Carlos Tárano
La Opinión
Diciembre de 1999: luego de 10 años, un partido de corte nacionalista, vertical y castrense, dirigido por un anciano militar mesiánico, alcanza el apogeo de la gloria: 1.2 millones de guatemaltecos le dan la venia para que gobierne los próximos cuatro años. Nunca antes un instituto político había triunfado en segunda vuelta electoral con tal cantidad de votos. El partido de la manita azul acariciaba el cielo: la presidencia y la mayoría absoluta en el Legislativo (unicameral, de 113 diputados). De este modo, los ciudadanos le daban puerta abierta a la arbitrariedad.

Cuatro años después de aquellos apoteóticos momentos de gloria, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), institución hecha a imagen y semejanza del general José Efraín Ríos Montt, busca desesperadamente la mejor táctica para reposicionarse en el abanico electoral, donde las sucesivas encuestas le dan nulas esperanzas de reelección.

Criticado en la prensa, apedreado en los mítines, abucheado en numerosos lugares, el partido de la manita se abre camino a manotazos procurando conservar el poder, tal como se hizo evidente en el ya calificado como "Jueves negro", el pasado 24 de julio, cuando miles de simpatizantes del FRG, organizados por diputados y altos dirigentes, sembraron el pánico en Ciudad de Guatemala sin que las autoridades movieran un dedo para evitarlo, hasta ocasionar la muerte de un periodista.

Pero, ¿qué ha pasado en cuatro años para cambiar tan radicalmente la perspectiva? Esta es una pregunta que Pablo Rodas Martini, economista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), una entidad que analiza coyunturas económicas, políticas y sociales, responde de la siguiente manera: "En los últimos años, el FRG no había recurrido a la violencia, pues tenía respaldo popular masivo. Ahora que la simpatía ya se le escurrió, se ha vuelto una 'bestia herida' y saca a sus grupos de choque a las calles. La naturaleza fascista del partido se pinta hoy en toda su dimensión".

Se ha vuelto recurrente en las concentraciones electorales de Ríos Montt que acuse a lo que él y sus seguidores llaman indistintamente "la súper cúpula económica" o "la oligarquía" de la mayoría de los males que aquejan a los guatemaltecos. Desde los indicadores de miseria -más del 60% de los 11.3 millones viven en extrema pobreza- hasta la evasión impositiva, pasando por la crisis económica, la corrupción, el tipo de cambio y el analfabetismo, prácticamente todos los problemas son adjudicados a "los ricos", en tanto los funcionarios públicos se eximen de cualquier responsabilidad.

El FRG alcanzó el poder casi absoluto en 1999 gracias a su mensaje contrario a los ricos. Para ello empleó la retórica de un candidato populista, Alfonso Portillo, quien estudió en México, en la Universidad de Chilpancingo, de donde, afirma, se graduó de abogado, aunque no hay papeles que lo avalen. Allá se vio envuelto en un extraño incidente en los años 80, nunca aclarado, en el cual asesinó a dos estudiantes y huyó de la justicia mexicana hasta que prescribió el plazo en que se le podía capturar.

El poder

"Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente", se decía en el México del maximato de Plutarco Elías Calles. Es exactamente la misma situación que se vive en Guatemala. Un Presidente sin mayor mando ni poder de maniobra. El verdadero poder del Estado radica en las manos de Ríos Montt, general retirado de 77 años de edad, evangélico converso, golpista y acusado de ser uno de los mayores violadores de los derechos humanos en Guatemala y, quizá, en América Latina.

Al mejor estilo de los viejos caudillos latinoamericanos, Ríos Montt cimenta su fuerza y atractivo para las masas en la imagen de hombre de mano dura. Tal como lo hizo ver durante 17 meses de gobierno de facto en 1982-83, cuando no sólo creó los célebres Tribunales de Fuero Especial, para condenar a muerte a presuntos delincuentes con jueces encapuchados, sino que ha sido responsabilizado de contribuir al arrasamiento de 440 aldeas, la detención-desaparición de unas 50 mil personas y la muerte de al menos otras 100 mil.

Las acusaciones en ese sentido provienen de organismos humanitarios nacionales, como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) o la Coordinadora de Viudas de Guatemala (Conavigua), pero también de entidades internacionales de gran prestigio, como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). A éstas se ha unido de manera especial la Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú.

El viernes 25, mientras los simpatizantes del FRG cometían atropellos en las calles contra transeúntes y reporteros, la CIDH emitía un comunicado en el cual afirmaba que la participación de Ríos Montt como candidato presidencial "es una grave amenaza a la consolidación del Estado de Derecho, a la estabilidad democrática y a la efectiva protección de los derechos humanos en Guatemala".

La mano dura

La dictadura de 1982-83 no fue, sin embargo, la primera presentación en política del general. Había sido candidato presidencial en 1974 por una coalición de grupos de centro, opositores a los regímenes militares imperantes entonces. Pese a que obtuvo el triunfo en las urnas, éste le fue arrebatado por la cúpula militar dominante de la época, que a cambio de su silencio y contubernio le dio un cargo diplomático en la embajada en España.

