Una de las principales promesas de Lula cuando competía por la presidencia, la emblemática reforma agraria que apoya la inmensa mayoría de la población, aún no levantó vuelo.

El documento de la campaña electoral del PT aseguraba que la reforma agraria era su "prioridad estratégica". Para el candidato Luiz Inacio Lula da Silva, se trataba de implementar una reforma agraria amplia y de mejor calidad que la que había puesto en marcha el expresidente Fernando Henrique Cardoso. La importancia del tema no es menor: desde 1967, un tercio de siglo, la concentración de la tierra en Brasil se mantiene en los mismos niveles, lo que enseña las enormes dificultades para superar la desigualdad en el acceso a un bien esencial, del cual depende la superación del hambre que sufren unos 40 millones de brasileños.

Según el índice Gini, entre 1967 y 1999 la concentración de la tierra osciló entre 0,831 y 0,854. Este índice, que varía entre cero y uno, puede medir tanto el grado de concentración de la tierra con el de la riqueza: si el índice fuera cero, todos los propietarios tendrían la misma cantidad de tierra; si fuera uno, un solo propietario concentraría toda la tierra disponible. La gravedad del dato, difundido por Folha de Sao Paulo el domingo 13, apunta a la resistencia de las estructuras latifundistas pese a los empeños de varios gobiernos en repartir tierras, y a las luchas de los campesinos sin tierra que desde hace más de una década han venido ocupando terrenos improductivos de forma sistemática.

El objetivo del gobierno Lula es producir una inflexión en esta larga historia. Sin embargo, y el hecho no deja de sorprender a todos los observadores, a casi siete meses de haber asumido la presidencia de Brasil, no existen siquiera planes concretos de reforma agraria.

Suma de dificultades

Al comienzo de este año, el presupuesto federal había asignado 462 millones de reales para la adquisición de tierras destinadas a la reforma agraria. De inmediato, el ajuste implementado por el gobierno petista, para equilibrar las cuentas fiscales, redujo esa asignación a sólo 249 millones de reales. Hace poco, la dirección del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), fue informada de que sólo podrá disponer de 162 millones de reales para compra de tierras a lo largo del año.

La expectativa de que en pocos meses fueran asentadas las 140 mil familias que están acampadas, la mayoría en forma muy precaria al costado de las carreteras- se vio rápidamente defraudada. Entre enero y junio el INCRA asentó apenas 9.500 familias, pero sólo 2.500 fueron asentadas por el gobierno petista, ya que el resto tenían lotes asignados desde 2002 por el gobierno anterior. Bernando Mançano Fernandes, geógrafo y asesor del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), señaló al Estado de Sao Paulo que "el gobierno ya debía tener pronto un plan" de reforma agraria, pero aseguró que hasta ahora "sólo existe una gran expectativa".

Una dificultad adicional a la falta de recursos económicos, es la fuerza política que mantienen los grandes propietarios, que se resume en una bancada de 110 "ruralistas" dispuesta a bloquear cualquier iniciativa reformista. A esa realidad omnipresente en el escenario político, debe sumarse la densa red de intereses tejida a lo largo de décadas por los hacendados, que incluye a las policías civil y militar de los estados, jueces locales y las bancadas afines de cada estado y sus respectivos municipios. Cuando, como ahora, los hacendados optan por la resistencia armada, creando guardias blancas y contratando empresas de seguridad para mantener a raya a los posibles ocupantes, se ponen en movimiento las redes de intereses para proteger el latifundio. Al parecer, el gobierno de Lula busca eludir la confrontación armada con los hacendados, algo que parece improbable dada la larga historia de violencias que sacude al campo brasileño cada poco tiempo.

Lo cierto, es que ante la suma de dificultades económicas y políticas el gobierno petista optó por la prudencia. Más aún cuando la reforma previsional está a punto de fracasar y el gabinete realiza esfuerzos desesperados por mantenerla en pie, aún a costa de serias concesiones. En esta materia, Lula no puede permitirse un fracaso que podría su gestión a la defensiva. En paralelo, enfrenta la huelga de los empleados públicos de la Unión, que arrancó el 8 de julio con un acatamiento elevado, cercano al 50 por ciento, pese al boicot de la central oficialista CUT. Los estatales piden la propuesta oficial que establece un techo a las jubilaciones y aumenta en siete años la edad para jubilarse.

