Tarcisio Agramonte Ordóñez*

Obnubilados o distraídos por la pequeña aritmética electoral a la que nos convoca la recientemente promulgada Ley de Reforma Política, los colombianos no hemos tenido tiempo ni lugar para empezar, respecto de ella, ningún tipo de análisis que vaya más allá del simple cálculo inmediato acerca de cómo y cuánto perjudican o favorecen a los Partidos y Movimientos Políticos, de cara a los próximos comicios del 26 de Octubre de este año, instrumentos tales como el umbral, la cifra repartidora o el voto preferente, por sólo citar tres ejemplos, mientras la parte sustantiva de la Ley y sus implicaciones y consecuencias a mediano y largo plazos aún permanecen intocadas, sobre todo en lo que tiene que ver con el ciudadano común, quien debería ser, en última instancia, el encargado de dictar con su voto y en la relativa soledad de los cubículos su veredicto final sobre cualquiera o cualesquiera de las opciones políticas.
Desde esta perspectiva, las notas aquí consignadas no tienen propósito distinto que el de servir de prólogo a un necesario debate nacional respecto de la conveniencia o inconveniencia de esta norma en las actuales circunstancias de Colombia, debate que debe cobijar a los Partidos y Movimientos Políticos, especialmente a los minoritarios, a los trabajadores, sindicalizados o no, a los académicos y al estamento estudiantil, a las asociaciones de padres de familia, al movimiento comunal, a las organizaciones no gubernamentales y, en general, a todas y a cada una de las personas y agremiaciones populares a través de las cuales se expresa todavía, precariamente, la vida nacional.
Un Desolador Panorama Gestada y promulgada bajo el pretexto de adoptar para nuestro país "un nuevo régimen de partidos políticos y un nuevo modelo para la estructura del sistema electoral, los cuales tienen como finalidad primordial lograr la viabilidad del sistema político en condiciones de responsabilidad política, transparencia y legitimidad ", la Ley de Reforma Política pone en vigor en Colombia el método d'Hondt mediante el cual se distribuyen los escaños de las Corporaciones Públicas entre los Partidos y Movimientos Políticos en forma proporcional a su fuerza numérica. Hasta aquí están, aparentemente claras, las buenas intenciones del Legislador: reorganizar o refundar los partidos políticos, hacer viable el sistema político colombiano que, evidentemente y por propia confesión del Establecimiento, no lo es, establecer como sistema la representación proporcional de los Partidos y Movimientos Políticos, y forzar, mediante Ley de la República, a que en Colombia haya por fin la responsabilidad política, la transparencia y la legitimidad que nuestros partidos históricos no han exhibido nunca, por lo menos no en la última centuria.
No es la primera vez que en Colombia, un país en donde la Historia Patria se nos ha convertido en la repetición circular de grandes frustraciones nacionales, en que detrás de propósitos loables se oculten finalidades perversas. Porque, pensado en realidad en los términos y para beneficio de los partidos tradicionalmente mayoritarios en Colombia, como son el Partido Liberal y el Partido Conservador, deseosos de conjurar o por lo menos de mitigar la profunda crisis ideológica, institucional, programática y de legitimidad en la que se debaten desde hace varias décadas, merced, entre otros factores, a los desaforados apetitos personales de sus dirigentes y a su nulo sentido de patria, el "Acto Legislativo 01 de 2003 por medio del cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras Disposiciones", promulgado el 13 de Julio del presente año, parece diseñado para recortar aún más, si cabe, los espacios de participación ciudadana en la construcción y en el control y fiscalización del poder político en Colombia, consagrados en la Constitución de 1991, y al hacer recaer el precepto de la representación proporcional de los Partidos y Movimientos Políticos en las Corporaciones Públicasa sobre la base de su fuerza numérica entroniza en realidad es la desproporcionalidad en el acceso a los medios masivos de comunicación y a la libre difusión de las ideas por parte de los Partidos y Movimientos Políticos minoritarios, de las Organizaciones Sociales y de los Grupos Significativos de Ciudadanos, la desproporcionalidad en el acceso a los dineros públicos destinados a la financiación de las campañas proselitistas y al sostenimiento de los Partidos y Movimientos Políticos con personerías jurídicas vigentes, y hace permanentes la desproporcionalidad y la asimetría en el acceso a la burocracia oficial y a los mecanismos de toma de decisiones y del poder del Estado y del Gobierno que se observa en el país respecto de la grandes mayorías que no se sienten representadas ni están representadas en las Corporaciones Públicas ni en la vida política, económica, social ni cultural de la nación por el binomio liberal-conservador de la política tradicional en Colombia.
Expediente por demás peligroso en un país en donde el 63% de la población vive en condiciones de pobreza y el 30% de esos pobres se debate en condiciones de indigencia, y en donde la expectativa del pago en efectivo por el voto, la de mejorar el nivel el nivel de vida mediante un cargo en la burocracia oficial, o más generalmente, la seguridad de poder llevar el alimento a los hijos o a los familiares siquiera durante el día de elecciones constituyen el gancho "ideológico" más eficaz para llevar al elector colombiano mayoritario a las urnas. Más grave aún cuando entraña la acusación de que los Partidos y Movimientos Políticos hasta hoy minoritarios no representan la búsqueda de nuevas opciones democráticas ni de nuevos proyectos de nación por parte del pueblo colombiano sino que simplemente han aparecido, han crecido y se han multiplicado es al amparo del desorden interno, de la corrupción y del desgreño de los Partidos tradicionales, con lo cual queda claro que todo proceso de reorganización, de reestruracción y de reagrupamiento éstos no tendría otro obtivo que el de aplastar todo intento de reconstrucción de la nación colombiana, la búsqueda de alternativas democráticas por parte de la ciudadanía del país y todo intento por construir fórmulas de avenimiento y de pacificación con justicia social en un país empobrecido, envilecido y desangrado por 56 años de guerra; guerra y país en los cuales la exclusión política y la falta de oportunidaddes económicas son y han sido siempre permanentes factores de violencia.
Hacia un Nuevo Frente Nacional Constreñido por la violencia económica y social a la cual se le somete, el elector colombiano irá allí en donde se le ofrezca el señuelo. Sombrío panorama cuando al mismo tiempo se nos notifica de que cada vez que el orden constitucional les resulte estorboso a las bancadas mayoritarias presentes en el Congreso de la República éstas se reunirán para violentarlo y para seguir modificándolo de acuerdo con los particulares intereses de los barones electorales dueños del tradicional bipartidismo y para seguir vapuleando lo que aún quede en pie del texto constitucional de 1991, cuyas verdadera motivación y razón de ser fueron las de que sirviera como un pacto de paz entre los colombianos.
Todo parece indicar que esos no son, precisamente, los propósitos que animan a los gestores y promulgadores de la Reforma Política. Ante la impotencia del ciudadano de a pie que tantas esperanzas cifró en los conatos de apertura democrática que posibilitaba, al menos teóricamente, la Carta Constitucional de 1991, y que creyó -una vez más- en aquello de la prevalencia del interés general sobre el particular, en la democracia participativa y pluralista, en que era posible la construcción de mecanismos de control y vigilancia de la administración pública, todo ello enderezado hacia la búsqueda de un orden social más justo, más humano e incluyente, lo que se ve venir en la práctica es una reedición del Frente Nacional, pacto político liberal-conservador de nefasta recordación en nuestra historia y que so pretexto de combatir al comunismo y a los quintacolumnistas que se forjaron en su imaginación los ideólogos del Departamento de Estado norteamericano y del Pentágono reafirmó desde entonces y de manera gratuita la dependencia y la sumisión de Colombia a los dictámenes y a los intereses del Imperio, metió al país artificiosamente en los conflictos de la Guerra Fría, y que siendo dispensador de groseros privilegios y exclusiones tanto contribuyó, por el contrario, a originar y a exacerbar procesos de violencia que aún no supera Colombia. Se trataba, en todo caso, como ahora, de aplastar o de eliminar al disenso, no de incluirlo.
Pactado inicialmente por 16 años que debían terminar en 1974, el cerrojo del Frente Nacional -que implicaba una paridad milimétrica en el reparto de los cargos públicos, tanto de nombramiento como de elección, la representación paritaria en la Corporaciones Públicas y la alternación presidencial entre Liberales y Conservadores- gobernó a este país, sin interrupciones, desde 1958 hasta 1986 cuando fue disuelto formamente por el Presidente de entonces, Doctor Virgilio Barco Vargas, y sus consecuencias lamentables aún están a la vista: instalados sobre una pirámide de muertos, sus gobernantes no le dejaron a las fuerzas políticas ni a las opiniones divergentes en Colombia otros caminos que no fueran los del silencio torpe, obsecuente y cohonestador, el exilio, o el camino suicida de lanzarse a las montañas y a las selvas para defender lo que cada grupo creyó que era su proyecto de Sociedad, de Estado y de Nación, y para crear y defender, desde la marginalidad y por la vía de las armas, los espacios de expresión política que les negaba el sistema de exclusión bipartidista. Muy poco o nada ha cambiado desde entonces la situación en Colombia. Llevamos 56 años completos en una guerra civil que se nos quiso ocultar a los mismos colombianos. En ella concurren todas las determinantes históricas, económicas, políticas y sociales cuya presencia y choque en el seno de una sociedad conducen a la aparición de graves fracturas internas y de conflictos de hondo contenido cuya expresión más elemental y más visible es la guerra. Guerra y conflicto no son el mismo fenómeno. La guerra constituye la parte instrumental y externa a través de la cual se expresan los conflictos.
Para el caso colombiano, el único elemento que hace específica e individualiza a nuestra guerra doméstica de las demás guerras civiles en el mundo es la presencia aparentemente determinante que desde 1980 tienen en ella los dineros producto del tráfico de las drogas ilícitas. Es a partir de este año, que coincide con el inicio del desmonte del campo socialista, de donde provenía la mayor parte de la financiación de los grupos guerrilleros, cuando se hace obligatorio para estas organizaciones armadas la construcción mecanismos para el control de sus ingresos y la búsqueda de financiación en el frente interno; y lo hacen a través de la extorsión, el secuestro, la aplicación de contribuciones forzosas a los comerciantes, a la empresas multinacionales y transnacionales petroleras y a los gremios económicos presentes en los campos de Colombia, comúnmente llamadas "boleteo", y del establecimiento de "vacunas", es decir, de un impuesto progresivo, a los ganaderos y a los terratenientes que tienen propiedades en sus zonas de influencia, círculo que se cierra cuando finalmente, y llevados por su propia dinámica de crecimiento y de expansión, las organizaciones guerrilleras descubren la inmensas cantidades de dinero que se mueven alrededor de la producción y del tráfico de las drogas iícitas; actividad que aparte de no significar el abandono de las anteriores prácticas ha generado procesos de anarquización y de degradación de la guerra civil en Colombia y que permitió, por primera vez en la historia del movimiento guerrillero colombiano, que sus ideas, proyectos y propósitos fueran puestos en duda y que sus adversarios tendieran peligrosos puentes de homologación y de identificación entre ellos y los grupos y organizaciones de criminales comunes que operan en Colombia. Del tráfico de drogas ilícitas derivan ahora las organizaciones guerrilleras el 82% de los ingresos que emplean para su sostenimiento interno y para la adquisición de las armas, los equipos, municiones y explosivos que utilizan en la guerra y para la compra de los precursores e insumos químicos que necesitan para mantener vivo el negocio de la producción de las drogas ilícitas. Ejemplo que no tardaron en imitar y aún en superar las organizaciones de ultraderecha y los ejércitos de paramilitares que les disputan a los grupos guerrilleros el control de la mitad del territorio nacional, nada despreciable si recordamos que la sola superficie de las tierras emergidas suma 1'141.000 km2 en Colombia.
El dinero producto del narcotráfico es uno de los factores que más dificultarán y entrabarán hacia el futuro cualquier intento serio de paz entre los colombianos. Sin embargo de ello, y aunque cogidos en su círculo perverso, los colombianos sí tenemos claro que el narcotráfico constituye sólo un aspecto accesorio, no central, en la búsqueda de la paz en Colombia, no sólo porque narcotráfico y guerrilla no son expresiones sinónimas sino porque la desmovilización y desaparición de los grupos guerrilleros no implicará necesariamente la erradicación y desaparición del narcotráfico en nuestro país, como también tenemos claro que la erradicación del narcotráfico, persistiendo las causas y las situaciones de conflicto, no significará la paz entre los colombianos ni la cesación de la guerra en Colombia.
Las Cifras que Nadie Quiere Mencionar Es a la superación de la situaciones de conflicto y de sus causas a lo que deberíamos contribuir los colombianos. Máxime en un país en donde cada año mueren -morimos- entre 27.000 y 37.000 personas producto de la violencia generalizada que se palpa en todos los órdenes de la vida diaria y en todos los ámbitos de la geografía nacional; en donde en los últimos años se ha producido el desplazamiento forzoso de alrededor de 3.0000.000 de personas -trescientas mil de ellas nada más en este primer año de la administración de Alvaro Uribe-, cifras que por sí mismas harían palidecer a quienes en forma tal vez ligera sólo relacionan las expresiones "desastre humanitario" y "catástrofe social" con los pobladores de Sudán, de Liberia, de Afganistán o Kosovo; un país en donde hay 3.000 personas secuestradas y en donde, en cifras del año de 2002, llega a 5.989 el número de las desapariciones forzadas; un país, en suma, en donde el 42% de su población, calculada en 43.000.000 de habitantes, se agolpa en las puertas de las Embajadas de los países extranjeros tratando de emigrar hacia cualquier lugar que resulte más hospitalario que su propia patria y que ha perdido, en las amargas cuentas del exilio, una fuerza laboral de 4.000.000 de personas, siendo incontable la cantidad de compatriotas que han atravesado ilegalmente las fronteras de los países vecinos como Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, que han buscado refugio en los países centroamericanos, en las islas-países del Mar Caribe o que, en el peor de los casos, pueblan las cárceles de Méjico y de Estados Unidos, o que víctimas de su propia ilegalidad, de la intolerancia, de la xenofobia y del racismo se pudren en las cárceles y en los prostíbulos de la Unión Europea y de lejanos países del extremo oriente de Asia, no siendo ellos, es obvio, en su inmensa mayoría, prostitutas ni narcotraficantes.
Seguimos produciendo el 80% de la cocaína y de la heroína que se consume en el mundo. Para satisfacer el vicio de los 24.000.000 de drogadictos de los Estados Unidos y de los 14.000.000 de la Unión Europea no hemos vacilado en someter a la destrucción a nuestros Recursos Naturales y del Medio Ambiente.
Cada día este país, otrora uno de los mejor surtidos de recursos hídricos en el mundo, pierde una o dos fuentes de agua como resultado de la tala indiscriminada de nuestros bosque y selvas para la implantación de cultivos ilícitos de coca y de amapola, que se traducen en más de 2'500.000 hectáreas destruídas y sometidas a procesos de desertización prácticamente irreversibles y en el hecho de que, desde 1990, el 3% de nuestra población, es decir, una cifra no menor a 1'290.000 personas no tenga otras fuentes de trabajo que las que se derivan de la producción y del tráfico de las drogas ilícitas.
Demasiadas hectáreas en un país en donde el 90% de la propiedad de las tierras de labor, que deberían utilizarse en la agricultura productiva y en reconstruir el renglón de la agroexportación, que siempre fue uno de los puntos fuertes de Colombia, está concentrada en pocas manos. Demasiadas hectáreas a las que habría que agregar la cantidad de ellas que han sido destruídas por las campañas de erradicación de los cultivos ilícitos de coca y de amapola mediante el uso de aspersiones aéreas del herbicida Glifosato, reiteradamente prohibidas por los Tribunales de Colombia pero impuestas al Gobierno de este país por la DEA, los estrategas del Pentágono y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Demasiadas hectáreas, digo yo, en un país en donde son los paramilitares quienes han hecho la Reforma Agraria que no ha intentado el Gobierno. En las zonas del país que están bajo su dominio, y bajo el argumento de que pertenecían a miembros o a auxiliadores de las guerrillas, en los últimos cinco años 3'850.000 de hectáreas han cambiado de manos. Demasiadas, sobre todo si se tiene en cuenta que este cambio de propietarios se ha hecho al costo de la muerte y del arrasamiento o del desplazamiento forzado de comunidades enteras.
Los dineros del Plan Colombia, estrategia de guerra de los Estados Unidos puesta en marcha en Colombia desde 1998 durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, y que confunde deliberadamente resistencia social y política, civil o armada, frente a sus acciones y exacciones descaradamente imperialistas con terrorismo y tráfico de drogas ilícitas, no ha hecho otra cosa que agravar la situación del país. Diariamente, aumenta la escalada de violencia y el número de muertos colombianos en la represión contra la producción y el tráfico de las drogas ilícitas, cuyos resultados prácticos son un aumento, en la misma proporción, de los precios de éstas en los mercados y en las calles de Nueva York, Los Angeles y Washington. La puesta en vigor del Plan Colombia, punta de lanza de los Estados Unidos en la Región, y que forma parte de una operación geoestratégica de mayor envergadura destinada a la toma de los inmensos recursos energéticos, de petróleo, agua, especies maderables y medicinales, de biodiversidad, de metales y minerales preciosos, industriales y estratégicos del subcontinente de la Amazonía a través del sometimiento político del Brasil y de los países limítrofes o de una invasión armada por parte del Imperio, ha supuesto para Colombia -este Israel de América Latina- un proceso de mayor endeudamiento externo y la adopción de un modelo de economía de guerra por parte del Gobierno del país. Los dineros de sucesivas ayudas y préstamos externos se están utilizando para rellenar inútilmente el barril sin fondo de la industria de la muerte, y en obediencia a los dictámenes de la entidades internacionales de crédito el despido masivo de trabajadores, que por decenas de miles y sin ninguna forma de protección social entran a engrosar las cifras de la pobreza y de la desesperanza, constituye el sistema de ahorro del Gobierno; sistema de ahorro que se traduce en cada vez menos puestos de trabajo, en privatizaciones erráticas y en políticas de adelgazamiento del Estado y de fusión o supresión de entidades públicas, cuando ya en la actividad privada la contracción de la capacidad de compra de los colombianos, la falta de inversión social y en los sectores productivos, entre otras razones, más el abandono del sector cafetero y de otros renglones de exportación -tradicionales y no tradicionales- unidos al desgreño, a la escandalosa corrupción estatal y a una conducción caótica de la economía, vienen arrojando sus víctimas. Cascadas de impuestos se abaten sobre un país exangûe, y el monto del dinero recaudado pasa a nutrir la cuentas de una guerra, cuyo costo en dinero para este año -corridos siete meses del año de 2003 y según cifras del Departamento Nacional de Planeación- ya supera los 30.000.000.000 de dólares y que viene arrojando los mismos vergonzosos resultados que traen las estadísticas mundiales cuando se refieren a las más de 200 guerras civiles e internacionales que han ocurrido en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial: cerca del 90% de la víctimas son civiles, y el 82% de ese 90% son mujeres y niños.
