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Bolivia Indymedia
El día de hoy fueron desalojados violentamente más de 350 de nuestros compañeros sin tierra, 150 de los cuales fueron ilegalmente detenidos, cuando ocupaban pacíficamente unas tierras fiscales en la Provincia Obispo Santistevan, , reclamadas ilegalmente por el ciudadano brasilero Francisco Marchett bajo el nombre de "San Cayetano". La extensión total de las tierras que esta persona pretende acaparar suman un total de 13.500 has.

A partir de la revisión que hicimos el día de hoy de la carpeta de saneamiento del supuesto predio "San Cayetano", pudimos constatar que el INRA está intentando consolidarlo ilegalmente mediante la alteración de documentos e insertando datos que no corresponden a la realidad. Las fichas catastrales han sido alteradas para aumentar la cantidad de ganado verificado en el lugar y la extensión de las áreas supuestamente trabajadas para justificar su consolidación total, siendo que en terreno ninguna constancia de mejoras, prueba de ello además es que no cursan en la carpeta ninguna foto de casas o el ganado que dicen tener en cantidad de más de 800 cabezas.

Nos indigna ver la impresionante rapidez y eficiencia del INRA San Cruz para este caso. En un solo día, el 14 de julio, fue presentada la denuncia de San Cayetano, el Director Departamental del INRA solicitó informes a su asesor jurídico y a la Unidad de SAN SIM, se emitieron ambos informes, se dispuso la Inspección Ocular, que se la realiza el mismo día 14, viajando a la propiedad por vía aérea, y se intima a los campesinos al desalojo, todo esto en un solo día. Dos días después, el día 16 de julio, el Director del INRA emite el informe del estado legal del proceso de saneamiento y requiere el uso de la fuerza policial para el desalojo de los campesinos. Hoy 17 de julio de 2003, a horas 11:30 a.m. tropas de la policía se hacen presente en el predio con el Fiscal, el Ministro de Gobierno, el Prefecto del Departamento y el Comandante de Policía, ejecutan el desalojo con la gasificación de los más de 350 compañeros y la detención de más de 150.

Por su puesto no vemos esta celeridad para casos como el de la Cooperativa La Unidad en la TCO Monte Verde, que siendo ilegal y no teniendo trabajos para justificar la propiedad de 15.000 has, durante los años 2001 y 2002 arrasaron más de 800 has. de bosque e ingresaron más de 500 cabezas de ganado contra expresa prohibición de la Superintendencia Forestal, provocado daños ambientales irreversibles en el territorio chiquitano. Por el contrario, ante nuestras denuncias, el Director Departamental INRA, Fernando Cuellar, se excusó con una carta de todas las denuncias por no tener competencia en el tema y peor aún, nos conminó a que no "amenacemos" a los propietarios antes de que termine el saneamiento, puesto que nuestros derechos serían, según él, "espectaticios", apoyando con ello la invasión ilegal de tierras por parte de latifundistas.

A los terratenientes e ilegales en la ocupación de tierras, el Gobierno no les aplica las sanciones dispuestas por la Ley. En el caso de la Cooperativa La Unidad en la TCO Monte Verde y de varias propiedades en la TCO Lomerío, no se ejecutan las órdenes de desalojo de la Superintendencia Forestal y del INRA. Se cometen abiertas irregularidades para favorecer la consolidación de ocupaciones ilegales como el de Arubaí en cuyo proceso el INRA ha aceptado como prueba de cumplimiento de Función Económico Social una declaratoria de Reserva Privada emitida por la Superintendencia Forestal.

La Constitución Política y la Ley INRA no reconocen y prohíben expresamente el latifundio improductivo y ordenan a las autoridades agrarias revertir las tierras que no cumplen la Función Económico Social y las que han sido adquiridas mediante fraude. En lugar de cumplir con estas finalidades, el saneamiento está siendo utilizado para legalizar los fraudes agrarios existentes y consolidar latifundios improductivos a favor de personas del entorno de los poderes públicos.