Esperando el segundo semestre

La primera entrevista concedida por Joao Pedro Stédile, máximo dirigente del MST, luego de la audiencia mantenida por el movimiento con Lula y varios ministros en Planalto, es muy optimista. Stédile declaró a Brasil de Fato que la reunión "permitió un balance conjunto de la oportunidad histórica que tenemos para implantar la reforma agraria" y aseguró que "existe una correlación de fuerzas favorable para derrotar al latifundio atrasado".

Según el dirigente sin tierra, el gobierno está dispuesta "a priorizar la reforma agraria en el segundo semestre, haciendo inclusive una autocrítica de que en estos primeros seis meses apenas se preocupó de la política agrícola (planes para las zafras) y poner la casa en orden". El MST aspira a una reforma agraria "masiva" para atender las necesidades de los millones de pobres del campo, vinculada a la agroindustria, con asistencia técnica y educación en el medio rural. El objetivo del movimiento es promover un cambio radical desde el "agronegocio", que prioriza los cultivos de exportación, hacia un nuevo modelo "que priorice la producción de alimentos, el mercado interno, la generación de empleo y la distribución de la renta".

Sin embargo, Lula se negó durante la reunión a comprometerse en contra de los transgénicos, pese a que admitió que el 90 por ciento de su gobierno y él mismo, están en contra. Según Stédile, Lula dijo que "el tema es más complejo y polémico, y que el gobierno necesita consultar a la sociedad y a la comunidad científica, para que la nueva legislación sea adecuada a la realidad".

Es en torno a este tipo de argumentos, análisis y posicionamientos, donde surgen dudas legítimas acerca de la estrategia por la que ha optado el PT en el gobierno. La primera duda está relacionada con las prioridades: el gobierno de Lula denomina "poner la casa en orden" al hecho de conseguir fondos para pagar los 35.000 millones de dólares que debe abonar este año a los organismos financieros internacionales, aún a costa de no poder poner en marcha el plan Hambre Cero. O de imponer un ajuste que tuvo resultados superiores a los esperados incluso por el FMI, pero que provocó una recesión que aleja las posibilidades de cumplir las metas sociales.

La segunda duda tiene que ver con el discurso o, mejor dicho, con la forma de tratar a la población y a sus propios votantes. El gobierno petista no habla claro, no explica cuáles son sus planes concretos, no dice si las decisiones de gobierno son límites impuestas por sus aliados o son el fruto de debates de la dirección del PT. El amplio apoyo que cosechó Lula durante los primeros meses de su gestión comienza a erosionarse, a medida que los tiempos de "gracia" se agotan.

La prisión de Rainha

En este contexto, el encarcelamiento del líder histórico del MST, José Rainha, es un mal síntoma. La prisión preventiva de Rainha y de otro dirigente sin tierra, decretadas por el juez de Teodoro Sampaio, al oeste de San Pablo, se basa en hechos sucedidos en junio de 2000, cuando el movimiento ocupó una hacienda en la región paulista del Pontal de Paranapanema.

Para el MST se trata de una "provocación" que busca disparar la ya de por sí elevada conflictividad en la región. En todo caso, pone al descubierto la mencionada red de intereses entre los hacendados, la justicia y los cuerpos represivos. La criminalización del MST ha sido una de las formas encontradas por las elites rurales para combatir la reforma agraria.

Ante este panorama harán falta mucho más que buenas intenciones para implementar la reforma agraria. Sobre todo, porque no se trata sólo de asentar familias. El gobierno de Cardoso asentó unas 330.000 familias entre 1995 y 2001, pero no consiguió invertir la tendencia histórica hacia la concentración de la tierra y de la riqueza. Para ello, haría falta que se combinaran la capacidad de movilización de los campesinos sin tierra y la firme decisión política del gobierno de conseguir tierras. La primera condición está de sobra demostrada, a lo largo de los últimos quince años. La segunda lleva seis meses en el congelador, de donde no saldrá con gestos simpáticos como colocarse el gorro rojo de los sin tierra para posar ante las cámaras.