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Cuando menos, declaraciones y propuestas en relación a los acontecimientos -especialmente en materia de derechos humanos- de los últimos 30 años en Chile deberían respetar un marco mínimo de objetividad y, por cierto, de apego a la verdad de un conjunto de elementos documentados y probados judicial, testimonial e históricamente.
Ese debería ser un primer y elemental factor a considerar por quienes desean "contribuir" a la "reconciliación" y a "cerrar heridas del pasado".
Sin embargo, las declaraciones y propuestas de las últimas semanas de la derecha (sobre todo de la pinochetista Unión Demócrata Independiente -UDI-), de antiguos generales y oficiales del Ejército (que tuvieron importantes funciones durante la dictadura), incumplen con esa marco de objetividad y veracidad histórica. Ya ni siquiera se trata de estar en acuerdo o desacuerdo con sus posiciones, sino de que en sus escritos y declaraciones hacen omisiones, parcializaciones, tergiversaciones y engaños que, de partida, le restan seriedad y credibilidad a sus planteamientos.
Hay cuestiones de la historia reciente de Chile que exigen, cuando menos, un nivel se seriedad y vergüenza.
De lo contrario, se actúa con cinismo, con procacidad, sin escrúpulos y así, evidentemente, no se puede construir ninguna propuesta conciliatoria y mucho menos que apunte a principios de "verdad y justicia" y de proyección sana hacia el futuro.
Es más, en las declaraciones y propuestas de la UDI y de antiguos militares, persiste el lenguaje confrontacional, odioso y descalificador, como el de tratar de "mentes desquiciadas" a las chilenas y chilenos que se identifican con la izquierda, o pretender un "régimen totalitario como el de Cuba" al gobierno de Salvador Allende. Esas palabras dichas hoy, son las que enunció la derecha en los años sesenta, setenta y ochenta para justificar acciones desestabilizadoras, golpistas y represivas. Es decir, ni siquiera abandonando su lenguaje agresivo y "de guerra", pretenden establecer criterios de reconciliación y de cierre de heridas en Chile.
Saltándose incluso olímpicamente hechos recientes pretendiendo colocar más cortinas de humo a la historia verdadera. Fue el caso de la declaración de un grupo de exgenerales del Ejército, todos ellos antiguos y estrechos colaboradores de Augusto Pinochet, quienes dicen no querer "desvirtuar la historia" ni aceptar "verdades a medias". Pero en el mismo párrafo del documento emitido por este grupo de exjerarcas militares, indican que "reafirmamos el compromiso activo con la declaración de la mesa de diálogo" sobre derechos humanos en la que participaron el gobierno, las Fuerzas Armadas y representantes de otros sectores de la sociedad.
Pues bien. Estos exgenerales omiten, olvidan, esconden, que hace unos meses tuvo que renunciar el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, porque altos oficiales de su rama ocultaron antecedentes y desinformaron a la Mesa de Diálogo, protegiendo a criminales y violadores de derechos humanos. Omiten y ocultan que se demostró judicialmente y por parte de abogados y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos irregularidades y falsas informaciones sobre el destino de las víctimas, que fueron entregadas por el Ejército a esa Mesa de Diálogo. O sea, por actuaciones violatorias de la ley y contrarias al espíritu de esa mesa por parte de uniformados, esa instancia quedó desacredita. Eso ocurrió hace unos meses, no en 1973.
De esta falta de coherencia de las pretensiones con la realidad, la pinochetista Unión Demócrata Independiente es hasta ahora el mejor ejemplo en este arco de la derecha política y militar. De partida, la UDI no tiene inconveniente en omitir en su propuesta sobre derechos humanos cualquier referencia a que muchos de sus senadores, diputados, alcaldes y funcionarios fueron parte del régimen militar con altas responsabilidades, es decir, no pueden mirar desde la tribuna a la dictadura que "cometió excesos". Por mencionar a algunos, son los casos del senador UDI Sergio Fernández que fue en dos periodos Ministro del Interior de la dictadura; el senador Jovino Novoa que fue Subsecretario de Gobierno de la dictadura; el senador Carlos Bombal, colaborador de organismos de Inteligencia de la dictadura, acusado de complicidad en la detención y desaparición del profesor Alejandro Ávalos de la Universidad Católica; el presidente de la UDI, Pablo Longueria, dirigente universitario del pinochetismo durante la dictadura y colaborador del área de organismos civiles de la dictadura y que dentro de la propia derecha fue bautizado, por sus inclinaciones autoritarias, como "Pungueira".
