Latinoamérica

Gobierno Lula
Seis meses cumpliendo con el FMI

Luciana Genro
Correo de Prensa de la IV Internacional
El gobierno cantó victoria y la gran prensa se hizo eco. Sin embargo, esa victoria en la primera votación parlamentaria sobre la "reforma" de la Previsión Social fue una derrota política y moral. Porque debió cambiar diputados y negociar votos de última hora, porque debió reprimir con las fuerzas de choque, y porque debió enfrentar a más de 60 mil trabajadores que llegaron a Brasilia desde todo el país.

Se cumplen seis meses de gobierno. Ninguno de los compromisos asumidos con el pueblo se está cumpliendo. Por el contrario, el compromiso asumido con el FMI, conocido públicamente vía la Carta de Intención del 28 de febrero 2003, se cumple puntualmente. El superávit fiscal draconiano de este año se extenderá -por decisión del gobierno federal- hasta el 2006. Las partidas de dinero para las áreas sociales como salud, vivienda y educación serán cada vez más escasas; desde enero se perdieron más de medio millón de puestos de trabajo y el desempleo en las grandes ciudades alcanza al 20%; las inversiones en infraestructura básica quedan para el futuro; el plan "Hambre Cero" tanto como la Reforma Agraria, dependen de una nueva negociación con el FMI sobre el déficit fiscal; y a pesar del brutal ajuste, las inversiones externas cayeron un 63% en relación al año pasado.

Mientras tanto, la industria sigue en caída libre. La crisis social es ya incontenible.

Los trabajadores y el pueblo pobre responden como pueden ante las dificultades y la amenaza creciente de catástrofe. Crecen las protestas de los sectores populares como los vendedores ambulantes y los Sin Techo; los obreros de las fábricas del ABC y San Bernardo realizan grandes asambleas para evitar los despidos masivos. Las empresas montadoras se ven obligadas a contar con las burocracias del Sindicato de los Metalúrgicos y de la CUT, para contener una onda de movilizaciones obreras.

La burguesía de conjunto presiona para que el gobierno accione los mecanismos de represión contra los Sin Tierra y de los ocupantes urbanos. Siente pánico ante la debilidad del gobierno del PT para frenar una eventual situación de ascenso de las luchas de masas. La prisión de José Rainha, dirigente del MST, hace parte de esas presiones, y el sistema judicial cumple su papel en la "división de poderes". Las patronales se preocupan, saben que las victorias en las ocupaciones de tierras y de viviendas, estimulan a los movimientos. La dirección del PT comparte la preocupación de la derecha y los empresarios.

La represión a sectores populares en Pernambuco -en una alcaldía dirigida por el PT- es una clara señal de que la cúpula del partido no está dispuesta a dejar que las protestas se desarrollen. El repudio unánime del gobierno a las declaraciones del compañero José Pedro Stédile, dirigente del MST, quien llamaba a la movilización decidida de los campesinos, fue otra prueba de la disposición del gobierno en el sentido de actuar como gerente de los capitalistas.

Los Sin Tierra resisten a las bandas armadas de los terratenientes que siguen asesinando campesinos, responden como pueden delante del agravamiento de la crisis social y económica. ¡Apoyar sus acciones, defender su derecho a ocupar, resistir y producir, es una obligación básica de la izquierda!

En este escenario de inestabilidad, el gobierno acelera sus intentos por aprobar la "reforma" de la Previsión Social. La represión en el Congreso Nacional fue una parte de esa política. Simultáneamente, pretende derrotar a los funcionarios públicos y reforzar la confianza de la burguesía y de los bancos, respecto a su "capacidad" para aplicar el modelo que imponen el FMI y el Banco Mundial.

En respuesta, los funcionarios públicos continúan con la huelga general (que alcanza a más de 800 mil trabajadores) y anuncian nuevas manifestaciones en Brasilia. Apoyar a los funcionarios públicos, es otra tarea elemental. ¡Todos a la marcha! ¡Todos contra la "reforma"!

Aún si las perspectivas de la lucha de clases en el país sean todavía inciertas, está cada vez más claro, que la crisis social y la continuidad de las movilizaciones populares, están representando la profundización de la ruptura de un sector del movimiento del masas con el gobierno y con la dirección del PT.

Es también cada vez más evidente, el descontento en sectores amplios de la intelectualidad, como lo demuestran las radicales críticas de Francisco Chico Oliveira -sociólogo fundador del PT- contra el ministro Berzoni (tratándolo incluso de imbécil), o como la deliberación de la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia reunida en Pernambuco para repudiar la "reforma" de la Previsión Social.

El proceso de descontento y ruptura tiene su expresión política en el apoyo que encuentran los parlamentarios de la izquierda radical. En este contexto, fue que lanzamos junto a los compañeros Babá y Joao Fontes, el Manifiesto de Urgencia por la defensa de los derechos populares. La respuesta ha sido imponente. Miles de militantes, dirigentes sindicales, estudiantiles, populares e importantes federaciones y sindicatos lo apoyan distribuyéndolo por todo el país. Economistas e intelectuales comprometidos como Ricardo Antunes, Plinio de Arruda Sampaio, Roberto Romano, y Reinaldo Goncalvez también lo han firmado. Y hasta el norteamericano James Petras ha hecho llegar su solidaridad con el Manifiesto.

Se trata de una plataforma de emergencia que va más allá de la lucha de los funcionarios públicos contra la "reforma" de la Previsión Social. Su contenido propone medidas económicas y sociales transicionales para combatir la crisis.

Este contenido asume una mayor relevancia, en el momento de agudización de la crisis en el país y cuando el programa del gobierno se demuestra absolutamente incapaz de salir de la dinámica de estancamiento, recesión, desempleo masivo, y pobreza. Incluso el tan publicitado "Plan B" se limita a algunos paliativos y de incentivos muy limitados a la producción.

Por eso, es el momento justo para que la izquierda radical y los movimientos sociales que resisten, levanten en alto medidas verdaderamente alternativas.

* Diputada federal y militante del Movimento Esquerda Socialista, corriente radical en el PT. Junto a los diputados Joao Bautista Babá y Joao Fontes, votó en contra de la "reforma" de la Previsión Social. Los tres están amenazados de expulsión del partido. También la senadora Heloísa Helena (de la tendencia Democracia Socialista) está "suspendida" y en peligro de ser expulsada si vota en contra cuando la "reforma" pase a la cámara de senadores.