Basílio Abramo
La Verdad Obrera
San Pablo.- El 8 de julio, por primera vez en seis meses del gobierno de Lula, los trabajadores públicos federales iniciaron una huelga nacional, que está llamada por tiempo indeterminado, contra el proyecto de reformas al sistema de jubilaciones.

Más del 45% del casi un millón de empleados públicos de la Unión se expresaron en el primer día. En las principales ciudades como Río de Janeiro y Salvador la adhesión llegó al 95%, en Recife 70%, en San Pablo, Fortaleza y Brasilia al 50%, en Belén y Porto Alegre al 60%. En el segundo día la huelga alcanzó el 50%, manteniéndose en este nivel al finalizar la semana. Para el día 15 prometen sumarse los trabajadores públicos estaduales y municipales.

Todo esto tiene el mérito de haberse logrado a pesar del boicot abierto de la CUT, el PT y el PCdoB. Al cierre de este artículo no sabemos el desenlace final, pero mientras la huelga está en curso se prepara una gran marcha a Brasilia para el 20 de agosto. Frente a este movimiento, y por el conflicto con el Poder Judicial entre otros factores, el gobierno comenzó a retroceder en la propuesta de enmienda inicial.

La huelga se da en un marco en que los analistas definen como los primeros señales de desgaste del gobierno de Lula, y donde el "Palacio del Planalto pasa a ser dominado por una agenda de crisis." Y no es para menos. La sumisión a los planes del FMI y el alineamiento con los Estados Unidos, aplicando las medidas monetaristas, ha desarrollado, además de las huelgas, conflictos en su propia base aliada. Las alas de izquierda del PT y hasta de sectores de la burguesía protestan por las medidas fiscalistas. Pero también, desde el punto de vista de los trabajadores, las luchas de los campesinos sin tierra se han recrudecido en el último período aumentando las ocupaciones en 147% solo en el primer semestre, y por su contraparte los estancieros organizan sus guardias blancas con armamento de uso exclusivo del ejército. En este cuadro está marcada la importancia de la lucha de los trabajadores públicos. Ya algunos periodistas comienzan a comparar al gobierno de Lula con los primeros meses de De La Rua, que por reclinarse con el imperialismo terminó enfrentándose con el movimiento de masas.

La contrareforma de los banqueros

El gobierno considera "indispensable" la reforma del sistema de previsión social como parte de la reducción del déficit público. Por eso se trata del primer ataque en forma más directa, cuyo principal objetivo es garantizar los recursos para el pago de la deuda pública y destinar la recaudación obligatoria de los trabajadores públicos y privados para los cofres de los bancos, que rezan hace años por conseguir el control especulativo sobre cerca de 70 mil millones de reales. Para justificarlo el gobierno habla de los "privilegios" de los empleados públicos, cuando en la verdad apenas el 2% de los "servidores públicos" -la alta cúpula de los Ministerios, Tribunales, Legislativo, Gobiernos- absorben más de la mitad de los recursos pago de las jubilaciones, siendo éstos, los verdaderos privilegiados. Si el gobierno quisiera eliminar estos privilegios bastaría una simple ley: que todos los altos funcionarios políticos del ejecutivo, legislativo y judicial ganen el salario medio de un trabajador y se jubilen con el mismo valor medio. Pero de esto Lula no quiere ni oír una palabra, prefiere atacar a la gran masa de trabajadores que ya sufren con los altos costos de vida y salarios miserables.

Este ataque se produce encima de un enorme aumento de los precios a los consumidores registrado en el año pasado e inicios del 2003, a pesar de índices que indican deflación, en el medio de una brutal recesión, desempleo y reducciones salariales. El "espectáculo del crecimiento" prometido por Lula no pasa de una previsión del 1,6%. Es que al final, la recesión y la escasez de la renta es lo que explican la deflación registrada en el último mes; y recesión y bajos salarios no son sentidos por el pueblo como conquistas. Mientras esto acontece el gobierno continúa empujando la economía a una recesión más profunda, en función de continuar patrocinando la transferencia de la renta del pueblo para los bancos y los grandes rentistas.