Epílogo Para Un Ausencia Para completar esta semblanza nada halagadora no podía faltar una broma trágica -otra- por parte del Gobierno. Paralelamente a la celebración de la elecciones de día 26 de Octubre de 2003, que habrán de renovar a las Asambleas Departamentales y a los Gobernadores de los 32 Departamentos que tiene Colombia y a los Alcaldes y Concejales de los 1.098 Municipios del país, incluido el de Bogotá, Distrito Capital, y con fundamento en la Ley 796 de 2003, la administración del Presidente Alvaro Uribe viene adelantando la campaña proselitista para la realización de un Referendo, también éste Reformatorio de la Constitución nacional, el día 25 de Octubre de este mismo año. Referendo que aparte de la dificultad que entraña para el elector el tener que concurrir a dos elecciones distintas en dos días consecutivos no le traerá ningún beneficio al país, toda vez que los pocos aspectos de importancia que podría tener ya están contenidos en el texto de la Ley de Reforma Política Constitucional que acaba de emitirse el día 13 de Julio del presente año.
Concebido bajo el "democrático" sistema de "si votas afirmativo gano yo, pero si votas negativo pierdes tú", y sostenido sólo por el capricho, la terquedad y la prepotencia personalista del poder presidencial, este Referendo, inútil e inoficioso, le costará al país 80.000.000.000 de pesos, que pagará la nación a través de su Organización Electoral, más otros $14.000.000.000 que se ha reservado el Gobierno para financiar su propia campaña proselitista cuyos máximos responsables y promotores son el propio Presidente Alvaro Uribe, el cuerpo completo de Ministros y la mayoría de los empleados de la Rama Ejecutiva del poder público en Colombia. La broma trágica estriba en que estos 94.000.000.000 de pesos, equivalentes a 29.000.000 de euros y a 35.000.000 de dólares, significan haber multiplicado por más de tres veces los $30.000.000.000 -9.230.000 euros y más de 11.110.000 de dólares- que Colombia supuestamente se ahorraría eligiendo a a Alvaro Uribe Vélez en la primera vuelta de la elección presidencial. El lo prometió, y muchos colombiano, ilusos, le creyeron. Lo que la mayoría de los colombianos no saben es que ese Referendo, costoso e inútil para todo efecto práctico dentro del país, forma parte también de los aprestos belicistas del Gobierno: de ser aprobado mediante el voto afirmativo o negativo de los colombianos, le servirá al Presidente Alvaro Uribe para darle bases sólidas a su proyecto de reelección presidencial que ya están proponiendo y pregonando sus áulicos y los sectores más retardatarios de los gremios económicos y financieros del país, y lo utilizará como aval para gestionar más préstamos externos, especialmente frente al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para seguir hundiendo y destrozando a Colombia que ya tiene el 52% de su Producto Interno Bruto comprometido al servicio de la deuda, y para seguir financiando su fijación obsesiva por la guerra.
Circunstancias todas que unidas a la violencia económica, la exclusión política y social, la escandalosa corrupción estatal que ya padecemos los colombianos, y a la drástica restricción de la libertades públicas impuesta por la política de Seguridad Democrática y por el Estatuto Antiterrorista del gobierno de doctor Alvaro Uribe, no tardarán en expresarse en un agravamiento en la escalada de violencias superpuestas en que se debate Colombia, y en arrojar insumos de relegitimación política y de nuevos reclutas guerrilleros a las mismas organizaciones armadas que tan obsesivamente se quiere derrotar.
*Sociólogo, Investigador Social y Analista Político Internacional colombiano.
Escritor. Gestor Ambiental y Periodista. Ganador de dos Premios Iberoamericanos de Literatura.