LA REPUBLICA

El 27 de junio de 1973, pocas horas después de anunciarse la disolución de las cámaras, los trabajadores de todo el país detuvieron sus actividades, iniciando una huelga general que se transformó en una de las más heroicas expresiones de resistencia colectiva contra la dictadura cívico militar. Ni la cárcel, la tortura y la compulsiva clandestinidad pudieron detener esa marejada de voluntades que mantuvo las medidas hasta el límite de sus fuerzas.
La histórica movilización comprendió ocupaciones de locales de trabajo, asambleas y fuertes declaraciones de repudio a la dictadura.
El 28 de junio, en una carta remitida al ministro del Interior coronel Néstor Bolentini, la Convención Nacional de Trabajadores demandó al gobierno una definición concreta en torno a una plataforma de cinco puntos. En lo sustancial, el planteo de la central obrera exigía el restablecimiento de todas las libertades constitucionales, la plena vigencia de los derechos sindicales, la adopción de medidas económicas tendientes a reactivar el mercado de trabajos y mejorar el poder adquisitivo y la reactivación de las bandas fascistas que por entonces actuaban con absoluta impunidad.
Pocas horas después, la Asamblea General del Claustro Universitario reafirmó su apoyo a la huelga general y a la exigencia del restablecimiento de las libertades públicas concultadas por la naciente dictadura. Los estudiantes universitarios nucleados en la FEUU, fieles a su tradición combativa, iniciaron la ocupación de locales educativos en apoyo a la medida adoptada por todos los trabajadores del país.
La huelga recibió también el respaldo orgánico del Frente Amplio y de la mayoría del Partido Nacional, que se nucleó detrás de la figura del exiliado Wilson Ferreira Aldunate.
El 30 de junio, el ministro Bolentini, dirigiéndose a la población por cadena de radio y televisión, intimó a los trabajadores a deponer las medidas de lucha, para "asegurar el cumplimiento de los servicios fundamentales". En tono amenazante, advirtió que "este país tendrá orden y seguridad, cueste lo que cueste. No importa qué y cuánto cueste conseguirlo".
Ese mismo día, las incipientes posibilidades de entendimiento se esfumaron definitivamente, al disponerse la ilegalización de la CNT. La medida comprendió la clausura de locales, la prohibición de actos o manifestaciones, la detención de sus dirigentes y el sometimiento a la justicia militar de aquellos presuntamente "incursos en delitos".
Los fundamentos del decreto ­tan trasnochados como exasperantes­ acusaban a la central obrera de "promover y hacer la apología de la violencia, impulsando a los núcleos de trabajadores a ocupar los lugares de trabajo, impidiendo el normal cumplimiento de los servicios públicos, de los abastecimientos indispensables para la población, interrumpiendo el trabajo normal con deterioro de la economía nacional y grave perjuicio al patrimonio nacional".
El decreto del Poder Ejecutivo tipificó a la CNT el cargo de "asociación para delinquir", barriendo literalmente a la central obrera de la escena sindical y social del país.
En forma simultánea, en un operativo relámpago, las Fuerzas Armadas desalojaron la refinería de Ancap de La Teja, tomándola bajo su control y disponiendo la detención de los obreros ocupantes.
Asimismo, el gobierno formuló un enérgico emplazamiento al reintegro, a los trabajadores del transporte y la banca, dos de los sectores que ­por su particular incidencia en la actividad del país­ se habían transformado en un dolor de cabeza para el autoritarismo.
El 1º de julio ­mes de particular endurecimiento de la dictadura­ prosiguieron los operativos militares de desalojo de fábricas y oficinas ocupadas. En tanto, la banca privada emplazó al reintegro a sus empleados, con enérgicas amenazas de despidos masivos.
Recrudeció la ofensiva contra los medios de prensa, al anunciarse severas sanciones para las publicaciones que informaran sobre actos y manifestaciones contrarios que "puedan afectar la seguridad".