Editorial del Correo del Magdalena
Por más que los capitalistas quieran engañar y desfigurar la realidad, la verdad y la justicia terminan imponiéndose así transcurran años de tragos amargos, de partos dolorosos y sueños de generaciones sin materializarse. Los pueblos rescatarán la verdad y sobre ella construirán la justicia social, la dignidad y un futuro propio.

La democracia, la justicia social y el bienestar; la seguridad, la participación en la definición del futuro común y la dignidad de los pueblos son derechos inalienables que los gobiernos no pueden conculcar indefinidamente. Desconocer y violar aquellos, es lo que legitima el derecho de los pueblos a levantarse contra la opresión política, la injusticia y en defensa de la libertad.

En la actualidad en Latinoamérica y el resto del mundo los pueblos se levantan en oleadas de protesta contra los engaños de las oligarquías locales y el imperialismo, cansados de la opresión y la miseria creciente; toman fuerza las luchas, con tendencia a generalizarse, por un nuevo orden social donde impere la justicia, la democracia y la verdad.

El conflicto colombiano, uno de los tantos que hay en el mundo y de los más viejos, es resultado de la injusticia social y es respuesta de las mayorías del país que se expresan a través de las luchas sociales, políticas y guerrillera. Esta última irrumpe en los años 60, en medio del asfixiante sin futuro y la ausencia de espacios para la lucha y garantías políticas, faltante que sigue existiendo y profundiza con sevicia el actual gobierno.

Uribe Vélez desde el inicio "abrió el telón" dejando ver que los énfasis los pondría en otras "lunas" y no en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y económicos de las mayorías, ni en aproximaciones reales a la solución política al conflicto. Las energías las dirige a despejar el camino, a remover aquellos obstáculos que lo coarten y a liberar amarras que impidan el florecer del régimen y que le faculten para arrasar con la oposición política y lo alternativo "legalmente", sin los costos del golpe de estado.

De ahí su empecinamiento en taponar, a todo "galope", las rendijas democráticas que quedan y podar los mínimos derechos individuales que la Constitución de 1991 rescató, para regresar a la del 86 del siglo XIX con poderes especiales para que el presidente, como un nuevo príncipe, legisle y decida sobre todo y pase por encima de los excluidos de siempre, sin importarle los derechos humanos ni las garantías individuales.

En esta carrera desbocada por deshacerse de lo que le estorba, 84 artículos constitucionales han sido devorados hasta el momento con la reforma política y del Estado, el referendo y la reforma a la justicia. Con el mismo fin acaba de entregar al Congreso otro paquete de leyes. Algunos están aprobados y los que faltan hacen fila preferencial esperando que el parlamento de bolsillo les eche el "agua bautismal" en los próximos meses.

Está igualmente inscrita en la agenda "capadora de estorbos" la revisión de tratados internacionales sobre derechos humanos, según lo expresó el propio presidente a un grupo de ONGs en junio pasado. También se propone acabar con los pocos derechos sindicales y la contratación colectiva escapados en las podas anteriores.

Si se hace un balance de los estorbos removidos y las facultades especiales conseguidas para "mandar" el país sin talanqueras, son indiscutibles los logros de este gobierno en la adecuación de la pista para el aterrizaje de la dictadura "legal", sin oposición real. Son pocas las voces levantadas contra el funesto régimen que se avizora, incluso - salvo unos cuantos - los defensores aguerridos de la Constitución del 91 guardan silencio, sin que se sepa si por presión de las amenazas que reciben o porque cambiaron de camiseta y convicción.

La democracia real, el respeto por la diferencia, la tolerancia y la inclusión fueron las "rajadas" y perdedoras del año, sin necesidad de golpe de estado.

En los otros campos el gobierno tiene muy poco o nada que mostrar en beneficio del país y las soluciones a los graves problemas que padecen las mayorías nacionales. Apenas lógico el resultado desastroso, teniendo en cuenta que éstas no están dentro de las prioridades inmediatas del presidente.

La protección social para los menos favorecidos fue casi desaparecida en la ola privatizadora de la salud y el consecuente cierre de hospitales. El bienestar de las mayorías se redujo y los índices de miseria se dispararon en el último año: el 68 por ciento de los colombianos está en la franja de la pobreza, los desempleados y subempleados pasan de los 10 millones y los desplazados internos se contabilizan en más de 3 millones desamparados.

Las reformas laboral, pensional, del Estado y tributaria con el incremento del IVA, la sobretasa a la gasolina, sumados al desplazamiento forzado de más de 500 mil pobladores en el último año, aumentaron la pobreza al reducirse los ingresos de los trabajadores, pensionados y la pérdida del entorno laboral de los desplazados.

