Carlos Santiago Lo que está ocurriendo en Uruguay no es más que el repetitivo proceso que se está dando a nivel mundial pero hoy, particularmente, en nuestro continente. El Banco Mundial (BM), luego de reconocer el fracaso casi general de las privatizaciones de los servicios públicos, tal como señaló el diario The Wal Street Journal, ahora se encamina a aconsejar un incremento de la eficiencia de las que quedan en manos de los estados, sosteniendo que en términos generales los procesos de privatización terminaron en malos negocios, tanto para las empresas intervinientes como para los países.
El lenguaje empleado sugiere el fin de los monopolios públicos, o "naturales" como gusta llamarlos por estos lugares, con el fin de posibilitar la libre competencia y el teórico, por ese camino, descenso de los precios.
Con las privatizaciones, quedó claro, en ninguno de los casos se bajaron los precios de los productos finales.
El BM, otrora apóstol de la privatización, "atraviesa una crisis de fe" y actualmente duda en aconsejar a los países en desarrollo vender las empresas estatales a inversionistas privados, en teoría, más eficientes. Especialmente porque esa enajenación, además de crear un cataclismo en el trabajo, al reducirse de inmediato el nivel de la mano de obra empleada, no asegura más que distorsiones.
Las supuestas economías generalmente se integran a las ganancias de los nuevos propietarios quienes, en un afán de lucro propio de las reglas del sistema, hacen pagar los productos a precios cada vez más onerosos. Con un esquema básico integrado por dos elementos, la reducción de la mano de obra y el aumento de los precios, buscan sostener los onerosos, cuando no disparatados sueldos de la cúpula de burócratas intervinientes, además de intentar girar dividendos medianamente aceptables a sus casas matrices.
De no funcionar el mecanismo, en casos cercanos se ha ejemplificado, se busca el rápido vaciamiento de los bienes adquiridos en un proceso salvaje que trae aparejadas un cúmulo de consecuencias brutalmente negativas para el país interviniente.
Entonces, es evidente, que la antigua idea de las privatizaciones impuesta por el Consenso de Washington ya no parece tan obvia, especialmente cuando se refiere a las empresas públicas, en especial vinculadas a la energía y a la gestión de aguas, que es el último elemento que se sumó a la lista de las apetencias de unos y las claudicantes ofertas de otros.
Inversionistas que en algún momento parecían ansiosos por arriesgar su capital en plantas energéticas, hoy se están echando atrás, señala The Wall Street Journal.
En Uruguay eso también está ocurriendo en el tema de la asociación con privados por parte de ANCAP, que será otra decepción para el pensamiento neoliberal atrasado que todavía impera en el gobierno de este país.
Ese fenómeno ya ha ocurrido también en torno a la concesión a privados del Aeropuerto Nacional de Carrasco. Pese a las condiciones ruinosas con que se llegó al remate, no hubo ninguna empresa medianamente seria que se atreviera a ofertar. Es que los coletazos del modelo, el empobrecimiento que determina la consiguiente caída de la capacidad de compra de los uruguayos, hace que ese negocio, como tantos otros, también se vea cuestionado.
Ahora el gobierno, bajando a niveles ínfimos las condiciones para la concesión, espera que empresas de nivel más bajo (aventureros e inversores munidos de capitales "golondrina"), se hagan cargo de la terminal aérea.
Lo que está ocurriendo en Maldonado con Uragua es también aleccionante. La experiencia en ese departamento turístico es altamente valiosa para los analistas de estos procesos. El negocio allí no funciona y la empresa adquirente está a punto de retirarse, pues no puede sostenerse en actividad a pérdida, al demostrarse que sus niveles de ineficiencia son incomparables con los que puede lucir OSE que, pese a la "politiquería barata" de su directorio, tiene costos claramente más adecuados. Ni hablemos de las inversiones en obras que estaba obligada a concretar Uragua de acuerdo a lo establecido en el contrato. En Maldonado se pagan las tarifas por agua y saneamiento más altas del país, pero no son suficientes para una empresa que tiene una ecuación distinta, la que estaba estampada en el Uruguay de la "plata dulce", el previo a la devaluación brasileña de 1998.
