Latinoamérica

Uribe amenaza a las ONG en Colombia
El estado contra la sociedad

Adrián Carmona
Rebelión
El pasado 8 de septiembre, en un discurso con motivo de la posesión del nuevo general de la fuerza aérea, el presidente colombiano Álvaro Uribe acusó a muchas de las ONGs que trabajan en Colombia de ser fachadas del terrorismo; en el discurso ante los militares en el que se refirió a los balances críticos que han hecho las ONG en la ultima semana -la semana de los derechos humanos- el mandatario utilizó los términos terrorista o terrorismo mas de 50 veces. Las acusaciones son graves y van mas allá de un exceso presidencial en un momento de furor; hacen parte de una estrategia sistemática para reprimir sectores sociales que no comparten la política del gobierno. En el marco de la grave crisis que vive Colombia, los defensores de derechos humanos, activistas y otros sectores sociales han sido víctimas de asesinatos y blancos de amenazas y persecución política, los señalamientos del presidente complican la situación de seguridad para ellos y ponen en serio riesgo su vida, así como demuestran el carácter autoritario del régimen y la creciente criminalización de la protesta popular que se esta consumando en el país bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo, en la que Uribe intenta borrar el principio de diferenciación entre combatientes y no combatientes.

Al día siguiente El Tiempo (el diario de mayor circulación) publicó un articulo referente a un informe en el que una firma de análisis político estadounidense acusaba a algunas ONG, especialmente europeas, de ser frentes o aliados ideológicos de la guerrilla, en el informe se afirma que "Si estos grupos tienen éxito en demorar o reducir la ayuda militar de Washington a Bogota en el curso de los próximos 18 meses, el presidente podría verse forzado a buscar negociaciones con los rebeldes" (sep 9 2003, El Tiempo, "acusan en EU a ONG de lanzar campaña para bloquear ayuda militar a Colombia") de este modo las ONGs no pueden criticar al gobierno porque eso significa bloquear recursos para la guerra. Solo unos meses atrás una afirmación semejante hubiera sido inaceptable, el hecho de que algunos sectores dentro y fuera hayan secundado las opiniones de Uribe muestra como se han deteriorado las libertades democráticas en el país. Tales pronunciamientos e "informes" tienen como objetivo convertir a la sociedad en blanco de las fuerzas armadas y el poder judicial, legitimando la represión y la eliminación física de la oposición; además pretenden crear fisuras entre los defensores de derechos humanos y las organizaciones que buscan una salida negociada a la guerra clasificándolas en "respetables" y "terroristas".

Ya en noviembre pasado el ministro del interior había empezado a generar un ambiente de persecución contra los disidentes en Colombia cuando afirmo que las ONGs eran parte de la estrategia de la subversión y que los ambientalistas tenían tendencias izquierdistas que los asociaban con la guerrilla. (El Tiempo, Nov 16 2002, "Organizaciones de derechos humanos critican señalamientos del gobierno de Álvaro Uribe".) Y a finales del año pasado el gobierno decidió allanar la sede de la Asamblea Permanente de la Sociedad civil por la Paz sin la presencia de las autoridades correspondientes, en una clara muestra del carácter antidemocrático del gobierno; de más esta decir que en el allanamiento no se encontraron pruebas que lo justificaran. Así se ha ido creando un clima de persecución que ahora el presidente planea profundizar.

No en vano Uribe clasificó las organizaciones en tres grupos durante su discurso aunque no definió específicamente a quienes se refería:

"Colombia tiene que entrar en reflexión. Por ejemplo, entre los críticos yo observo teóricos, de quienes discrepo, pero a quienes respeto. Observo organizaciones respetables de derechos humanos, que tienen todo el espacio en Colombia y tienen que gozar de toda la protección de nuestras instituciones. Y observo también escritores y politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos."

"Algunas personas, del grupo de teóricos que respeto, dicen que esta es una guerra de perdedores. Están equivocados… Esta no es una guerra. Este no es un conflicto. Esta es una democracia garantista al servicio de 44 millones de ciudadanos, desafiada por unos terroristas ricos."

