Editorial del Correo de Magdalena, órgano del ELN

Cumplido el primer año del gobierno el coro de aplausos del presidente Uribe sobredimensiona logros que no ha tenido y otros propósitos que están por ver los resultados y, le echan tierra a los vacíos y fracasos de su gestión, para que pasen desapercibidos y no destiñan tempranamente su imagen.
A los halcones del norte los tiene encantados. La firmeza con que defiende los intereses de la oligarquía, las artimañas de que se vale para amarrar la suerte del país a las exigencias imperiales y la promesa de garantizar seguridad y acabar con el "terrorismo", son propósitos de que se sirve el presidente para complacerlos.
Estos propósitos le sirven, además, para atenazar el establecimiento en el "unanimismo" y poner a discreción del gobierno de la "mano dura" el entierro de la seguridad social y los medios de comunicación para que eleven su figura narcisista y magnifiquen su obra.
Y ese "unanimismo" se refleja en el balance generoso de los analistas y comentaristas oficiales difundido por los medios de opinión, con cifras maquilladas y hechos acomodados hasta hacerlos corresponder con los deseos.
Pero los resultados que presentan no son como dicen y pasan de largo sobre otros que si están en la realidad del país. Esta realidad es bien distinta a la que reseñan los editorialistas.
Los problemas más sentidos y reclamados por las mayorías nacionales se han agravado en este gobierno, sin que Uribe se dé por aludido, obsesionado como está en hacer y financiar la guerra, satisfacer las demandas del imperio y estar en línea con los guerreristas que le aplauden.
El balance pone el acento en la política de "seguridad democrática" reducida a la lucha contra la insurgencia, calificada de terrorista, como si fuera la única tarea de gobierno que reclamaran los colombianos. Y desde luego para presentar resultados tienen que recurrir a cifras infladas y manipuladas sobre guerrilleros muertos, detenidos, desertados y fusiles decomisados, y a interpretar los ajustes tácticos, hechos por la insurgencia para contrarrestar la estrategia contrainsurgente, como signos de la inminente derrota de las guerrillas.
Dicho balance ignora las atrocidades del terrorismo de Estado en ascenso con la complicidad del gobierno que no hace nada por desmantelar la estructura de guerra sucia. En el año de gobierno pasan de cien los sindicalistas asesinados, del medio millón los campesinos desplazados; además suman miles los desaparecidos, torturados y encarcelados con pruebas falsas.
Las masacres, los asesinatos y las amenazas a líderes populares no existen para el balance de la "seguridad democrática".
Igualmente dejan por fuera las actividades del paramilitarismo. Este instrumento macabro de la guerra sucia y del narcotráfico se fortaleció en las llamadas zonas de rehabilitación y se extendió a nuevas regiones durante este gobierno, incluso ha copado, de la "mano amiga" de la fuerza pública, barrios en ciudades como Medellín, Cúcuta, Barranquilla entre otras, con un costo altísimo en vidas y desplazamiento de población civil.
Autoritarismo y militarización de la vida del país con las consabidas consecuencias, incremento de la fuerza pública a 345 mil hombres, aumento escandaloso del gasto militar, atropello a los derechos ciudadanos y restricciones a las libertades públicas, es lo que el gobierno de Uribe puede mostrar como resultado.
En el manejo de la economía le son desafortunados los resultados y con tendencias peligrosas hacia el futuro. En el campo de la seguridad social, fue un desastre y tenía que ser así, pues estaba por fuera de los planes de gobierno.
Contradiciendo las cuentas alegres de los analistas oficiales, la reactivación de la economía casi ni se siente y un signo preocupante en ella es la caída de las ventas de alimentos en un 7%, de vivienda de interés social en un 50%, las ventas en las supertiendas en un 10%. Las exportaciones no tradicionales también han descendido en un 10%, en los primeros cinco meses de este año. El desempleo se mantiene cerca al 15%, el 61% de los trabajadores pertenecen a la economía informal y un 35.5 % son subempleados.
La reforma tributaria que incrementó el IVA y liberó de nuevas cargas a los gremios económicos, la reforma laboral y del Estado que redujo los ingresos de los trabajadores y dejó cesantes a muchos de ellos, afectaron sensiblemente la capacidad de consumo de la población, las ventas y el empleo, incrementándose la pobreza que ya sobrepasa el 60% de los colombianos.
