Pablo Dávalos
Alai
A fines del mes de octubre del 2002, ganaba la presidencia del Ecuador, el coronel Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica. El proceso de Gutiérrez recordaba mucho a aquel de Chávez en Venezuela. Ambos militares se insurreccionaron en contra del régimen político acusándolo de corrupto, ambos se situaron por fuera de la clase política tradicional para lograr legitimidad y una plataforma política electoral, ambos apelaron a sectores sociales muy críticos al stablishment vigente, y ambos mantuvieron durante su campaña discursos críticos y radicales a las políticas de ajuste del FMI y del Banco Mundial. Pero las semejanzas se detienen allí.

Apenas posesionado a inicios del 2003, el coronel Gutiérrez estructuró su equipo económico con aquellos sectores que decía combatir, los tecnócratas del FMI y los banqueros. El stablishment ecuatoriano saludó las decisiones del Coronel Gutiérrez como una sana dosis de pragmatismo en el ejercicio del poder.

Esta decisión de Gutiérrez dejó sin piso la propuesta de aquellos sectores de los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena ecuatoriano, y de los sectores sindicales y los partidos de izquierda que habían apoyado al Coronel en su campaña electoral y que pensaron que desde el nuevo gobierno eran posibles realizar cambios en función de una agenda social y de redistribución del ingreso.

Apenas a tres semanas de haberse posesionado como Presidente de la República, el coronel Gutiérrez, impone un duro paquete de ajuste económico incrementando los precios de los combustibles, de la energía eléctrica y de otros servicios, como paso previo para la suscripción de una Carta de Intención con el FMI, solicitando a éste la aprobación de un acuerdo de derecho de giro (stand-by), por trece meses y por un monto de 151 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro, la unidad de cuenta del FMI), es decir, alrededor de 200 millones de dólares, un monto si se quiere insignificante para una economía que tiene un PIB de 26 mil millones de dólares.

Pero en realidad, lo que el nuevo gobierno del Ecuador buscaba era el aval del FMI en el concierto internacional para lograr la aprobación de nuevos créditos por parte de las multilaterales, y una probable apertura de los mercados financieros internacionales hacia el Ecuador. De hecho, el Coronel Gutiérrez exhibió su acuerdo con el FMI como uno de los logros más importantes de su gobierno. Una apuesta que, a ese nivel, finalmente daría resultados.

En efecto, cuatro meses después, el Banco Mundial hacía pública su "Estrategia de Asistencia al País" (Country Assistance Strategy, CAS), en el cual manifestaba su voluntad de abrir una cartera de créditos para un portafolio de programas por más de mil millones de dólares a ser desembolsados durante el periodo 2003-07, es decir, el periodo de gobierno de Gutiérrez. Durante el mismo periodo de tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, comprometía recursos asimismo por algo más de mil millones de dólares. De su parte, la multilateral regional, la Corporación Andina de Fomento, CAF, se suma al coro de buenas intenciones y también ofrecía un importante paquete de ayuda crediticia.

De esta manera, parecería que el gobierno del Coronel Gutiérrez contaría con todos los auspicios, al menos de la banca multilateral. Lo que animaba a las multilaterales de crédito a auspiciar de manera tan decidida al Coronel Gutiérrez era la presencia del movimiento indígena dentro de su gobierno. En efecto, el mismo Banco Mundial, en su Estrategia de Asistencia al País, párrafo Nº 5, señala que: "El compromiso de la nueva Administración para reducir la pobreza, la fuerte presencia indígena en el Gobierno, con sus tradiciones de procesos participativos para asegurar la concertación y de vigilancia pública para fortalecer la transparencia ... son elementos que presentan una ruptura significativa con el pasado, y que justifican mayor colaboración y apoyo por parte del Banco para el Ecuador."

Era la primera vez que los indígenas accedían al gobierno en una alianza y era necesario, entonces, consolidar su proceso de institucionalización, es decir, convertirlos en partido de gobierno para tener un mejor control sobre los alcances de su proyecto político. Ahora bien, tanto la Carta de Intención con el FMI, como la Estrategia de Asistencia al País del Banco Mundial, radicalizan una agenda y un proyecto que habían sido fuertemente cuestionados por el movimiento indígena, al extremo de que sus mismos contenidos fueron la causa de las movilizaciones indígenas y sociales que causaron la destitución de dos gobernantes: Bucaram en 1997 y Mahuad en el 2000, así como una serie de levantamientos.

