El Congreso boliviano está tramitando una ley que destruirá las áreas protegidas y ocasionará daños irreparables a la biodiversidad, al medio ambiente y a la economía agraria, denunciaron por separado organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas.
"El proyecto de ley pretende legalizar el ingreso de empresas petroleras y mineras en áreas protegidas donde no existen tales actividades, como son la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, el Parque Amboró y el Madidi", aseguró el Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente (Fobomade).
Para los ambientalistas no hay margen para la duda: la aprobación de este proyecto de ley será un "duro golpe a la gestión de áreas protegidas y la liquidación de proyectos de uso sustentable de la biodiversidad".
Entre los campesinos e indígenas de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) también hay la certidumbre de que el proyecto de ley, impulsado por la hija del presidente de la República, Alejandra Sánchez de Lozada, "pretende privatizar los recursos genéticos y de la biodiversidad de las áreas protegidas y entregar la administración de las mismas a privados, excluyendo la participación de las comunidades locales".
"Denunciamos el contenido de este proyecto de ley, que quiere convertir a las áreas protegidas en escudos protectores contra los sectores sociales, que han utilizado ancestralmente esas áreas y han contribuido a su preservación hasta la fecha, para proteger operaciones mineras e hidrocarburíferas", señala la Coordinadora.
UN TRÁMITE MAÑOSO
En un documento público, campesinos e indígenas exigieron paralizar la aprobación de este proyecto de ley. "Proponemos que se abra un nuevo espacio de verdadera concertación para la elaboración de un proyecto de ley que posibilite la consulta y participación efectiva de todos los sectores sociales, recogiendo sus aspiraciones y demandas, y que proponga una regulación integral de la conservación de la biodiversidad y su administración y gestión social".
Y es que además de la orientación y contenido del proyecto, lo que cuestionan ambientalistas e indígenas es la forma "mañosa y fraudulenta" con la que se estaría manejando el proceso de consulta de la nueva ley, a través de "talleres" en los que sólo se buscaría convalidar el proyecto gubernamental.
Según un informe de Fobomade, varios talleres organizados por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, dirigido por la hija del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, fracasaron en las dos últimas semanas. En algunas regiones la asistencia fue mínima (Tarija), en otras había presencia mayoritaria de funcionarios de la Prefectura (Trinidad, Potosí). "En Santa Cruz y Cochabamba la reacción de las organizaciones indígenas y campesinas fue muy enérgica, llegando a suspenderse el evento en esta última ciudad. La reacción llegó al punto que las organizaciones campesinas de Cochabamba manifestaron que prefieren que no existan áreas protegidas si éstas son preservadas para las petroleras o para ser entregadas a la extracción de madera, tal como lo prevé el proyecto de ley".
Según la Coordinadora, en estos talleres y audiencias de consulta "se pretende hacer avalar el contenido de un proyecto inconsulto y violatorio de varios derechos fundamentales de indígenas y campesinos"
"Denunciamos esta audiencia de consulta, por ilegal y tergiversada, por servir solamente a validar un proceso totalmente violatorio del derecho de consulta establecido en el Convenio N° 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)", agrega el documento de indígenas y campesinos del oriente.