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El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo a la nueva política tributaria emprendida por la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada y calificó como "valerosas" sus acciones orientadas a incrementar las recaudaciones imponiendo nuevas cargas impositivas sobre los asalariados.
En la reunión del directorio del FMI, en la que se evaluó el caso boliviano, el 7 de agosto en Washington, los directores del FMI alabaron la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada de "recobrar la estabilidad fiscal", en un escenario en el que las circunstancias económicas y políticas han elevado al extremo las vulnerabilidades de la economía boliviana.
Las acciones que las autoridades nacionales se comprometieron a ejecutar en el área fiscal, y que ya comenzaron a implementarse, recibieron palabras de elogio del directorio del organismo internacional, que cree que, por esa vía, Bolivia podrá cumplir con el pago de su deuda externa, equilibrar sus finanzas internas y preservar los equilibrios macroeconómicos.
"Estas acciones han incluido decisiones políticamente valerosas para redefinir las prioridades del gasto público y para ensanchar el universo tributario", señala un resumen oficial de las discusiones que tuvo el directorio del FMI sobre el caso boliviano.
El informe da cuenta que el directorio destacó la puesta en marcha del nuevo Código Tributario, la profundización de la reforma tributaria y de otras medidas orientadas a lograr mayores recaudaciones tributarias en el marco de una curiosa política fiscal, que intenta cargar más impuestos sobre los asalariados a la par que ofrece incentivos y ventajas impositivas para los empresarios.
Hasta ahora, esta política se ha traducido en la exigencia gubernamental para que los asalariados entreguen por única vez el 5 por ciento del salario ganado en un año, para no ser enjuiciados ni perseguidos penalmente por la justicia bajo el cargo de adulteración y compra de facturas falsas, delito que habrían cometido el 80 por ciento de los trabajadores del sector público y privado.
Y aunque el gobierno ha estipulado plazos y facilidades de pago, los sectores sociales y sindicales han cuestionado esta medida porque reduce los magros ingresos de los asalariados y porque consideran que es una confiscación de ingresos que sólo servirá para financiar el permanente y creciente despilfarro y corrupción gubernamental.
En cambio, para los empresarios, esta misma política fiscal se traduce en la condonación parcial de multas e intereses penales para las empresas bolivianas que han defraudado el pago de impuestos en los últimos años. Por esta vía, el Estado dejará de recaudar 160 millones de dólares, que serían parcialmente compensados por los nuevos recursos que se extraigan del bolsillo de los trabajadores, lo que está generado protestas sociales.
Sin embargo, y pese a estos cuestionamientos, el directorio del FMI instó a las autoridades bolivianas a no desmayar en sus esfuerzos por acrecentar los ingresos fiscales y modernizar el sistema tributario, aunque ello signifique mayor tensión social y conflictos, como los que se podrían desatar a principios del 2004, según teme la oposición política y sindical.
Según varios diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) el endurecimiento de la política tributaria en contra de los trabajadores asalariados podría desencadenar otra eclosión social, como la vivida el 12 y 13 de febrero del 2003. Esas luctuosas jornadas, en las que perdieron la vida 33 personas y resultaron heridas más de 200, se originaron en el rechazo popular al impuestazo sobre el salario que el gobierno había decretado para reducir el déficit fiscal, tal como exigía el FMI.