Latinoamérica

Por Pedro Cayuqueo
Kolectivo Lientur
Como "imprudentes, inadecuadas y graves" calificó Endesa-España las declaraciones del Relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, quien tras visitar la zona mapuche del Alto Bio-Bío adonde se reunió con las familias pehuenches que se niegan a permutar sus tierras para dar paso a una Central Hidroeléctrica, señaló que en la zona se han violado los derechos humanos. Durante los últimos días, Stavenhagen ha estado en las regiones VIII y IX del sur de Chile, como parte de su trabajo para preparar un informe sobre los pueblos indígenas, misión encargada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
"Lamentamos que el señor Stavenhagen transgreda lo que está en la esencia de la labor que se le ha encomendado, emitiendo un juicio poco informado e incompleto... Esperamos que aclare sus dichos y actúe con la responsabilidad que amerita su cargo, de manera de otorgarle seriedad y rigurosidad a su visita y labor", fue la dura respuesta de la jefatura de Endesa-España en Chile a los dichos emitidos por el Relator de la ONU tras la visita que realizó el pasado 23 de julio a las familias pehuenches prontas a ser desalojadas de sus tierras por la construcción de la pollémica Central Hidroeléctrica Ralco.

Cabe recordar que Stavenhagen, tras escuchar los planteamientos de los dirigentes pehuenches, afectados por dicho megaproyecto declaró el pasado 23 de julio que "en la medida que no se ha tomado en cuenta en la planeación, en el diseño y en la ejecución de la obra, desde el principio, las necesidades de la población afectada, Ralco es efectivamente una violación a los derechos humanos". Stavenhagen, cuyos dichos fueron publicados en el diario El Sur de Concepción, explicó además que la normativa internacional en materia de derechos humanos exigía claramente un procedimiento de "consulta" ante las comunidades afectad as por este tipo de megaproyectos. "Siempre que haya el intento de hacer obras de esta magnitud que afectan el medioambiente y las condiciones de vida de la gente, se debe consultar y contar con el acuerdo de las personas afectadas", señaló a El Sur.

En ese sentido, Stavenhagen añadió que en el Alto Bio-Bio existían familias que después de negociaciones y "presiones diversas" habían aceptado finalmente la permuta de sus tierras a la empresa española. Sin embargo, también existían casos de otras familias que habían rechazado tal posibilidad, situación que a su juicio debía que ser analizada desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos de todos aquellos opositores al proyecto. Puntualizó que, en este caso, el Estado chileno era el principal responsable de haber garantizado esta "protección", ya que es en su territorio donde se otorgaron las concesiones y se permitió las operaciones de la empresa transnacional. Si bien destacó que el Estado había sido un actor importante en las mesas de diálogo que han intentado encontrar una solución al conflicto, Stavenhagen insistió que el Estado era el responsable de las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Reacciones encontradas

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para los ejecutivos de Endesa-España, quienes tras enterarse por la prensa de los dichos del personero internacional, emitieron un enérgico comunicado de condena y rechazo a sus declaraciones. La compañía eléctrica, que construye la central en el Alto Bio-Bío y a quien el rotundo falló judicial de un tribunal capitalino rechazó recientemente los permisos medioambientales que autorizaron el inicio de las obras del megaproyecto, sostuvo en el comunicado que el relator había dado a conocer una opinión "sin haber escuchado a todas las partes involucradas" y menos aun contando con " toda" la información necesaria para emitir un juicio imparcial en torno al prolongado conflicto.

La empresa señaló que las opiniones de Stavenhagen eran "imprudentes, inadecuadas y graves", pues habrían sido realizadas mientras se encuentra aun de visita y "antes de contar con toda la información necesaria para desarrollar la totalidad de su tarea". Sin embargo, un día antes de su visita al Alto Bio-Bío, el Relator ya había confirmado la existencia de casos de violaciones a los derechos humanos al pueblo mapuche en Chile, esto tras recorrer sectores rurales de la IX Región, reunirse con dirigentes mapuches y referirse -en varios medios de comunicación de carácter nacional y local- al asesinato aun impune del joven mapuche Alex Lemún a manos de agentes del Estado, entre otros casos.

A nivel del gobierno, en tanto, la orden del día pareciera ser definitivamente bajarle el perfil a sus declaraciones. Francisco Huenchumilla, Secretario General de la Presidencia, señaló tras reunirse el pasado viernes en La Moneda con el propio Stavenhagen, que el gobierno sólo podía pronunciarse sobre el tema una vez publicado el informe del Relator en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en abril del año 2004. "Nosotros tenemos que atenernos al informe oficial que el relator tendrá que hacer en su momento... no tenemos por el momento ningún documento formal requiriendo al Estado chileno sobre estos temas", señaló Huenchumilla. En la misma oportunidad, el propio Stavenhagen habría desconocido en La Moneda algunas de sus declaraciones ("Se me atribuyen muchas palabras que no sé si las he dicho", señaló ayer a La Tercera),

Sin embargo y pese a las diplomáticas declaraciones de Huenchumilla, diversas autoridades no han querido restarse del debate generado por las duras declaraciones de Stavenhagen en contra de Endesa y las propias actuaciones del gobierno en materia indígena, principalmente parlamentarios de la Concertación vinculados de una u otra manera al tema indígena.

El senador José Antonio Viera-Gallo, representante de la Octava Región en el Parlamento, señaló al diario El Sur que el representante internacional se había "apresurado" en dar un parecer sobre el tema de los derecho s humanos de los pehuenches en el Alto Bio-Bio. Viera-Gallo aseguró que no tiene dudas de que en nuestro país, como en otros de América Latina, no se respetan todos los derechos de los pueblos indígenas, que persiste una discriminación y que los mayores índices de pobreza están en los indígenas de la Octava y Novena regiones. Otro punto es, aclaró el senador socialista, el caso específico de Ralco. "Ahí, de lo que se está hablando es de un conflicto entre la construcción de la represa y muy contadas familias pehuenches".

"Sean pehuenches o no, el bien común debe primar. Será muy respetable el bien particular, pero cuando el bien común del país lo exige el bien particular tiene que ceder al bien común, aún cuando se trate de familias pehuenches... Yo no creo que por la situación de esas familias se pueda detener la construcción de la represa que es fundamental para la generación de energía eléctrica para el país"., señaló.

Una opinión similar manifestaría el Diputado Eugenio Tuma (PPD), quién precisó que el personero internacional debía "tener cuidado" al referirse al conflicto mapuche, "pues fácilmente se podría caer en generalizaciones, lo que no refleja la realidad con los indígenas". Cabe destacar que Tuma es actualmente diputado del Distrito 51 del sector costero de La Araucanía, precisamente uno de los distritos que cuenta con mayor presencia mapuche de la zona sur del país.

Sin embargo, no todas las voces serían contrarias a los dichos de Stavenhagen. El diputado Alejandro Navarro (PS), férreo opositor a la construcción de la Represa Ralco en el Alto Bio-Bio y uno de los más críticos observadores de las políticas indígenas de la Concertación , manifestó por su parte que ya "era hora" de que mediante la presión internacional el Estado chileno se viera obligado a cumplir con las disposiciones de Ley Indígena que protegen la propiedad colectiva de las tierras mapuches. "Las declaraciones de Stavenhagen no constituyen ninguna novedad, ya que es de conocimiento público que en Chile se viol an constantemente los derechos humanos de las comunidades mapuches", sentenció el parlamentario.