El boicot de la dirección de la CUT

Pero el gobierno no está solo en estos ataques. Está acompañado por la transformación de la CUT en su brazo sindical. La conducción de la central aprueba las reformas de Lula, aunque con ciertos discursos cosméticos, y boicotea cualquier lucha de los trabajadores. Frente a la actual huelga nacional el papel de esta central es descarado: una política activa para suspenderla allí donde puede. Para esto la burocracia sindical recorre a todo tipo de maniobras. Pero a estas direcciones les está siendo difícil descomprimir el descontento de importantes sectores del movimiento de masas, y es lo que se expresa tanto las manifestaciones que se vienen desarrollando desde el 11 de junio, como la actual huelga nacional, pues no existen condiciones para seguir soportando el continuo aumento del costo de vida, de la pérdida de salarios y de los ataques patronales a los derechos laborales. Estas luchas demuestran que a pesar de que Lula cuenta con el apoyo de la dirección de la CUT, además de los carneros de la Central Fuerza Sindical y otras centrales, no tiene el camino libre para imponer sus medidas antipopulares.

Señales de retroceso parciales

Tanto por la huelga como también por la presión del Supremo Tribunal Federal (la Corte Suprema de Brasil) el gobierno da señales de retroceder. Así, desde el martes 8 de julio un nuevo acuerdo entre el gobierno, el Poder Judicial y la oposición (PSDB y PFL), parece modificar la propuesta inicial de la reforma que había sido enviada el pasado 30 de abril al Congreso. Después de más de seis horas de reunión, se discute mantener la jubilación integral, la paridad de los aumentos salariales para trabajadores en la activa y los jubilados. Dos aspectos importantes de los actuales derechos adquiridos. Pero manteniéndose la tasación de los jubilados en 11%, aumento de la edad par jubilarse (de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres), 35 años de contribución, entre otros cambios fundamentales a como se mantiene hasta hoy. Pero estas concesiones no desactiva la idea principal del ataque, ya que la idea principal, está en el impacto financiero que es compensado por el aumento de tiempo de trabajo y de contribución, pues la fórmula continúa manteniendo el aumento de la edad mínima. Aunque para algunos analistas "el retroceso del gobierno es más grave de lo que parece. Denota un cierto temor en no tener los votos necesarios en el Congreso para aprobar algo que los propios integrantes de la cúpula consideran vital para el país. Si hoy, con cerca del 70% de aprobación, Lula teme no tener apoyo en el Congreso, ¿qué pensar de los 3 años y medio que restan de su gobierno?"(Folha on line, 10/07/03)

Aunque la huelga de los empleados públicos ha ejercido su debida presión en los nuevos cambios propuestos, también tiene gran peso la fuertísima presión del Supremo Tribunal Federal, que como afirmó uno de sus máximos representantes, Mauricio Correa: "en el inestable escenario internacional, sería nocivo pasar al mundo la idea de enfrentamiento entre los tres poderes de la nación". Y como concluyó otro analista, "no vale la pena enfrentar al Poder Judicial"(Revista on line Primeira Leitura, 08/07/03). Evidentemente, esta alta casta burocrática, no actúa en beneficio de los trabajadores, sino que lo que desean es continuar manteniendo sus altos privilegios de salarios de más de 20 mil reales y mantener sus jubilaciones altísimas. A pesar de todo esto, el retroceso del gobierno ha sido visto por los trabajadores como producto de los primeros días de la huelga, lo que es verdad, y puede servir de munición para reforzar la lucha.

Por un Comité Nacional de Huelga

Los trabajadores públicos necesitan de la mayor unión para superar el boicot abierto de la dirección de la CUT y que la huelga crezca del porcentaje actual hasta la mayoría de los estatales para triunfar. Al mismo tiempo, contra los infames ataques gubernamentales de que los huelguistas son "privilegiados" se deben tomar las reivindicaciones comunes a todos los trabajadores urbanos y de los campesinos sin tierras. Esto podría hacerse mediante asambleas abiertas para que el mayor número posible de trabajadores y empleados participen y definan los pasos a seguir, y que los empleados públicos exijan de sus direcciones sindicales la formación de un Comité Nacional de Huelga de todo el sector público, con delegados electos directamente en sus locales de trabajo, que llame a la dirección de la CUT a romper con la política de los banqueros. Ese nuevo organismo es necesario para discutir y aprobar un programa de reivindicaciones que unifique y coordine la lucha para terminar con las reformas del gobierno, en defensa de los salarios, el empleo y apoyar las ocupaciones de tierra de los campesinos.

13/7/2003