A quien se refería Uribe con "el grupo de teóricos? Durante la misma semana un grupo de investigadores presentó el Informe Nacional de Desarrollo humano 2003, El Conflicto: Callejón con salida. El informe que se consulto con mas de 4000 personas de todos los rincones y estratos del país sostiene que ambos lados perdieron la guerra y que es necesario atender todos los aspectos del conflicto y no solo el militar, sobretodo resolver los problemas del campo para contener la expansión de la guerra; plantea además pensar la guerra en términos de desarrollo humano concentrando a las instituciones en responder a los distintos aspectos (educación, medios, sociedad civil, diplomacia, conflicto agrario y monopolio de la tierra y conflicto laboral, etc.) con el objetivo de minar las bases de la guerra.

El informe contó con la asesoría de un comité consultivo nacional en el que participaron un ex-presidente, un alto jerarca de la iglesia, un ex-candidato presidencial, un embajador, un periodista del tiempo, un gobernador y el director de la Red de Solidaridad Social; en nueve departamentos conformó comités locales con empresarios, autoridades, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

Uribe ha concentrado su programa en el desarrollo e intensificación de la guerra aumentando el gasto militar y profundizando la pobreza, además al negar la existencia de la guerra en Colombia, se niega explícitamente a aplicar las normas de la convención de Ginebra. Por eso su reacción al informe era tan previsible como carente de toda lógica:

"Y frente a esta crítica, ¿qué si la atendiéramos? Nos haría perder lo que hemos hecho en un año. Nos haría perder lo que hemos construido en opinión pública, nos haría devolverle al terrorismo los pedazos de la Patria que hemos recuperado para bien de nuestras instituciones en el último año."(Subrayado nuestro)

De modo que la atención a los problemas sociales, la atención a las raíces de la guerra es una forma de fortalecer al terrorismo! Y estos son los que Uribe respeta! Luego el presidente se refiere brevemente al segundo grupo:

"Segundo grupo. Las organizaciones de derechos humanos, las respetamos. Tienen todo el espacio en Colombia. El Vicepresidente, yo personalmente, nos hemos reunido con ellos. Estamos dispuestos a atender sus críticas, objetivas. Otros países en menores problemas los echaron de su territorio…" El tono del discurso se evidencia en la amenaza de expulsión.

Finalmente el presidente se lanza contra "el tercer grupo" que es el objeto principal de su feroz ataque:

"Politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado." (Subrayado nuestro) claramente Uribe ve tanto en el primero como en el último grupo a enemigos del estado y amigos de la guerrilla! Pero va mas alla:

"Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo cuando los terrorismo empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos."

"Por eso, mientras las Farc y el terrorismo que la acompaña (?), mientras la organización terrorista todos los días viola los derechos humanos, aquel sector politiquero de los derechos humanos sale a defender a las Farc con el pretexto de defender los derechos humanos."

Las primeras en sentirse aludidos con los señalamientos del presidente fueron las 80 organizaciones que conforman la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y que se disponían a presentar ese mismo día el informe El Embrujo Autoritario, en el que critican el Aumento en violaciones a los derechos humanos y la ausencia de una reforma agraria, los cambios autoritarios en el Estado de Derecho y la política social regresiva, la criminalización creciente de la protesta social, el manejo de la deuda externa e interna que representa el 64% del PIB, la precariedad y el desmonte sistemático de las políticas de atención a los desplazados, el enorme gasto en asuntos militares en contraste con el descuido de los servicios sociales, el deterioro del empleo y las condiciones de trabajo, la política de seguridad democrática y las redadas indiscriminadas. En palabras de el tiempo "un compendio de las opiniones de amplios sectores de la izquierda democrática y las organizaciones sociales y de derechos humanos frente al presidente Uribe y sus políticas... Al gobierno se le critica que su política de seguridad social es un retorno al asistencialismo del siglo XIX, que profundiza a ultranza las lógicas del mercado en un país con un 60 por ciento de población pobre, que el pago de la deuda externa y la seguridad copan el 60 por ciento del presupuesto nacional, que está concentrando exageradamente el poder en el ejecutivo y desmontando la Constitución del 91, para construir un Estado comunitario que descargue en el ciudadano las responsabilidades sociales del Estado." (Septiembre 8 de 2003, EL TIEMPO, "Hoy lanzan el libro 'El embrujo autoritario', donde las Ong hacen un duro balance a Álvaro Uribe")

Probablemente eran esas organizaciones las que Uribe tenía en mente al lanzar amenazas como esta: "Estos señores pueden saber que aquella determinación de derrotar al terrorismo y a sus secuaces, que una de nuestras decisiones políticas es aislar el terrorismo y que para aislarlo vamos a capturar a todos aquellos que delinquen por complicidad o por ocultamiento." (Subrayado nuestro) Así, escribir libros y opinar sobre la difícil situación social y económica del país queda establecido como delito en el nuevo estado uribista.

