LA JORNADA

El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, genocida equiparable a Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, y actual ocupante de la presidencia del Congreso de su país, logró, en su quinta tentativa, doblegar a la Corte de Constitucionalidad del país vecino y obtuvo de esa instancia legal la orden para que se reconozca su candidatura presidencial.

Depuesto por sus propios compañeros militares en 1983, Ríos Montt nunca ha desistido de su obsesión de volver al poder, y en ese afán ha envenenado y desvirtuado la vida democrática posterior a las dictaduras militares, desde 1986 a la fecha. Aunque detenta el liderazgo máximo del partido en el gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Ríos Montt había venido topándose, una y otra vez, con la cláusula constitucional que prohíbe a los promotores de golpes de Estado aspirar a la Presidencia de la República. Ante la imposibilidad de salvar ese obstáculo, el ex general designó a su protegido Alfonso Portillo candidato presidencial de su partido en los comicios de 1995, cuando quedó en segundo lugar, y de 1999, año en que alcanzó la primera magistratura.

De entonces a la fecha, Ríos Montt y Portillo han jugado a las disputas y los desencuentros, y algunos llegaron a creer que realmente se había producido una ruptura entre el genocida y el mandatario. Tales creencias no resisten la prueba de lo sucedido el jueves y el viernes de la semana pasada, cuando Ríos Montt, para imponer su candidatura presidencial a las instituciones -especialmente, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral- mandó a sus seguidores a propagar la violencia y el caos en las calles de la capital guatemalteca, con saldo de un muerto, varios heridos, graves destrozos materiales y un clima de zozobra, terror e ingobernabilidad.

El presidente Portillo y su ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón, optaron por dejar a su arbitrio a los alborotadores, quienes, según todos los indicios disponibles, estaban comandados por la plana mayor del FRG y por hijos y otros familiares del propio Ríos Montt. Tan evidente es la responsabilidad por omisión del actual gobernante guatemalteco, que se ha presentado, en la Corte Suprema de Justicia una demanda de antejuicio contra Portillo, Ríos Montt y otros funcionarios públicos y diputados. Con todo, el militar genocida parece haber logrado su propósito: inscribirse como candidato presidencial. Portillo, por su parte, ratificó ante la opinión pública nacional y mundial su condición de marioneta del ex general.

Así, Guatemala se enfrenta a la posibilidad de ser gobernada, a partir de enero del año entrante, por un hombre que en los 15 meses que permaneció en el poder, se hizo responsable del asesinato de decenas de miles de guatemaltecos -hombres, mujeres y niños ejecutados extrajudicialmente-, del desplazamiento de cientos de miles y de la virtual desaparición del mapa de 448 aldeas indígenas. Adherido a una secta fundamentalista, Ríos Montt gobernaba, según su propia expresión, "con la Biblia y la metralleta", y también, por supuesto, con la bendición y el respaldo de los gobiernos estadunidenses de Ronald Reagan y George Bush padre.

Para Guatemala, para América Latina y para la humanidad, la posibilidad de que este militar asesino trastoque el orden constitucional de su país -con la vergonzosa complicidad del actual presidente- y consiga colarse de nueva cuenta al poder público es aterradora, indignante e inaceptable. Y si ninguna instancia legal guatemalteca ha sido capaz hasta ahora de procesarlo por sus crímenes de lesa humanidad, cabe exigir que la justicia internacional lo obligue a rendir cuentas antes de que vuelva a gobernar a la martirizada nación vecina.