·Fiscales bolivianos se ven forzados a «demostrar» que las acusaciones del Gobierno de Sánchez de Lozada son fundadas

GARA

Como en Euskal Herria, el poder echa mano de los más domesticados tribunales para desacreditar a sus opositores en distintas zonas del planeta. En este artículo difundido por la agencia Alai-Amlatina se describe el intento de criminalizar al líder cocalero y ex candidato a la Presidencia Evo Morales a través de una operación policial «antiterrorista» que demostraría su relación con el ELN colombiano.
Hace unos cuatro meses, El Alto de La Paz fue escenario de un espectacular y televisado operativo policial «antiterrorista» que se saldó con la detención del dirigente campesino colombiano Francisco Pacho Cortés, de dos dirigentes cocaleros y de dos parientes de uno de ellos.
Este operativo, montado pieza por pieza, se inscribe dentro de la política del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para desacreditar a su principal opositor, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), el parlamentario Evo Morales.
El montaje del 10 de abril del presente año estuvo a cargo del Centro de Investigación Especial del Estado, en el marco de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico auspiciada por el Gobierno de los Estados Unidos. El testimonio de periodistas que asistieron al operativo es coincidente en señalar que llegaron a la hora y lugar indicados porque fueron previamente convocados por la Embajada de los EEUU.
Ante las evidencias, el vice-ministro de Gobierno, José Luis Harb, no negó la participación estadounidense en la operación: «Existen tratados, convenios y acciones conjuntas... de lucha contra el terrorismo... La actividad terrorista tiene una acción de carácter extracontinental, por lo tanto, tenemos acuerdos para entendernos con cualquier país, no sólo con Estados Unidos».
Tras las detenciones, el Gobierno se precipitó a decir que la acción había permitido abortar el alumbramiento del problema colombiano en Bolivia, señalando a Cortés como involucrado en movimientos guerrilleros, pero sin tener el respaldo de pruebas fehacientes.
Inicialmente se le acusó a Cortés de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para luego vincularle a la otra gran guerrila colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De hecho, como en el primer operativo no encontraron pruebas, fue preciso el montaje de un segundo para hallar las siguientes piezas: panfletos del ELN de Colombia, ropa de camuflaje, municiones, coca, manuales de capacitación campesina y, sobre todo, una foto de Evo Morales con el dirigente campesino colombiano.
Cortés y los otros detenidos ­Claudio Ramírez Cuevas (ex alcalde de La Asunta), Carmelo Peñaranda (dirigente cocalero del Chaparé), Nelly Ramírez y Betty Nina (hija y sobrina de Claudio Ramírez, respectivamente, las dos menores de edad)­ fueron recluidos en una cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, bajo los cargos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, organización criminal, espionaje, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (las tres últimas imputaciones son, solamente, contra Cortés y Claudio Ramírez). Sin embargo, las pruebas no aparecen.
«El problema es que el Gobierno se ha precipitado de tal manera que se metió en un callejón sin salida. Con sus anuncios y su insistencia prematura, ha comprometido tanto al Ministerio Público, que ahora la Fiscalía se siente casi obligada, por presión política, a demostrar lo indemostrable», sostiene el periodista boliviano Víctor Orduno.
Y acota: «Para no contrariar la palabra del presidente, los fiscales están forzados a una investigación al limite de lo imposible: demostrar una acusación de terrorismo, alzamiento armado y organización criminal en base a una pistola de silicona, un puñado de balas, probablemente robadas, y algo de literatura sobre el ELN en Bolivia. Porque eso es lo más que dice tener la Fiscalía, aunque públicamente no se lo ha podido conocer: un documento que establecería la configuración de un ELN boliviano».
De modo que estamos ante un proceso en el cual poco o nada cuentan los aspectos jurídicos, pues como anota el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, no sólo se registra un evidente desconocimiento del debido proceso y de las garantías judiciales aseguradas por la Constitución boliviana, sino también una flagrante violación de la libertad de acción de los defensores de los derechos humanos y las libertades de asociación y de expresión, reconocidos en la normatividad internacional.
Lo que cuentan son las consideraciones y cálculos políticos gubernamentales para afectar al MAS (la segunda fuerza política más importante del país) y a su líder, el ex candidato presidencial Evo Morales, relacionándolos con la insurgencia colombiana y el narcotráfico.
Tan es así que el propio Morales denunció que en el Chapare el Gobierno hace circular panfletos que lo señalan como defensor de narcotraficantes extranjeros, entre ellos el propio Pacho. -