Luego el presidente sostiene que la denuncia de las redadas y detenciones arbitrarias de la fuerza publica que hacen las organizaciones catalogadas como "politiqueros" de los derechos humanos es mentira. "Aquí no ha habido redadas". Esto a pesar de que ese mismo día se había ejecutado una redada en la que mas de 140 personas fueron detenidas; solo en el municipio de Cartagena del chaira fueron detenidas mas de 120 según declaró la personera municipal (de los que la fuerza publica sólo reconoce 87) y el sábado anterior 53 mas habían sido detenidos en los municipios de Urrao, Chigorodó y Medellín, a pesar también de que amnistía internacional ha denunciado la existencia de una "estrategia militar-paramilitar" contra sindicalistas y activistas de derechos humanos destinada a señalarlos a ellos y a sus organizaciones como subversivos. (Agosto 27 de 2003, El Tiempo, "Amnistía Internacional denuncia arrestos arbitrarios en Arauca".)

Esa estrategia se extiende a lo largo de la presidencia Uribe. Las capturas y allanamientos arbitrarios han golpeado todos los sectores de la sociedad civil principalmente en las ciudades, las capturas han incluido sindicalistas, representantes de ONG, diputados, un obispo jubilado, alcaldes, defensores de derechos humanos, activistas comunitarios, lideres de desplazados y profesores. en diciembre pasado por ejemplo, el gobierno municipal de Calamar fue procesado, un ex-alcalde, la inspectora de policía, el coordinador académico de un colegio y otros once ex-funcionarios fueron acusados de pertenecer a las FARC, en tanto que el alcalde, el registrador y el personero no fueron detenidos porque no estaban en el pueblo (El Tiempo, diciembre 12 de2002, "por primera vez la cúpula de gobierno de un pueblo es procesada por rebelión"); tres meses después el Estado detuvo al alcalde de Miraflores. En mayo fueron detenidos el alcalde y otros líderes de Villahermosa. Y se pueden encontrar cientos de ejemplos. Solo en los primeros cuatro meses del año 2003 se expidieron 189 resoluciones de acusación por rebelión, 25 más que en todo el año 2000 y más de la mitad de las que se produjeron en el 2002. Las investigaciones son más de 1000 y algunos son inculpados incluso por la atención médica a combatientes irregulares. (Junio 7 de 2003, El Tiempo, "se incrementaron procesos judiciales por rebelión en los primeros cuatro meses del año"). El número de detenidos en los primeros cinco meses del año ascendió a la escandalosa cifra de 3591 y para agosto era ya más de 4200.

Además Uribe ha perseguido sistemáticamente las ONGs y ha deportado extranjeros vinculados a ellas. A mediados de septiembre de 2002 detuvo a ocho extranjeros en varias zonas, dos españoles fueron deportados y otro fue expulsado del país acusados de promover el paro nacional de trabajadores y campesinos de entonces.

Desde luego, en el discurso del presidente todo esto es mentira o no ha existido y queda catalogado como calumnia. A renglón seguido Uribe acusa a las ONGs de haber provocado junto con los terroristas el desplome de la nación y de ser los responsables del alto déficit fiscal, alto desempleo, aguda pobreza y alto endeudamiento, por lo que no tienen derecho a hablar de política social. Como si las políticas neoliberales que se han aplicado en toda América Latina por mas de una década no tuvieran nada que ver!

Y la diatriba no para ahí, según Uribe los "politiqueros" de los derechos humanos "desconocen que el principal de los Derechos Humanos es devolverle al pueblo colombiano el derecho a la seguridad." Así el presidente pretende negar una vez mas como los verdaderos derechos humanos son pisoteados.

Cada mes, por ejemplo, en la Fiscalía se registran como desaparecidas 271 personas en promedio, es decir una cada dos horas y media. La discriminación de los casos reportados ante la Fiscalía en los últimos tres años es la siguiente: