Posibilismo, transformismo y alternativa al neoliberalismo
Daniel Núñez
Sociólogo Investigador de ICAL
En América Latina se han levantado y multiplicado en los últimos años voces críticas a las políticas neoliberales que alcanzan un nuevo impulso con el triunfo de Lula en Brasil, un ex obrero metalúrgico que logra acceder a la presidencia en su cuarto intento, y con el sorprendente resultado de las elecciones en Ecuador, donde el ex coronel de ejército Lucio Gutiérrez se impone en una reñida segunda vuelta. Es así como en el sentido común de nuestras sociedades se instala la idea de que estos nuevos gobiernos de Brasil y Ecuador junto a la Venezuela chavista, podrían dar paso a la conformación de una suerte de bloque izquierdista o progresista capaz de implementar políticas alternativas a la hegemonía neoliberal imperante en América Latina.

Pero es justo preguntarse, ¿cuánto hay de realidad en esta supuesta construcción de alternativa al neoliberalismo que representarían estos emergentes gobiernos populares?, o acaso estaremos pecando de un exceso de optimismo, y las perspectivas reales de democratización asociadas a estos emergentes gobiernos son mucho menores a las tremendas expectativas depositadas en ellos por nuestros pueblos. Bueno, todas estas inquietudes son totalmente justificadas, y fácilmente se podrían agregar unas cuantas más. Producto de la trascendencia que tiene para el futuro de Latinoamérica la evolución de estos gobiernos, es que me ha parecido conveniente hacer algunas reflexiones.

Para comenzar, no se puede perder de vista el carácter reaccionario que tiene el actual período histórico por el que atraviesa la humanidad. Hacia fines de los años ochenta la guerra fría llega a su fin, pues la disputa entre el bloque socialista y el capitalismo experimenta un inesperado resultado con la estrepitosa caída de los socialismos reales en Europa del Este. Esta derrota le permite a los EE.UU. imponer su hegemonía a escala mundial, que con Bush hijo asume un carácter abiertamente fascista, como lo evidencia la reciente invasión militar de Irak. De manera casi simultánea se producen significativas transformaciones al interior del capitalismo, ya que es reemplazada la modalidad keynesiana de funcionamiento que predominó durante los últimos 30 años, por una de tipo neoliberal, que rápidamente logra imponerse como pensamiento único. En América Latina, todos los gobiernos que se suceden durante la primera mitad de los noventa - con la sola excepción de Cuba- aplicaron en diversos grados estas políticas neoliberales, con la secuela de nefastos efectos sociales que conllevan. En este contexto histórico cualquier gobierno que intente desarrollar una política alternativa al neoliberalismo representa un avance significativo y abre insospechadas posibilidades en la perspectiva de la democratización.

Más allá del rumbo futuro que emprendan sus gobiernos, Lula, Chávez y Lucio Gutiérrez son líderes que han llegado al poder gracias al apoyo de fuerzas sociales y políticas que durante años han cuestionado duramente las políticas de libremercado aplicadas por los gobiernos que los antecedieron. Es más, cuentan con el respaldo de sectores sociales organizados -y en proceso de organización- que jamás habían accedido a cuotas significativas de poder político como son las masas marginales de los cerros de Venezuela, los indígenas del Ecuador, o los trabajadores sin tierra de Brasil. Por lo tanto, son gobiernos que representan un cambio cualitativo respecto a un Fernando Enrique Cardozo y frente a un Carlos Andrés Pérez, mandatarios absolutamente comprometidos en la introducción así como en la aplicación del neoliberalismo. Es así como se concluye que la contribución democrática inicial de la cual son portadores estos gobiernos populares no puede ser puesta en duda, aunque ella tampoco se encuentra resuelta en forma definitiva, es más su contribución a la construcción de una alternativa al neoliberalismo sólo puede ser juzgada a partir de sus acciones y políticas concretas, que es lo que se pasará a analizar a continuación.

Hacer un recuento de la situación política de Venezuela resulta complejo, debido a que es el país donde los acontecimientos se suceden con mayor velocidad, y también porque es el proceso que ha suscitado más resistencia tanto de la oligarquía local como por parte del gran capital internacional, en especial, del gobierno de los EE.UU.

Para entender la situación actual de este país es necesario remontarse a analizar lo sucedido en décadas pasadas. Tras años de alternancia indolora en el poder de los partidos tradicionales, de reproducción de prácticas clientelistas por parte de la clase política que impidieron la articulación de actores sociales autónomos, en 1989 la masa popular despierta de su sopor dando vida a un estallido social de grandes proporciones -el "caracazo"- en respuesta a la brutal aplicación de una política neoliberal de "shock". A partir de este suceso se genera un vacío de representación política que irá en creciente aumento, y es justamente este desprestigio de los partidos políticos el que crea un clima favorable para la instalación de un liderazgo que rompe con los esquemas existentes, como sucede con Hugo Chávez, un ex militar que estuvo en la cárcel por encabezar un levantamiento armado contra Carlos Andrés Pérez, que es justamente el gobernante que introduce estas políticas neoliberales.

A diferencia de lo sucedido en Brasil y Ecuador, donde las fuerzas alternativas requirieron de una política de unidad con los movimientos sociales, con los partidos de izquierda e incluso con sectores de la burguesía productiva para llegar al gobierno, en Venezuela, Chávez no necesitó de una alianza de estas características. Lo que sucedió en este caso, es que su carisma arrastró a una heterogénea masa popular que se vuelca a su favor, siendo justamente la masividad que alcanza esta adhesión, lo que le permite ganar las elecciones presidenciales de 1998 por un amplio margen (56%) y facilita el apoyo a su candidatura de diversos - aunque pequeños- partidos izquierda.

Desde el punto de vista programático la candidatura de Chávez reivindica la soberanía nacional, se declara anti-imperialista y levanta un conjunto de demandas democráticas de carácter antioligárquico, donde destaca la reforma institucional del sistema político y las medidas económico-sociales que buscan mejorar la desmedrada situación de las grandes mayorías nacionales. En política exterior impulsa una acción de defensa del petróleo coordinando a los países productores para contrarrestar las presiones de las grandes potencias, rechaza la intervención de EE.UU. en especial el Plan Colombia y privilegia la integración latinoamericana como alternativa al ALCA. Sin embargo, es en el ámbito de la institucionalidad política donde el nuevo gobierno da pasos más audaces, pues convoca a una Asamblea Constituyente que elabora una nueva constitución, que a su vez es aprobada en referéndum, y refunda varios de los más importantes organismos institucionales del país, tales como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.

En el desarrollo de este proceso se llega a un momento decisivo en Diciembre del 2001, cuando el gobierno dicta una serie de leyes que afectan los intereses económicos de la oligarquía, destacando entre ellas, la ley de Tierras, de Hidrocarburos, de Pesca, de Vivienda y Cooperativas. Estas medidas más avanzadas desatan una fuerte resistencia por parte de la oligarquía venezolana, que si bien ya tenía una postura crítica frente al gobierno de Chávez, ahora pasa a una actitud de evidente hostilidad, y para ello cuenta con el apoyo de los gremios empresariales, los grandes medios de comunicación social, logrando además sumar a importantes sectores de capas medias. El fracaso del golpe de estado del 11 Abril del 2002 y la derrota de la huelga petrolera durante el 2003, han permitido que el gobierno junto a sus partidarios retomen la iniciativa estratégica frente a una oposición golpista que se alista a nuevas batallas, que tendría como demanda clave la realización de un referéndum revocatorio en Agosto de este año como lo posibilita la Constitución. En medio de esta ofensiva golpista el pueblo venezolano no ha permanecido indiferente, así como salió a las calles para frustrar el intento de golpe de estado, también ha experimentado importantes avances en su organización.

En este sentido ha resultado fundamental la creación de los círculos bolivarianos que se han constituido en la organización popular natural de defensa del proceso revolucionario, así como también la reacción que surge desde los trabajadores que ha constituido una nueva central sindical comprometida con los intereses de los trabajadores como clase social.

Frente a la situación de boicot económico, cierre de empresas, huelga de inversiones y fuga de capitales (más de 35.000 millones de dólares han salido de Venezuela) que ha colocado a la economía al borde del colapso, agravada por el sabotaje a PDVSA que es la fuente más importante de ingresos de la economía venezolana, el gobierno ha tenido que tomar medidas de urgencia, entre las cuales destaca el control cambiario, y además amenaza con intervenir la banca, así como los precios de los alimentos básicos. A pesar de las medidas adoptadas el panorama económico continúa siendo inestable, y todavía no se encuentra bajo control.