Los campesinos, que de acuerdo con la CPE tienen derecho a la dotación de tierras, no han sido beneficiados hasta el presente por el proceso de saneamiento y, por el contrario, las reclamaciones de tierras son aplazadas indefinidamente hasta la identificación de "tierras fiscales disponibles", las cuales no pueden ser identificadas por la forma prebendaria y corrupta en que se ejecuta el proceso de saneamiento. Es así que a casi 7 años de aprobada la Ley INRA, en el Departamento de Santa Cruz sólo se han dotado 270 has. campesinas en la Provincia de Ichilo.

Aún siendo pobres, los campesinos e indígenas con y sin tierra, hemos sido respetuosos de la Ley y durante años hemos exigido con movilizaciones su aplicación estricta e imparcial. Pero está probado que el saneamiento no identifica tierras fiscales porque legaliza grandes propiedades improductivas e ilegales, y el INRA dispone procedimientos especiales para identificar tierras sólo para concesionarios pero no para dotación. Paralelamente se impide la participación de los campesinos en los procesos de saneamiento iniciados por el INRA en grandes propiedades, para impedir que exista vigilancia social sobre los procesos que ejecuta el INRA.

Es por esto que, considerando que la Constitución garantiza la propiedad privada pero condena el latifundio, los campesinos sin tierra han iniciado la ocupación de tierras ociosas, que por disposición de la propia Constitución Política del Estado y de la Ley INRA deben ser revertidos para su redistribución, el Gobierno de inmediato moviliza Ministros, Prefecto, Fiscal y grandes contingentes de la policía para su desalojo.

Los indígenas, campesinos y campesinos sin tierra de Santa Cruz, indignados por la actuación prebendaria y corrupta de las autoridades gubernamentales y del INRA frente a la distribución de la propiedad agraria en el Departamento y en el resto del país:

DENUNCIAMOS

1. Al Ministro de Gobierno Yerko Kucoc, al Prefecto del Departamento, al Director Departamental del INRA, Fernando Cuéllar y al Comandante de la Policía Departamental, por los atropellos y violaciones a los derechos humanos de los más de 350 campesinos sin tierra que ocupaban pacíficamente un latifundio improductivo.

2. Al INRA por sus actuaciones corruptas dirigidas a favorecer la concentración de la propiedad agraria en el Departamento y por los fraudes registrados en el saneamiento de las propiedades San Cayetano y Arubaí.

3. Al Prefecto del Departamento, Mario Justiniano, y al Comandante de la Policía Coronel Rolando Fernández, por proteger a delincuentes que ilegalmente ocupan el territorio indígena chiquitano de Monte Verde y negarse a disponer medidas de protección a los dirigentes indígenas amenazados por personas armadas que encubren las autoridades locales y departamentales.

EXIGIMOS

1. La liberación inmediata de los más de 150 campesinos sin tierra detenidos arbitrariamente en el operativo realizado en la mañana del día de hoy.

2. La ejecución inmediata de las resoluciones de desalojo emitidas por el INRA en el proceso de saneamiento de la TCO Lomerío y del ganado ingresado ilegalmente a la TCO Monte Verde.

3. Una inmediata revisión pública y completa de los procesos de saneamiento que ejecuta el INRA en el Departamento de Santa Cruz.

4. Disponer la información pública de los trámites de saneamiento en propiedades particulares y la participación de las organizaciones indígenas y campesinas en los mismos para garantizar transparencia y cumplimiento de la legalidad vigente.

CONVOCAMOS

A los campesinos de Santa Cruz y del país a la movilización y a proseguir la ocupación legítima de latifundios improductivos y de tierras ocupadas ilegalmente por los traficantes de tierras.

A las instituciones públicas y privadas relacionadas con la problemática agraria a conformar junto con nuestras organizaciones indígenas, campesinas, mujeres campesinas y campesinos sin tierra, una Comisión de Vigilancia de la legalidad y los derechos humanos en los conflictos de tierras en el Departamento.

Santa Cruz de la Sierra, 17 de julio de 2003
Organizaciones sociales bolivianas