Es que los uruguayos, por contingencias del modelo y las "irresponsabilidades" del gobierno, han perdido poder adquisitivo y con ello, el "mercado" interno otrora medianamente atractivo, no puede satisfacer las ambiciones de lucro de muchas empresas privadas.
También es ejemplificante el fracaso rotundo de la llamada "mega concesión", un engendro también de claro signo neoliberal tardío, que cortó con puestos de peaje el tránsito del país, dividiéndolo en zonas infranqueables para diversos sectores de población, sin que además la ecuación dibujada cerrara por ninguno de los costados.
Algunas empresas, que creyeron que hacían su agosto en julio, con lo que recaudarían en esos peajes apenas pueden pagar el costo de los mismos. Ni hablar de las obras, de la incorporación de mano de obra (se habló de la creación de 4.000 puestos de trabajo en pocos meses), de la multiplicación de la actividad en las carreteras para convertirlas, como aseguró con mente calenturienta el ministro de Transporte y Obras Públicas Lucio Cáceres, en las mejores del continente.
Los consumidores, decepcionados, asocian la privatización con altas tarifas para ellos y mayores beneficios para compañías extranjeras y funcionarios corruptos, que es otra de las consecuencias del modelo que se aplica. Veamos, si no, los casos recientes resultantes de la creación de nuevas empresas públicas, en las que se manifiestan las mismas "desviaciones" aberrantes, que se expresan en la creación de minúsculos grupos de burócratas que se encaraman en la cumbre de las mismas, con salarios que no tienen relación con la realidad del país en donde se produjo la privatización.
El argumento es la "eficiencia", pero el resultado es la "corrupción". Sobre ello hay ejemplos a nivel continental, los "escándalos" producidos no son el reflejo de las desmedidas ambiciones personales de algunos personajes, sino otra de las malformaciones del modelo.
Por otra parte el incremento de las tarifas en las empresas privatizadas está provocado una ola violentas manifestaciones en Bolivia, Perú, y otros países latinoamericanos. En Uruguay la aplicación de un mecanismo establecido en la Constitución, de expresión claramente democrática, como lo es el referéndum, está evitando confrontaciones de otro tipo.
En el caso de Bolivia se recuerda que en el año 2000, se desencadenó un conflicto con una decena de muertos, 11 días de estado de sitio y violentos disturbios después que triplicaron los precios del agua en Cochabamba, cuando el líquido fue privatizado en favor de empresas extranjeras, como la Tunari, subsidiaria de International Water Limited, de Londres.
Hoy en Bolivia se pasó de la protesta a un estado de inestabilidad signado por una dura represión. También allí, al igual que en Uruguay, se están aplicando mecanismos neoliberales de concepción tardía.
Una reciente encuesta realizada en 17 naciones de Latinoamérica muestra que 63 por ciento de los consultados opina que la privatización de compañías estatales no ha sido benéfica, indica Dealogic, firma británica de información de mercado.
"El Banco Mundial, apóstol de la privatización, está en medio de una crisis de fe. Lo que en los años 90 parecía una idea aplicable ya no parece tan obvia, especialmente cuando se refiere a energía y agua", señala la publicación.
Como resultado de una amplia decepción en América Latina, Africa y Asia, se están renegociando varios contratos de venta, y se ha cancelado un puñado de proyectos centrados en carreteras de peaje, gestión energética y de aguas, apuntan expertos.
Estos últimos datos, tomados de un trabajo publicado por la agencia ARGENPRESS, son reconocibles por los pueblos de muchos países del continente, inclusive en Uruguay. Los mismos parecen describir la situación interna de varios países, especialmente, en los cuales todavía persisten los pujos privatizadores propios del neoliberalismo tardío de presidentes como Jorge Batlle que, en su huída hacia adelante, todavía parecen no entender que no es posible seguir con la aplicación de un modelo que feneció.
¿Si no es que busca legarle a su predecesor un país que sea una tierra arrasada, difícilmente recuperable?
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