La Jornada
El Estado liberal oligárquico nacido en América Latina después de la primera independencia, excluyente de indígenas, afrodescendientes y -en general- de los pobres, está hoy irremediablemente en crisis. Crecientes sectores de campesinos indios y mestizos, desempleados, trabajadores "informales", obreros exprimidos, estudiantes sin futuro, profesionistas sin oportunidades y clases medias -todos pauperizados por las políticas neoliberales- no se identifican ya con esa estructura que ha dejado de ser cauce de solución alguna a sus aspiraciones.
Las mieles prometidas por las llevadas y traídas transiciones a la democracia han resultado el acíbar más amargo para la inmensa mayoría, a quien los gobernantes no consultan para suprimir los derechos sociales y laborales que habían conquistado en históricas luchas y tampoco para enajenar alegremente a favor del capital transnacional los recursos públicos y la soberanía. Los derechos políticos "democráticos" han devenido una mera formalidad, que se reduce casi siempre a la opción de depositar el voto por seres ajenos, cuyos intereses y discurso están cada vez más lejos del pueblo que dicen representar. Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones, es cierto, han dejado por ahora de ser la regla aplicada a los inconformes. Pero ello no puede disimular otro hecho más generalizado y no menos criminal. Y es el gradual homicidio social practicado por Estados que renunciaron flagrantemente a asegurar a los ciudadanos iguales oportunidades de alimentación, educación, acceso a la cultura, salud, vivienda, seguridad social y empleo, componentes esenciales de una vida digna.
No debe sorprender entonces el emergente protagonismo político actual de los habitantes originarios de nuestra América. Orillados y marginados por la globalización imperialista como nunca antes en cinco siglos, su grito de ¡basta ya! es muy en serio y se está expresando cada día con más vigor del Bravo a la Patagonia. En Bolivia se aprecia muy claramente. Se trata de uno de los países más pobres de América Latina a pesar de sus generosos recursos naturales, donde se manifiestan con inaudito desparpajo todas las fechorías, lacras y exacerbadas desigualdades que acompañan a las políticas neoliberales. Allí una exigua minoría opulenta oprime y niega el derecho a vivir con arreglo a su cultura ancestral y tradiciones a aymaras y quechuas, que forma la mayor parte de la población. Las empresas públicas creadas por la revolución de 1952, que eran orgullo nacional, fueron privatizadas a precio de remate mediante escandalosos negocios, fraudes y disposiciones inconstitucionales urdidos entre los viejos y nuevos oligarcas y las compañías transnacionales. El actual presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora en su segundo mandato, ha hecho una fortuna superior a los 250 millones de dólares a expensas de las privatizaciones, del desempleo ocasionado por estas a decenas de miles de trabajadores, de la entrega obsequiosa de los recursos de la nación. Mientras tanto, descarrilada hace tiempo la reforma agraria proclamada por aquella revolución, 87 por ciento de la tierra está en manos de un 7 por ciento de los propietarios y 90 por ciento vive en pobreza en las zonas rurales.
Bolivia posee las segundas reservas de gas natural de América del sur. El energético despierta tanta o mayor voracidad imperial que el petróleo cuando en Washington gobierna una pandilla que ha ocupado ya dos Estados con tal de hacerse del control mundial de esos recursos. El gas es el único patrimonio económico boliviano que no se había entregado al capital internacional. Con sólo él en manos de un Estado auténticamente democrático, podría lograrse un impresionante desarrollo económico y social en Bolivia. Pero Sánchez de Lozada y comparsa decidieron hacer de su exportación a Estados Unidos otro gran negocio y entregarlo a las transnacionales.
Frente a este panorama de explotación y saqueo se levantan desde hace una década formidables protestas populares, que hoy paralizan Bolivia con los cortes de carretera y amenazan con una huelga general. En ellas ocupa un lugar de vanguardia uno de los movimientos indígenas más vigorosos, combativos y conscientes políticamente de nuestro continente, que logró conquistar una apreciable bancada parlamentaria y casi la presidencia en las últimas elecciones. Que pide la devolución al pueblo de las empresas privatizadas y autonomía, tierras y territorio para los pueblos originarios y ha hecho del país andino un bastión contra el ALCA. Llegan noticias de la creación de una Coordinadora para la Defensa del Gas que uniría a todas las organizaciones indígenas, sindicales y populares. Si se logra y conserva esa unidad, poco podrá contra ella una oligarquía codiciosa y servil al imperio, pero incapaz ya de gobernar a la indiada por la fuerza.
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