El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, entró hoy en su segundo día de huelga de hambre junto a otros 10 dirigentes agrarios, en la capital boliviana. Los ayunadores demandan atención gubernamental a decenas de compromisos que el Gobierno, aseguran, prometió cumplir meses atrás, en negociaciones de distensión con la central campesina. Quispe confirmó para el lunes próximo el inicio de un bloqueo de carreteras para presionar al Ejecutivo a atender los reclamos presentados, y dijo que en los mismos se aplicará el Plan Pulga, consistente en movilizar numerosos labriegos para cerrar las vías con piedras y troncos, burlando la vigilancia policial o militar.
Por su parte el dirigente de la región central Alejo Véliz, confirmó que sus bases participarán en la protesta que se avecina. El ministro de Gobierno, Yerko Kukoch, reconoció la capacidad de movilización de Quispe, en particular en la región andina de La Paz, aunque alentó la posibilidad de evitar el bloqueo mediante conversaciones con la CSUTCB. La huelga de hambre y el cierre vial anunciado tienen entre sus objetivos rechazar la entrada de Bolivia al proyecto norteamericano del Area de Libre Comercio de las Américas y el proyecto transnacional, apoyado por el Gobierno, de exportar gas natural a Norteamérica por las costas de Chile, ruta rechazada por la mayoría de la población. La Federación de Empresarios Privados de La Paz llamó al Gobierno a tomar medidas para evitar el bloqueo, una medida que ha jaqueado a las administraciones gubernamentales en años anteriores.
De otro lado, dirigentes de campesinos pobres anunciaron próximas ocupaciones de predios en cinco puntos del país, tras el desalojo del fundo San Cayetano, de un empresario brasileño, en la oriental región de Santa Cruz. Centenares de labriegos pobres que ocuparon tierras de esa hacienda fueron desalojados ayer por numerosos policías que en la operación usaron gases lacrimógenos y detuvieron a unos 150 campesinos. El incidente se registró pese a un compromiso entre el Gobierno y el Movimiento de Campesinos sin Tierra (MST) para cesar las tomas a cambio del compromiso oficial de acelerar el proceso de entrega de más de 600 mil hectáreas ofrecidas por el Ejecutivo a los campesinos necesitados. El ministro Kukoch anunció juicios contra quienes incitan las tomas de fundos, y sostuvo que se trata de elementos ajenos al MST, miembros de organizaciones no gubernamentales y del opositor Motimiento al Socialismo (MAS).
El MAS tiene su principal base social en la región central productora de hoja de coca de El Chapare, donde el campesinado advirtió por su parte que bloqueará la estratégica carretera centro-oriente (escenario de decenas de muertes en disturbios) si el Gobierno no accede a su demanda de suspender la erradicación de cocales de la zona. El líder del MAS y los cocaleros alejó la posibilidad de una acción conjunta con la confederación campesina, al poner en duda que esta cumpla con el bloqueo anunciado y revalidar diferencias con Quispe y Véliz.
(RED ECO - Fuente: Prensa Latina)