Latinoamérica

TLC con Estados Unidos
De vuelta a la colonia

Fuerza Social y Democrática(*)
Revista Punto Final

La ciudadanía fue notificada que con fecha 6 de junio, se procederá a la firma del Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos, por parte de los representantes gubernamentales de ambos países; restando tan sólo la aprobación parlamentaria para que este instrumento entre en vigencia, probablemente a contar del 1º de enero de 2004.

Se pretende consumar así, en un contexto de profunda desinformación ciudadana del contenido y proyecciones de tal Tratado, un hecho que ha de marcar nuestro destino histórico como país, por los próximos decenios. Grave responsabilidad recae en esta situación sobre el gobierno del presidente Ricardo Lagos.

El Tratado en cuestión, por encima de todo, sella la subordinación política y económica de Chile a los designios del imperio norteamericano y a los intereses de las empresas transnacionales estadounidenses, en particular. En un momento histórico en el que el hegemonismo unipolar -ejercido de manera brutal por los "halcones" que lidera George W. Bush- provoca el repudio mayoritario de la humanidad y el más profundo deterioro de las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con la comunidad internacional desde la Segunda Guerra mundial.

Resulta tremendamente vergonzoso que para "obtener" esta "gracia" de la administración de los Estados Unidos se haya tenido que dar excusas, por la posición tomada con ocasión del intento norteamericano de convalidar su agresión a Iraq con una votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y que luego de ello, se haya tenido que remover un embajador y cambiar a otro por su falta de complicidad con las posturas y políticas de los Estados Unidos y de lo que ellos exigen de sus socios o "aliados" en estas circunstancias.

El Tratado de Libre Comercio de Chile con los Estados Unidos representa, para el imperio, un primer paso significativo en dirección a imponer sus términos en la negociación sobre el Alca (Area de Libre Comercio de las Américas). El gobierno de Chile contribuye así a pavimentar lo que no es otra cosa que un intento de consolidar la dominación de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe, garantizando el predominio sin contrapeso de sus empresas transnacionales en la región y su apropiación de todas nuestras riquezas y recursos naturales; lo que nos despojará de toda soberanía, acentuará sin límites la pobreza y la desigualdad, depredará nuestro patrimonio natural y cultural y nos avasallará integralmente.

Todo ello en un momento en el que gobiernos y pueblos de América Latina marcan distancia con la potencia imperial, rechazan la implantación de nuevas bases militares en la región, multiplican pasos en dirección a una integración sudamericana y condicionan, dignamente, toda negociación comercial al desmantelamiento de los millonarios subsidios de los Estados Unidos a sus productores agrícolas y a la eliminación de su sistema antidumping. Nada de lo cual, por cierto, se contempla en el Tratado que el gobierno de Chile está por suscribir.

Por el contrario, el Tratado en cuestión garantiza condiciones leoninas en favor de los inversionistas estadounidenses, que podrán demandar al Estado chileno ante tribunales internacionales en caso de estimarse afectados por alguna medida; garantiza una total desprotección de la economía chilena frente al libre movimiento del capital especulativo; institucionaliza los procesos de privatización y transnacionalización de los servicios -educativos, de salud, previsionales, financieros, etc.-, amplía los derechos de propiedad intelectual de las transnacionales, etc.

Los ganadores absolutos de este Tratado son, sin lugar a dudas, las empresas transnacionales norteamericanas y sus socios menores, los grupos económicos locales. Los perdedores seremos la inmensa mayoría de los ciudadanos que veremos destruir la mediana, pequeña y microempresa chilena, con la consiguiente disminución de puestos de trabajo, los mismos que no se crearán en los servicios y negocios de exportación en manos de transnacionales. Los perdedores seremos todos los habitantes de Chile, que veremos agotar más rápidamente nuestros recursos y dañar nuestro medio ambiente. Los perdedores seremos todos los trabajadores que veremos flexibilizarse aún más nuestras condiciones laborales, hasta el límite de una esclavitud asalariada. Los perdedores seremos todas las familias que veremos privatizarse aún más nuestra salud y nuestra educación. Y por si todo esto fuera poco, ahora se nos anuncia que además deberemos pagar mayores impuestos para financiar tan tremendo "paso adelante", en nuestro proceso al desarrollo.

En efecto, la eliminación y reducción de impuestos a las importaciones provenientes de Estados Unidos significarán un menor ingreso fiscal que se estima en alrededor de 300 millones de dólares. Y he aquí que el gobierno del presidente Lagos nos acaba de anunciar la posibilidad de que ello se financie con un mayor IVA, y en caso de no hacerlo, con nuevas privatizaciones. Es sencillamente un enorme atropello.

La Fuerza Social y Democrática, frente a esta situación, se hace un deber denunciar la gravedad de esta política de subordinación al imperio que el gobierno del presidente Lagos ha resuelto adoptar para los próximos años. Rechazamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y exigimos la realización de un referéndum o consulta nacional como medida mínima de transparencia y legitimidad para su suscripción definitiva.

Rechazamos igualmente, con energía, la pretensión de buscar elevar el IVA para financiar los menores ingresos fiscales que el Estado chileno recaudará por el menor precio de las importaciones; en circunstancias que estos menores precios no llegarán a los consumidores, sino que serán apropiados por las cadenas de distribución hoy ya transnacionalizadas, en su propio beneficio.

Rechazamos, igualmente, la eventualidad de que se busque reanudar el proceso de privatización de las empresas sanitarias, o peor aún de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), para resolver el mismo menor ingreso fiscal. Son las empresas transnacionales las que deben pagar mayores impuestos; lo mismo que el 5% más rico de los contribuyentes, a los que debe subírseles la carga tributaria

*(Declaración leída en conferencia de prensa el 1º de junio por los miembros del comité ejecutivo de la FSD, Jorge Pavez, presidente del Colegio de Profesores; Gladys Corral, presidenta del Colegio de Enfermeras; Miguel Soto, presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos (Constramet); Luis Mesina, presidente de la Confederación Bancaria; Alejandro González, dirigente poblacional de La Pintana; Luis Mariano Rendón, del Movimiento de Acción Ecológica; Rodrigo Caimanque, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile (Fech); Manuel Cabieses, consejero nacional del Colegio de Periodistas; Luis Parra, abogado; y Manuel Hidalgo, economista).