En Brasil el triunfo de Lula en las elecciones presidenciales del 2002 es el resultado de una exitosa estrategia político electoral que se propuso ampliar la base de sustentación de su candidatura más allá de los límites de la izquierda y así evitar una nueva derrota. En este empeño contó con el respaldo incondicional del Partido de los Trabajadores, como el de otras organizaciones políticas de izquierda y también, con el apoyo del movimiento sindical urbano reunido en la CUT y de los campesinos sin tierra del MST. En esta ocasión, sin embargo, Lula sumó un nuevo aliado que resultaría decisivo en la batalla electoral, pues integró como vicepresidente a un importante empresario textil vinculado al partido liberal, con lo cual logró asegurar el respaldo de un importante sector de la burguesía industrial vinculada al mercado nacional.

Para apaciguar las amenazas de una fuga de capitales, durante la campaña actuó con extremada cautela frente a los mercados financieros y se pronunció a favor de la mantención de los compromisos adquiridos con el FMI, lo que facilitó el acceso de Brasil a un nuevo préstamo destinado a aumentar las reservas del país. A pesar de la amplitud de la alianza y de la contundencia del resultado electoral, pues el líder obrero venció en la segunda vuelta con más del 60% de los votos, este triunfo no permitió la constitución de un bloque mayoritario en el parlamento a favor del nuevo gobierno, quedando de esta manera limitado su margen de maniobra.

El programa que llevó a Lula al gobierno es reflejo del carácter pluriclasista de su coalición y ha sido catalogada como una propuesta keynesiana de "salida" del neoliberalismo. La estrategia económica se basa en una alianza del capital productivo contra el especulativo que contempla un programa de reactivación económica a través de una caída de la tasa de interés para facilitar la inversión, y con ello promover un circulo virtuoso que debe estimular un alicaído mercado interno a través de un significativo aumento en la capacidad de consumo de la población. Sus compromisos durante la campaña contemplan tres prioridades, que son: el crecimiento del empleo, la generación y redistribución del ingreso y la ampliación de la infraestructura social, todo lo cual pasa por desarrollar la anhelada reforma agraria, para así ampliar de manera efectiva el mercado interno y asegurar la producción nacional de alimentos.

Ya instalado en la presidencia, y dando continuidad a la política de acercamiento hacia los poderosos mercados financieros internacionales que desarrollo cuando era candidato, Lula nombró a un ex ejecutivo del Banco de Boston como presidente del Banco Central y se comprometió a cumplir con las exigentes metas de superávit fiscal que ha recomendado el Fondo Monetario. Es así como el gobierno puso en práctica un fuerte ajuste fiscal con el fin de revalorizar el real y detener la inflación, lo que ha permitido en pocos meses elevar el superávit fiscal, aunque también ha provocado un importante aumento en las tasas de interés (26,9%). Las altas tasas de interés están amenazando el normal desenvolvimiento de la economía y se corre el riesgo de caer una situación recesiva, además se han provocado choques entre los sectores productivos con aquellos vinculados a la banca, que son los grandes beneficiados por estas elevadas tasas. Las críticas que ha expresado el vicepresidente Alencar y otros sectores de la burguesía, como también la salida del PDT de Brizola de la base del gobierno, expresan el descontento de los sectores más directamente afectados por la severidad del ajuste.

Más allá de lo acertado que puede haber resultado en un primer momento las medidas tendientes a tranquilizar al FMI para alejar los riesgos de una fuga masiva de capitales, es evidente que una política de ajuste tan severa limita de manera significativa las posibilidades con que cuenta Lula para cumplir con las propuestas sociales de su programa. En este sentido, sus principales iniciativas como la creación de obras públicas, el desarrollo de infraestructura productiva, el plan de primer empleo para jóvenes y el plan de hambre cero requieren de una cantidad importante de recursos fiscales. Es más, este último plan implica que sólo en el primer año de gobierno se deben entregar bonos de alimentación a 9 millones de pobres.

Como es natural, el nuevo gobierno mantiene un estrecho contacto con el movimiento sindical. La CUT ve en Lula a un presidente obrero, el primero en la historia de Brasil, lo que la lleva a mantener una actitud de respaldo y de apoyo pasivo a las iniciativas que adopta el presidente. En el movimiento de los sin tierra la actitud hacia el gobierno de Lula tiene mayores matices, a pesar de la cercanía que tienen con el presidente, este movimiento posee conciencia de las dificultades que deberá enfrentar, y por eso, ha decidido mantener una actitud vigilante, en especial en lo que respecta a la realización de una auténtica reforma agraria. Sin embargo, y más allá de la empatía que tiene el gobierno con los trabajadores y los movimientos sociales, también han surgido conflictos a partir de ciertos proyectos del gobierno. El ingreso al parlamento de un proyecto de ley de reforma previsional que afecta a los trabajadores de la administración pública, ha suscitado una decidida oposición por parte de las organizaciones sindical del sector, que han convocado a una huelga indefinida en rechazo a esta iniciativa. A pesar de las dificultades descritas, Lula goza de una alta popularidad entre la población, ha sumado a nuevos aliados como los sectores de capas medias representados por el PMDB, y también ha logrado que los principales partidos de la burguesía adopten una posición expectante frente a su gobierno, siendo muy cautos en sus críticas.

En política exterior, Lula ha desarrollado una posición independiente que privilegia el liderazgo de Brasil en Latinoamérica, la cual lo ha llevado a proponer la ampliación del Mercosur como polo de integración regional, junto con una contundente crítica a EE.UU. por sus afanes hegemónicos y de rechazo a la invasión de Irak. Sin embargo, como quedó en evidencia en su reciente viaje a EE.UU., Lula ha adoptado una actitud de aceptación condicionada del ALCA que en definitiva lo ha llevado a reiterar el 2005 como fecha inicial de su entrada en vigencia.

En el caso de Ecuador, hay que comenzar recordando que el 21 de Enero del 2000 se llevó a cabo un levantamiento indígena, que en pocas horas logra el apoyo de un importante grupo de militares encabezados por el Coronel Lucio Gutiérrez, y que culmina con la caída del gobierno del presidente Jamil Mahuad. Los principales actores de esta crisis, el movimiento indígena agrupado en la CONAI y en el partido Pachacutik, los sectores patrióticos de las FF.AA. que se expresaron en el apoyo al levantamiento indígena y que rápidamente dieron vida a una nueva organización política, el Partido Sociedad Patriótica, constituyeron la base de una alianza democrática y nacional que levanta la candidatura del ex coronel Lucio Gutiérrez, y que además contó con el apoyo de la izquierda agrupada en el Movimiento Popular Democrático, así como también de una amplia gama de organizaciones populares y sindicales.

Su candidatura se estructura sobre la base de una plataforma que defiende la soberanía nacional pues rechaza la regionalización del Plan Colombia y la presencia de EE.UU. en la base de Manta, expresa reparos con respecto al ALCA y se compromete a dar respuesta a las necesidades materiales más urgentes de la población y a eliminar todo el andamiaje de corrupción de las administraciones anteriores. Después de una reñida contienda electoral, Gutiérrez logra imponerse en la segunda vuelta, ganando de esta manera las elecciones presidenciales. Es necesario hacer notar que producto de las presiones de la derecha, así como también por la necesidad de ampliar su base de apoyo, en esta última etapa de la campaña el ex coronel adopta un tono más moderado, y que una vez electo, nombra como ministros "claves" a ciertos personajes con fuertes vínculos con los sectores industriales y bancarios.

El debut en la presidencia de Lucio Gutiérrez estuvo cargado de una fuerte polémica, pues comenzó su mandato suscribiendo una carta de intenciones con el FMI que comprometía el pago de los compromisos de la deuda externa, lo que entre otros efectos, implicó una inmediata alza en el precio de los combustibles con el consiguiente impacto en la calidad de vida de la población. Esta carta de intenciones también conlleva un compromiso de austeridad fiscal que limita de manera significativa las posibilidades que tiene el gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos durante la campaña. Posteriormente viaja a EE.UU. y se entrevista con el presidente Bush, efectuando declaraciones que relativizan de manera significativa sus posturas iniciales de rechazo al Plan Colombia y el ALCA.

Esta sucesión de desafortunados acontecimientos, y otros más que no alcanzamos a relatar en este escueto recuento, están produciendo una acelerada descomposición de la alianza política de gobierno, al mismo tiempo, un fuerte distanciamiento de los movimientos sociales con respecto al accionar del poder ejecutivo. El movimiento sindical se ha enfrentado al incumplimiento de los compromisos electorales del gobierno ha originado una activación de las basee que se manifiesta en la huelga de los maestros y también en la paralización que llevan a cabo los trabajadores petroleros en rechazo a la privatización encubierta propuesta por el gobierno. En las últimas semanas la poderosa CONAI ha decidido retirarle su respaldo político a Gutiérrez, aunque también ha optado por mantener sus ministros en el gobierno. La principal fuerza de izquierda, el MPD, ha decidido retirar a sus ministros y actuar en forma independiente en el parlamento, producto del contenido neoliberal de las principales políticas que éste impulsa. Y hace pocos días, la situación se ha agravado aún más debido a la solicitud de renuncia que se le cursó a la Ministro de Educación, lo que ha llevado al partido Pachakutic a congelar su participación en el gobierno, a la espera una resolución final que debe tomar en conjunto con el movimiento indígena.

