Adital/Red Chiapas
La defensora de derechos humanos Griselda Teresa Tirado Evangelio fue asesinada en el pasado 6 de agosto cuando salía de su domicilio en Huehuetla, Puebla. Un desconocido le disparó con una escopeta calibre 12, dejando en el desamparo a su hija de diez años. La abogada trabajaba en las regiones totonaca y náhuatl de la sierra norte de Puebla desde 1989, como parte de la Organización Independiente Totonaca (OIT) en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, así como en lo referente a la construcción de la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.

La muerte de la defensora es vinculada con su candidatura a las próximas elecciones para el gobierno indígena municipal, lo cual la ponía en conflicto con los caudillos de la región.

A pesar de los pronunciamientos de varias organizaciones y sectores de la sociedad se han presentado irregularidades en la investigación de la muerte de Griselda Tirado. El ministerio público se presentó en el lugar de los hechos pero no elaboró el peritaje correspondiente, perdiendo con ello las evidencias del homicidio. La desidia de las autoridades fue evidente, pues demoraron varios días en realizar el acta de defunción de Griselda Tirado.

Este tipo de irregularidades en el proceso de investigación criminal también se presentó en el caso de Digna Ochoa, también abogada de derechos humanos. Ochoa fue asesinada a tiros en su oficina en Veracruz en octubre de 2001. Las autoridades todavía no han procesado a nadie por el homicidio.

La muerte de Griselda es la segunda que ocurre este año contra miembros de la OIT. La primera ocurrió en abril, cuando fue asesinado el campesino Mateo Cipriano.