Desde el inicio de la alianza entre Pachakutik y el partido del Coronel Gutiérrez, Sociedad Patriótica, se pudo comprobar que el proyecto de Gutiérrez era incompatible con el movimiento indígena y que la colisión era cuestión de tiempo. Efectivamente, el Coronel Gutiérrez se hallaba empeñado en cumplir a rajatabla sus compromisos con el FMI, porque éstos eran el único soporte para su gobierno.

Esta agenda de Gutiérrez y del FMI comprendía, entre otros aspectos: la privatización de la energía eléctrica, las telefónicas, el petróleo; y varias propuestas de reformas estructurales: reforma laboral, bajo el pretexto de flexibilizar los mercados laborales, que desmantelaba todas las garantías y derechos adquiridos por los trabajadores, incluyendo el incremento de la jornada laboral sin incremento salarial; reforma fiscal que comprendía ampliar la base tributaria hacia abajo incorporando a los ecuatorianos más pobres como sujetos de tributación, además de la tributación a las remesas de los migrantes y la exoneración de impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad; reforma a la seguridad social, que incluía su privatización y su probable desmantelamiento al transferirla a los municipios; y, reforma financiera, que incluía la privatización de los bancos que habían sido rescatados por el Estado en la crisis de 1998- 1999.

Para Gutiérrez, la Carta de Intención con el FMI se había convertido en realidad en su verdadero programa de gobierno. De su fiel cumplimiento dependían los desembolsos anunciados por las multilaterales, y esos recursos irían a financiar su propuesta de desarrollo y por tanto la "gobernabilidad" de su régimen, aunque al Ecuador le signifiquen un sobreendeudamiento que a la larga ameriten nuevas políticas de ajuste económico.

De su parte, el movimiento indígena, a través de su movimiento político Pachakutik, pensó en un inicio que el gobierno bien podría ser un "espacio en disputa" desde el cual se logre presión por una agenda de reactivación productiva con equidad, justicia social y redistribución del ingreso. Pero al movimiento indígena no se le habían abierto ni se le habían otorgado ni los espacios ni las capacidades institucionales para, al menos, lograr un "efecto demostración" frente a la sociedad de lo que significaba su propuesta de Estado y de gobierno.

Durante los primeros seis meses de administración, y a medida que tenía que cumplirse el cronograma de reformas acordados con el FMI, el movimiento indígena comprendió que la alianza era inviable políticamente y que el gobierno del Coronel Gutiérrez, se había alineado de una manera tan radical con el FMI y el Banco Mundial, que ya era imposible considerarlo como un "gobierno en disputa".

La gota que derramó el vaso fue la oposición total de los diputados del movimiento Pachakutik a suscribir la propuesta de reforma laboral enviada al Congreso por el gobierno de Gutiérrez. De haberla aprobado, el movimiento indígena habría perdido de manera irremisible a uno de sus aliados estratégicos más importantes, la clase obrera y habría hipotecado los contenidos fundamentales de su proyecto político al largo plazo.

Es sobre este contexto que se sitúa la ruptura de la alianza entre el movimiento Pachakutik y el gobierno del Coronel Gutiérrez. El tiempo futuro es un tiempo de confrontación. El movimiento indígena no va a resignar su capacidad de movilización en este enfrentamiento. El gobierno de Gutiérrez, que ahora busca una base de sustentación política con las oligarquías de la costa, los banqueros y el partido de derecha, Partido Social Cristiano, sale de la ruptura seriamente debilitado y comprometida su capacidad de conseguir los recursos necesarios por parte de las multilaterales para su programa de gobierno.

De hecho, el movimiento indígena ha logrado suspender la reforma laboral, y es probable que en sus estrategias políticas del mediano plazo, se logren desmantelar los acuerdos y el cronograma de acción previstos con el FMI. La "estabilidad y reforma estructural", que es el proyecto político de Gutiérrez, y también del FMI y del Banco Mundial, corren el riesgo de quedarse a medio camino al igual que su gobierno.