Pero no fue sino hasta su gobierno de facto que Ríos Montt empezó a dar muestras de su afición por el uso de la fuerza y la prevalencia del autoritarismo. A tal grado, que se enemistó con el alto mando del Ejército que, cansado de las veleidades del general, lo botó del poder mediante un golpe en agosto de 1983. Esta vez, Ríos Montt sólo fue enviado a descansar a casa.

La Constitución de 1985 se preocupó por prevenir trastocamientos al orden institucional. Por ello agregó un artículo que expresamente prohíbe a los caudillos de golpes de Estado aspirar a la Presidencia de la República. Si bien Ríos Montt estaba en mente, también hay otros tres militares en la misma situación. Pero sólo el jerarca del FRG ha persistido en continuar en política y aspirar al máximo cargo.

Por ello fundó el partido en 1989 y desde entonces ha peleado por ser inscrito como candidato, esfuerzos en los que falló en 1990 y 1995. Si bien reculó en 1999, a partir de su triunfo de ese año articuló una estrategia consistente en cooptar con simpatizantes suyos los principales cargos de organismos claves, como la Corte de Constitucionalidad (CC).

Esta estrategia le permitió ser inscrito el 18 de julio anterior, cuando cuatro de siete magistrados de la CC dieron la razón a Ríos Montt. Pero la alegría duró poco: dos días más tarde, un amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) congeló de nuevo la inscripción y desató las furias del eferregismo para producir el "Jueves negro".

Sociedad insatisfecha

Desde 1986 a la fecha, Guatemala ha tenido ya cinco gobiernos civiles, tras décadas de dictadura militar. No obstante, la mejora en la situación política no ha ido aparejada con algo equivalente en el plano económico o social. Así, por ejemplo, el país lidera la lista de países latinoamericanos en indicadores tan duros como extrema pobreza, analfabetismo o muerte de infantes por causas perfectamente prevenibles. En muchos casos, apenas Haití consigue superar a Guatemala en estos oscuros récords.

Guatemala es un país de economía mayormente agrícola, donde el 50% de la población económicamente activa aún se dedica a estas tareas y el 60% de sus habitantes vive en el área rural. No obstante, el sector servicios ha ido tomando preponderancia en la última década, hasta situarse como el segundo proveedor de ingresos para la población económicamente activa.

Durante décadas, los encargados de la economía nacional se han ufanado de la estabilidad de las cuentas nacionales, pero relegan a un segundo plano que su costo ha sido el nulo crecimiento económico. Tan es así que el principal ingreso de divisas es el de las remesas familiares (se estiman 2,000 millones de dólares para 2003) provenientes del millón y medio de guatemaltecos que viven en Estados Unidos.

Si bien es cierto que en Guatemala nunca se han presentado crisis tan dramáticas como las de la hiperinflación, también lo es que el costo de no arriesgar nunca un cambio económico ha sido la falta de crecimiento. Para 2003, afirma el Banco de Guatemala, la tasa anual de crecimiento demográfico, de 2.64, supera la meta esperada de crecimiento económico, que apenas alcanzará el 2%. O sea, cada día hay más ciudadanos con menos riqueza que compartir, con resultado de más pobres en casa y más inmigrantes en California.

Los sucesivos gobiernos civiles en poco han contribuido a aliviar esta situación. A la euforia que siguió al fin de los regímenes militares en 1986 ha seguido el desencanto de la democratización, corroída por la ineficiencia, la improvisación y la corrupción. Sólo durante el actual gobierno del FRG, esta última ha costado dos millardos de dólares a los guatemaltecos, según cifras del máximo organismo empresarial del país. Tales datos tienen su correlación en la participación cívica: la mayor incidencia de ausentismo a las urnas se produce entre los jóvenes, revela un estudio del Tribunal Supremo Electoral.

Las encuestas demuestran que la falta de empleo y la inseguridad son las principales preocupaciones de los guatemaltecos. Pero la corrupción de los funcionarios públicos y el incumplimiento de las promesas electorales son cánceres igualmente fuertes. Portillo es el presidente de la era civil con peor imagen en el último año de gobierno (79% lo rechaza, según encuesta publicada por el matutino Siglo Veintiuno hace una semana). Otras investigaciones, como la que publicaron Prensa Libre, Nuestro Diario y El Periódico, revelan que, como resultado del incumplimiento gubernamental, más de la mitad de los empadronados se muestra indiferente ante el próximo proceso electoral.

La desigualdad, la miseria y la manipulación política finalmente se entroncaron en los estertores del actual gobierno guatemalteco, lo que pone en riesgo el proceso electoral y amenaza con provocar violencia, en particular hacia la prensa, virtualmente la única fiscalizadora de los malos manejos del partido del general.