Sara Larraín
Rebelión
La salida de Vivian Blanlot de la CNE es un signo más de los desaciertos del gobierno en materia de política energética. La conducción del sector por Rodríguez Grossi significa más de lo mismo: mantener el sector energético como un club privado cerrado y empeorar la vulnerabilidad energética del país.

Nuestro país no sólo es vulnerable y frágil por depender mayoritariamente 66% de combustibles fósiles importados, sino porque su subsector eléctrico dependiente de hidroelectricidad y gas natural ha mostrado falta de seguridad por razones climáticas y de abastecimiento que ha provocado graves incertidumbres y racionamientos ante cualquier cambio en variar la realidad Argentina de donde proviene el gas o las condiciones climáticas para llenar las grandes represa hidroeléctricas. Sin embargo Chile continúa obsesionado con la misma política y el casi monopólico sector empresarial que domina el rubro también constituye un obstáculo para los cambios.

La Ley Corta y la Ley Larga actualmente en discusión en el Congreso -y por las cuales se confrontaron Rodríguez y Blanlot- expresan crudamente nuestra vulnerabilidad: el sector privado no reactivará las inversiones en generación y transmisión eléctrica, sin mecanismos legales para un mayor lucro.

La energía constituye un componente fundamental en toda estrategia de desarrollo. Chile debe concretar una estrategia país al respecto. Avanzar hacia la seguridad energética nacional implica diversificar las fuentes de energía; reducir la dependencia; incorporar en los precios las externalidades; diversificar los actores empresariales que dominan el sector y fortalecer una política e institucionalidad pública.

Dos desafíos se requiere enfrentar urgentemente: disminuir la intensidad energética y diversificar las fuentes.

Hoy día el sector eléctrico crece a tasas mayores que el PIB, lo que significa que nuestra economía es ineficiente en términos energéticos, pues consume gran cantidad de energía por unidad de producto. Si se aplicara una política de eficiencia energética en el sector industrial, comercial y residencial, nuestro país podría ahorrar, según especialistas de la Universidad de Chile, 23.000 gigawatts/hora/año, lo que agregaría competitividad a la producción nacional y disminuiría la presión para nuevas obras, las que según la CNE son 10 térmicas a gas y una hidroeléctrica, además de la conexión del Sistema Interconectado Central y el del Norte Grande.

Simultáneamente el país debe incorporar nuevas fuentes para reducir la dependencia excesiva de petróleo y gas natural importado, y la vulnerabilidad de su matriz poco diversa. Por ello es fundamental que el estado establezca una política proactiva y un marco jurídico para el uso de las energías renovables no convencionales, las que en Chile son abundantes.

Las prioridades en esta línea son la exploración y uso de la geotermia, especialmente en sus yacimientos del Tatio y Calabozo, I y VII Región respectivamente. Países de la región como Costa Rica, tiene gran abastecimiento de esta fuente. El potencial de Chile en energía eólica también es extraordinario como lo demuestran la central de Edelaysen en la XI Región y el proyecto de Codelco en el norte.

A estas 2 fuentes se suman la solar en el norte y la micro- hidro en el sur, las cuales sólo han sido utilizadas para electrificación de zonas aisladas y la biomasa de desechos, cuyo uso han iniciado tímidamente las empresas forestales para cogeneración en el sur, pero la cual se pierde el caso del gas metano generado por los rellenos sanitarios de la basura de Santiago.

El aprovechamiento de todas estas fuentes además es un aporte a la eficiencia de procesos y a la producción limpia en las que el Ministerio de Economía dice estar empeñado.

Pero en las actuales discusiones sobre el sector eléctrico en Chile no se incorporan estos desafíos. El estrecho lente del gobierno esta obsesionado en perpetuar más de lo mismo y con los mismos socios.
Sara Larraín
Directora Programa Chile Sustentable