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Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, comenzó a deslizarse otra vez por el escabroso sendero de la confrontación social. En el inicio de lo que los sectores populares y sindicales han denominado como 'la guerra del gas', altos funcionarios del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada y dirigentes opositores del Movimiento al Socialismo (MAS) del cocalero Evo Morales, se han acusado mutuamente de estar trabajando para destruir la democracia formal, vigente desde octubre de 1982.
'El gobierno está alistando un autogolpe (militar) para garantizar la venta de gas por Chile', denunció este miércoles el propio Evo Morales, quien cree que la ausencia de apoyo social está empujando a Sánchez de Lozada a utilizar a las Fuerzas Armadas para enfrentar a la población civil, que mayoritariamente ha mostrado su rechazo a la exportación del gas.
Según el líder cocalero y jefe del MAS, las transnacionales del petróleo y sus millonarios intereses estarían detrás de la intención de Sánchez de Lozada de cerrar el Parlamento y liquidar a los dirigentes políticos y sindicales de oposición, allanando así el camino para viabilizar la exportación de gas boliviano hacia Estados Unidos y México a través de un puerto chileno.
Esta denuncia fue inmediatamente desmentida por las autoridades, que acusaron, a su vez, a Evo Morales de estar conspirando para echar abajo al gobierno de Sánchez de Lozada. El ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, dijo que los activistas del MAS estaban preparando un artificial clima de convulsión social en torno a la venta del gas natural, proyecto que dejaría millonarias ganancias a las empresas petroleras, pero muy poco para el Estado boliviano.
Negocio y miserias
Según explicó en su momento el presidente de la transnacional British Gas que patrocina el proyecto, Edward Miller, el negocio reportaría anualmente más de 1.300 millones de dólares a las petroleras, mientras que en impuestos y regalías el Estado boliviano solo recibiría entre 70 a 80 millones de dólares anuales.
Estas enormes diferencias son las que han empujado a los sindicatos y organizaciones sociales y populares a rechazar el proyecto y a preparar una gigantesca manifestación para el viernes 19 de septiembre, en el inicio de una 'resistencia popular' contra Sánchez de Lozada, que estuvo hace siete meses atrás a punto de caer tras la eclosión social desatada el 12 y 13 de febrero y que dejó un saldo de 33 muertos, más de 200 heridos a bala y una sociedad partida en dos.
En esa ocasión, el detonante fue el impuesto que recortaba los salarios de los trabajadores del sector público y privado, aunque el tema del gas ya era también enarbolado por los sectores sociales y populares que participaron del alzamiento cívico policial de febrero. Ahora, los factores se han invertido, y las nuevas cargas tributarias dispuestas por el gobierno solo echan más leña al fuego, al igual que las demandas campesinas y otras reivindicaciones regionales.
Piedras y lealtades
La resistencia antineoliberal ya comenzó en las carreteras del Altiplano, donde los campesinos de la Confederación dirigida por el MallKu Felipe Quispe han comenzado a sembrar piedras, burlando la fuerte presencia de los regimientos militares, convertidos en el sostén más firme con el que cuenta el presidente de Bolivia, por lo menos hasta ahora.
La lealtad militar hacia el gobierno neoliberal había sido puesta en duda por las propias organizaciones laborales, que habían convocado a las tropas y oficiales del Ejército a no permitir la exportación del gas por puertos chilenos, tal como ha sido definido ya por las petroleras que llevan adelante el negocio. Entre los sindicalistas se cree que la derrota militar que sufrió Bolivia con Chile en 1879, con la pérdida de territorios y de la salida al mar, impediría que las Fuerzas Armadas bolivianas consumen una 'traición a la patria' e impongan a bala y bayoneta la venta de gas por el puerto chileno de Patillos.
'Antes de exportar el gas, tenemos que recuperarlo para los bolivianos, industrializarlo e industrializar el país', dijo el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares al convocar a los trabajadores a las manifestaciones del viernes.
En las ciudades, los preparativos para la movilización son intensos. Brigadas de sindicalistas y activistas del MAS han comenzado a desplazarse por el centro de la ciudad y los barrios populares convocando a la resistencia. Los organizadores confían en reunir multitudes en Cochabamba y La Paz.
Industrialización y millones
Según los dirigentes de la COB, la exportación de gas por puertos chilenos solo beneficiaría a las transnacionales y a Chile, donde se haría su transformación de gas a líquidos con millonarias inversiones, que impulsarían además el desarrollo de las regiones del norte del vecino país, dejando en cambio en el atraso y la pobreza a los bolivianos, que en su mayoría aún utilizan la leña como combustible casero.
'El gas es quizás la última oportunidad que tienen los bolivianos para salir del atraso y la pobreza extrema', comentó el analista independiente Carlos Arze al destacar la enorme importancia que se asigna en el país a esta riqueza energética, que hoy está en manos de poderosas petroleras extranjeras gracias a un decreto 'secreto' firmado por Sánchez de Lozada pocos días antes de abandonar su primer mandato presidencial hace seis años.
Estas reservas gasíferas, valuadas por expertos y especialistas en por lo menos 80 mil millones de dólares, equivalen al doble del capital que tiene Bolivia y a 10 veces el valor de la producción de bienes y servicios generados anualmente en un país, que paradójicamente tiene a un tercio de su población pasando hambre y otro tercio con apenas lo suficiente para comer y sobrevivir. Razones suficientes para que en Bolivia este septiembre no se anuncie aún la primavera.