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Nada se otorga gratuitamente. Cada vez que el FMI concede un crédito a un país en desarrollo, por muy amigo que sea -o amigo de EEUU, que para el caso es lo mismo-le exige contrapartidas; y siempre en la misma dirección, en la dirección que interesa al capital internacional y a las grandes empresas extranjeras.
Uruguay mantiene excelentes relaciones con EEUU. El FMI acaba de entregarle 204 millones de dólares, pero sin solución de continuidad ya le ha señalado que debe adelgazar su sector público; es decir, vender las empresas estatales. Este país es uno de los pocos de Latinoamérica que a pesar de los frecuentes intentos de sus gobernantes se ha resistido, gracias a la oposición de sus ciudadanos, a las privatizaciones. Esta rareza debe de tener desasosegado al FMI.
El discurso del FMI continúa inamovible por más numerosos que han sido los fracasos cosechados y por más que se ha constatado que sus recetas condujeron a la ruina a todos los países que las han aplicado. Las poblaciones, con un sexto sentido, han sido siempre contrarias a las privatizaciones, quizás porque han sufrido en su carne los efectos negativos. Frente al discurso de la liberalización de los mercados, han podido comprobar cómo se formaban monopolios u oligopolios privados que, lejos de abaratar precios, mantenían tarifas abusivas; y también cómo se producían despidos masivos y se deterioraban las condiciones laborales. Los recursos aportados por el capital extranjero, por la compra de las sociedades estatales, retornaban al exterior, en el mejor de los casos, como pago de la deuda extranjera; en el peor, en maletines fruto de la corrupción.
Nada más absurdo que la tesis mantenida por el Fondo de condicionar el crecimiento económico a las privatizaciones. No existe ninguna razón para pensar que las empresas privadas tengan que ser en principio más eficientes que las empresas públicas. El famoso argumento de que los gestores privados administran su propio patrimonio, mientras que los públicos gestionan los recursos que no son suyos ha dejado hace mucho tiempo de tener vigencia en las grandes empresas. Los administradores de éstas son tan ajenos al capital que manejan como los públicos, y además están bastante menos sometidos a control. Por mal que funcione un sistema democrático, la vigilancia de los ciudadanos sobre los gobiernos es más efectiva que la que ejercen los accionistas de una gran empresa sobre el consejo de administración.
Los motivos de las privatizaciones no son técnicos, sino ideológicos, obedecen a intereses financieros que son en definitiva los que representa el Fondo. El capital internacional se ha hecho conservador, no quiere riesgos; por eso, lejos de ser innovador y de abrir nuevos negocios, ambiciona apoderarse de aquellos sectores que el Estado desde hace muchos años había acometido. Sectores sin riesgo y en los que la demanda está garantizada, al ser en su mayoría servicios públicos estratégicos: gas, agua, electricidad, petróleo, comunicaciones, bancos, etcétera. Generalmente se trata de monopolios naturales; en el mejor de los casos, se podrá formar un oligopolio, pero nunca, verdadera competencia.
Con las privatizaciones, los países latinoamericanos pierden el control de sus sectores básicos, al tiempo que los recursos que obtienen por dicha venta sirven únicamente para pagar la deuda externa, finalidad a la que se destinan también los préstamos que demandan del Fondo. Estas ayudas son una auténtica trampa. Sus beneficiarios no son en realidad los países a los que se les otorga, sino sus acreedores, que se aseguran el cobro de sus deudas; amén de que la concesión se realiza siempre condicionada a la aplicación de una determinada política económica que resulta nefasta para ellos.
Los países en desarrollo, especialmente los latinoamericanos, se encuentran así encerrados en un circulo vicioso. Para romper el nudo gordiano, tal vez debieran tener en cuenta esa especie de chanza que sostiene que si usted debe un millón a un banco tiene un problema, pero si lo que debe son mil millones, es el banco el que tiene el problema. La deuda externa de los países latinoamericanos asciende a muchos miles de millones. El sistema financiero internacional tiene un problema. La finalidad del FMI radica en intentar que no lo tenga, y que todo el problema sea de los deudores.
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