Como hemos visto los nuevos gobiernos populares que se constituyen en Venezuela con el triunfo de Chávez, en Brasil con Lula y en Ecuador con Lucio Gutiérrez, son en cierta medida gobiernos en disputa, donde coexisten diversos intereses así como también diferentes posiciones ideológicas, y donde la participación de múltiples sectores tanto sociales como políticos, obliga a un gran esfuerzo de articulación para estructurar una estrategia coherente que posibilite el cumplimiento del programa de gobierno. Sin embargo la mayor dificultad que enfrentan estos presidentes radica en que para cumplir con los compromisos adquiridos con el pueblo, deberán implementar una serie de medidas que son contrarias a la lógica del neoliberalismo en tanto implican ampliar de manera significativa la red de asistencia social del estado, en salud, educación, previsión y también en el acceso a bienes de consumo básico. Todo ello dentro de los limitados marcos que posibilita una economía de tipo capitalista periférica frente a la cual no se han propuesto una ruptura, y con la conciencia de que su llegada a la presidencia -como lo evidencia el ejemplo de Salvador Allende en Chile- no es sinónimo de un acceso total al poder, pues el poder ejecutivo cuenta con atribuciones acotadas.

Si estos líderes actúan de manera consecuentes con sus postulados avanzando en la concreción de transformaciones antineoliberales, es evidente que deberán enfrentar una férrea resistencia por parte del gran capital y de los grupos sociales subordinados a él, que no están dispuestos a ceder ni un ápice en sus intereses, como ha quedado claro en Venezuela donde la oligarquía no le da tregua a Chávez. Si Lula y Gutiérrez avanzan en esta dirección, resultará decisivo que sigan el ejemplo de Chávez en Venezuela, y recurran al pueblo organizado para hacer frente a la desestabilización de la gran burguesía, ya que sin organización y confianza en las capacidades del pueblo es imposible avanzar en un proceso de democratización real. Pero este camino de consecuencia no es la única opción, también existe la posibilidad real de que prime el temor frente a las dificultades que implica la construcción de alternativa al neoliberalismo, y que se imponga la tentación del conformismo, lo que en definitiva llevaría a un camino de entendimiento con el gran capital.

Como vemos estos nuevos gobiernos enfrentan una disyuntiva sobre la cual todavía no se ha dicho la última palabra, y en donde resultará decisiva la fuerza de masas que tengan los sectores de izquierda para incidir en el rumbo de los acontecimientos, al igual que la fortaleza ideológica que posean para asimilar las múltiples contradicciones que surgirán en una alianza de este tipo, y no perder la dirección antineoliberal del proceso. Una situación que resulta aleccionadora es lo sucedido en Ecuador, ante el viraje hacia la derecha que adopta el gobierno de Lucio Gutiérrez, el izquierdista MPD decide abandonar el gobierno, para actuar desde la oposición en defensa de los intereses populares.

Los gobiernos populares de América Latina enfrentan una disyuntiva histórica, o se apoyan en la fuerza del pueblo para impulsar un proceso real de democratización, o ceden frente a las tentaciones del posibilismo, convirtiéndose en gobiernos vacilantes incapaces de impulsar un proceso de transformaciones sociales. Más triste aún es el destino de aquellos gobiernos que hagan del transformismo su proyecto político, es decir, de aquellos teniendo un discurso crítico frente al neoliberalismo terminan por aplicar y profundizar las mismas políticas que dicen cuestionar, como sucede con la concertación de partidos por la democracia en Chile. En Venezuela, Chávez junto a un pueblo organizado que día a día crece en conciencia ya eligió el camino de la democratización, en Brasil se aproxima un momento de definiciones pues a Lula se le está acabando el tiempo, y Ecuador representa el caso más desafortunado, donde sólo nos queda en que la reacción de las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales pueda detener el viraje hacia la derecha que esta dando Lucio Gutiérrez.
Santiago, Julio de 2003