la Corte ha funcionado como un órgano de encubrimiento
de una cadena de delitos que le han producido pérdidas al país por más de 9.000
millones de dólares, la migración de cientos de miles de ecuatorianos e incluso
el suicidio de decenas y decenas de personas que perdieron todos sus ahorros.
A estos delitos de la Corte se suma la abolición de la gratuidad de la justicia,
ejecutada en su gestión y ahora entre otros crímenes, su pretensión de crear
un procedimiento para autojuzgarse y autosancionarse, lo que atenta contra el
principio esencial del derecho universal que establece la independencia y separación
absoluta del juez respecto del juzgado.
* Marcelo Larrea es corresponsal de Adital en Equador y director de la revista
"el Sucre".