En la primera parte de su documento la UDI hace referencia a episodios anecdóticos de la historia de Chile que demostrarían la capacidad de los chilenos de "cerrar heridas". Son hechos muy puntuales de la presidencia de Montt o vinculados a un pariente de Balmaceda. Obviamente, en un sentido seriamente histórico, cualquier antecedente en materia de violaciones a derechos humanos y civiles de los chilenos, no puede restringirse a hechos puntuales y anecdóticos y menos a borrar de un plumazo situaciones como el exterminio de los pueblos indígenas (principalmente mapuche) como política de Estado hace varios siglos cataloga incluso como "pacificación" del sur del país; las represiones a trabajadores y pobladores como la Matanza de la Escuela Santa María en Iquique y las ocurridas durante los gobiernos de Alessandri y Eduardo Frei; la promulgación de una "ley maldita" que mandó a prisión, a campos de concentración y al exilio a miles de comunistas y gente de izquierda durante el gobierno de González Videla; las históricas alianzas de la aristocracia, los latifundistas y conservadores de Chile con regímenes ingleses y estadounidenses para frenar y reprimir demandas y derechos sociales de trabajadores, campesinos, estudiantes y mujeres de Chile; la decena de asonadas militares que tiene Chile en su historia, la inmensa mayoría destinada a reprimir y descuartizar proyectos progresistas y populares. Todo lo anterior está en la vida histórica del país, de su pueblo y una prolongación de ello se repitió en el contexto del gobierno de Salvador Allende y del golpe militar de 1973. La UDI lo omite.
Luego la UDI habla de un ambiente de "profunda convulsión social" y de "confrontaciones fratricidas" durante el gobierno de la Unidad Popular y señala como antecedentes de ello documentos del Partido Socialista y del Partido Demócrata Cristiano. No menciona para nada al Partido Nacional, al grupo "Patria y Libertad" ni mucho menos a los "Comandos Rolando Matus", entre otras agrupaciones de derecha que fueron parte activa y protagónica de todos los sucesos políticos durante el gobierno de la UP, entre ellos, atentados, sabotajes, tomas de universidades, cierre de carreteras, etc. Es un omisión que falta a la verdad. Por lo demás, lo de fratricida podría aplicarse más que nada a militantes de derecha, acusados formal y procesalmente ante el Poder Judicial, por los asesinatos de un Comandante en Jefe y de un Edecán Naval, quienes fueron indultados más tarde por Pinochet.
Hay una frase en el documento de la UDI que tácitamente explica el real objetivo. Sacar a los militares y carabineros de este embrollo de los derechos humanos. Según la UDI, los 4 mil ejecutados y desaparecidos, los miles de torturados, exiliados, despedidos de sus trabajos, hostigados y reprimidos, "no afecta la legitimidad intrínseca del paso que dieron las Fuerzas Armadas y de Orden" al dar el golpe de Estado y perpetuar una dictadura por 17 años.
Todo esto parece ser un asunto que no tendrá fin. En un ejemplo de síntesis de lo que fueron y son los militares, el exoficial Miguel Krassnoff, arrestado y procesado por casi medio centenar de casos de ejecuciones y desapariciones, reconocido y acusado por decenas de personas torturadas, entre ellas la actual Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, se autoproclamó en una entrevista periodística como un simple "analista" que no hacía interrogatorios sino "entrevistas". Reconocido y afamado represor que fue condecorado por Pinochet por sus actos represivos que incluyeron dirigir el contingente que mató a Miguel Enríquez, el Secretario General del MIR, Krassnoff dice que él ignoraba que durante el periodo militar hubo ejecutados y desaparecidos.
Sin embargo, aclara la posibilidad de que los asesinatos y desapariciones "en algún momento dado, fuera necesario hacerlo" y asegura que la DINA (la policía represiva creada por Pincohet) "en absoluto" queda en la historia como organización criminal. Krassnoff, al responder a una pregunta de índole familiar, expresa su visión de un sector de la sociedad chilena, al calificar de "mentes desquiciadas" a las chilenas y chilenos que "profesan filosofías relacionadas con el marxismo". Lo de siempre para la derecha y los militares: ser de izquierda es ser desquiciados. Y punto.
Es indiscutible que en todos estos casos -hay muchísimos más, como aquellos exuniformados o en activo que dicen, en privado, y el gobierno lo sabe, que "los hubiéramos matados a todos"- hay una enorme dosis de cinismo como método, en el estricto apego al término. Pero sobre todo, se constata un diseño mental, político e ideológico que inunda a la derecha y a los uniformados con lo cual se desmiente documentadamente que pretendan una "reconciliación" o "cerrar heridas". Más bien parecen destinados a seguir defendiendo "intrínsecamente" el Golpe de 1973, a la dictadura y su proyecto conservador.
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