Los favorecidos con las reformas fueron los de siempre, los gremios económicos y las transnacionales, con gabelas supuestamente establecidas como estímulos a la inversión y creación de nuevos empleos, cuando lo cierto es que la mayoría de los capitales se fugan para engordar el circuito financiero internacional y las ganancias de las casas matrices. Un solo ejemplo de dichos favores lo refleja el balance de Suramericana de Inversiones, holding del Grupo Empresarial Antioqueño que elevó sus ganancias de "3.378 millones a 48.863 millones de pesos entre junio del 2002 y el mismo mes del 2003". (Notas económicas El Tiempo, 2003-07-30)

La "seguridad democrática", pregonada como elixir de seguridad y tranquilidad, es el espejismo electoral con el cual el presidente intenta ocultar y "lavar" la estructura de guerra sucia del Estado y las bandas paramilitares que le sirven de soporte al régimen.

Un año después, como era de esperarse, siguen sin parar los asesinatos selectivos, las masacres y las amenazas, los desplazamientos, las torturas y desapariciones forzadas. En los últimos meses fueron asesinados 43 dirigentes sindicales entre otros tantos miles de crímenes y 100 mil pobladores desplazados violentamente por las fuerzas del Estado y sus paramilitares.

Los diálogos con los paramilitares es otro cuento que termina en una comedia mal montada, donde se confunden perversamente los conceptos y los papeles. Y si como dicen los "patrones", ellos defienden al Estado y no le están haciendo la guerra, ni son un proyecto contrapuesto, entonces ¿sobre qué dialogan? Nada tiene el gobierno que negociar con ellos salvo el sometimiento a la justicia dentro de un proceso judicial y no dentro de los marcos de un proceso de paz, como inapropiadamente se está haciendo.

Las actividades delincuenciales de aquellos se han caracterizado por la sevicia de sus crímenes cometidos contra la población civil inerme, en unos casos en tareas contrainsurgentes delegadas por la fuerza pública y en otros, que son la mayoría, abriendo rutas y consolidando territorios para la seguridad de los "patrones" y del negocio del narcotráfico.

Los Castaño, Salvador Mancuso, Adolfo Paz y otros jefes narcos con mercenarios propios, enriquecidos y con un gran poder acumulado en los negocios sucios, pretenden "lavarse" cubriéndose con la égida contrainsurgente, para mimetizarse de luchadores políticos. Uribe Vélez les está devolviendo favores electorales con la "lavandería" montada como "proceso de paz", en la más vergonzante impunidad conocida en el país. Son socios negociando entre los mismos el interés nacional, como si fuera propio.

La guerra fue el programa de gobierno de Uribe y lo está cumpliendo para satisfacción de quienes cosechan beneficios con la guerra. No estando la paz dentro de sus propósitos inmediatos, resulta lógico que su balance en este primer año esté en cero y sin posibilidades para los siguientes, a menos que la sociedad colombiana logre convertir en propósito nacional la paz y la solución política al conflicto social.

Un éxito que no se puede dejar de registrar en la agenda del presidente Uribe, para desgracia del país, es haber borrado del prontuario de la DEA las "travesuras" que lo salpican de narcotráfico, a costa de la incondicionalidad del gobierno con los intereses y la política del imperio: el apoyo a la agresión criminal de los EE.UU. contra Irak, los esfuerzos por acelerar la recolonización de Latinoamérica a través del ALCA, el respaldo a las iniciativas gringas en los foros internacionales y el llamado permanente a que los soldados gringos intervengan en el país, lo han convertido en el "Sharon" confiable ante el gobierno de Bush.

Los articulistas del establecimiento, enseñados a manipular las estadísticas e inflar los resultados de las encuestas, hacen malabarismos en estos días para demostrar resultados alentadores en la gestión del presidente Uribe y el incremento de su popularidad, en el primer año de gobierno.

Pero la realidad es muy distinta a la del país virtual. Así la economía de los gremios económicos y del estrato 6 esté repuntando, como lo señalan los medios, los graves problemas de las mayorías nacionales están peor que antes en medio de la dictadura que se anuncia.

Los cantos de sirena engañan pero no borran la realidad y los desenfrenos de la guerra sucia alcanzan a contener las voces hasta que las mayorías se levantan con un ¡basta ya! Los colombianos estamos llegando al punto de no aguantar más y tejer respuestas trascendentales. Es alentador que los movimientos sociales se alisten a librar jornadas de protesta en los próximos días y ojalá las conviertan en lucha por un nuevo país y la solución política al conflicto social.

El EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL aplaude con entusiasmo y energía los paros y acciones de protesta que realizan las mayorías contra la política y soberbia del actual gobierno, que tanto daño le está haciendo al país, e invita a los movimientos sociales, a los demócratas patriotas y progresistas para que trabajemos por la unidad en cada espacio y profundicemos la resistencia a la dictadura de Uribe Vélez.