El gobierno se vio obligado a incumplir los ajustes impuestos por el FMI en materia de déficit fiscal e incremento del empleo. A despecho de la última reforma tributaria, el despido de cerca de 15 mil trabajadores del Estado, el recorte del gasto público y cuando se creía tapado el "hueco fiscal" heredado, apareció otro más grande de 3.3 billones de pesos (1100 millones de dólares) ocasionado en parte por el aumento del gasto militar en un 32% en el primer trimestre del año y el incremento del servicio de la deuda pública.
La reducción del desempleo no se produjo a pesar de las gabelas cedidas a los gremios económicos y las transnacionales en la reforma laboral y tributaria, con la promesa de abrir nuevos puestos de trabajo. Los ingresos obtenidos por la generosidad del gobierno incrementaron el consumo suntuario y el ahorro de las empresas, pero no el empleo.
En la medida que en el país aumenta el número de pobres (cerca de 33 de los 44 millones de colombianos, viven en la pobreza) y los desplazados internos por la violencia paraestatal, el gobierno reduce el presupuesto de la seguridad social, dejando el campo abandonado para que lo asuma como negocio la inversión privada.
El presupuesto del 2004 afora 5.3 billones de pesos (1800 millones de dólares aproximadamente), cantidad insuficiente teniendo en cuenta la grave crisis humanitaria que vive el país. Los otros 10.5 billones (3600 millones de dólares) de la seguridad social están comprometidos en el pago de las pensiones.
La crisis económica y social llegó a niveles insoportables sin que el gobierno y el establecimiento se apresten a buscarle soluciones reales, confiando más en atemperarla con la intimidación, a través de los grilletes de la militarización y el desenfreno de la guerra sucia.
Los paros del 24 de julio y el 12 de agosto último son señas que anuncian el agotamiento de la paciencia popular y que se avecinan tiempos de masivas confrontaciones sociales por las transformaciones que el país requiere.
La popularidad que registran las encuestas sobre el gobierno de Uribe es virtual y no resultado del buen gobierno, como se pretende hacer creer, porque no tiene resultados; es fruto de la manipulación ideológica de la opinión a nivel nacional e internacional.
La ofensiva de Uribe promocionando la guerra interna y tratando de comprometer al país en ella para derrotar la insurgencia, la usa además como "burladero" de los grandes problemas socioeconómicos del país y para distraer la atención, creyendo al pueblo tonto y sin memoria. Mientras tanto gana tiempo y, a espaldas de los colombianos, adelanta soluciones ligadas a los intereses del imperio, con lo que se agravaría la situación al comprometer la soberanía nacional.
El ALCA o el TLC, antes que tratados o simples acuerdos de aranceles como lo anuncian sus defensores, trascienden porque están concebidos para trasladar la toma de decisiones en política económica a instancias multinacionales dominadas por el imperio.
Los reiterados llamados a la intervención militar de los EEUU en el conflicto interno van en el mismo propósito antipatriótico. No es gratuita la afirmación que vamos rumbo a perder la libertad como nación para retroceder al estado neocolonial.
El ELN considera que el país pasa por un momento de mucha gravedad y peligro, siendo necesario mucha reflexión y análisis serios de las personas comprometidas con el futuro de la nación, el desarrollo, la paz y el bienestar.
Ante tal situación reiteramos una vez más nuestra disposición a participar en el tejido de soluciones ciertas y a defender con toda firmeza, constancia y lealtad los caminos para construir el nuevo país con justicia social que los colombianos queremos.
El ELN comparte con quienes rechazan y combaten el ALCA y el TLC, defienden los tratados regionales en igualdad de condiciones y con respeto de la soberanía, con quienes se oponen a la política de Seguridad Nacional, a la militarización de la vida del país y a la dictadura constitucional que se pretende implantar, con la complicidad del Congreso de bolsillo; con quienes se oponen al referendo tramposo y llaman a la abstención el 25 de octubre; con quienes luchan desde la fábrica, el colegio, la universidad, la iglesia, la vereda, en las calles y carreteras del país contra la nefasta política social y económica del gobierno neoliberal.
El ELN sigue creyendo que es posible resolver el conflicto interno y saborear la paz, como proceso de construcción social entre los colombianos.
Para eso estamos y dispuestos a juntarnos con otras voces y otras manos ¡para sacar el país adelante!